Los impuestos son robo

En Colombia, la palabra “impuesto” se pronuncia con la resignación de quien sabe que no tiene opción. Es un deber que no se discute, una carga que se asume como si fuera una ley natural. Se repite que pagar impuestos es “contribuir a la sociedad”, que “gracias a ellos se construye país”, que “sin ellos no habría Estado”. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre el origen ético de esa obligación, sobre la legitimidad moral que se le atribuye al Estado para apropiarse de una parte del fruto del trabajo ajeno. Y menos aún se cuestiona si ese acto, al que se le da una apariencia de legalidad, no es en esencia el mismo que cometemos cuando alguien nos quita algo por la fuerza.  

Desde la perspectiva de los derechos naturales —vida, libertad y propiedad— ningún poder político puede reclamar autoridad sobre aquello que el individuo crea o posee legítimamente. John Locke advertía que la propiedad es una extensión del propio ser, y que su protección es la razón de ser del gobierno, no su vulneración. No obstante, el Estado moderno ha invertido esa lógica: se erige como dueño y no como servidor, como árbitro que decide cuánto puede conservar cada ciudadano de su esfuerzo. En Colombia, esa inversión moral se ha normalizado hasta el punto en que cuestionar la legitimidad del impuesto es casi un sacrilegio político, una blasfemia contra el dogma del “contrato social”.

Pero ese contrato, que según Hobbes y Rousseau justificaba la cesión parcial de la libertad a cambio de protección, nunca fue firmado por nadie. Nadie en Colombia firmó un acuerdo voluntario con el Estado donde se aceptara entregar parte del ingreso bajo amenaza de sanción o cárcel. Es una ficción política útil para legitimar el poder coercitivo. Si el contrato social fuera realmente voluntario, bastaría con que un individuo se negara a participar para quedar exento de sus obligaciones, pero eso no ocurre. Quien se niega a pagar impuestos es castigado. Es decir, el contrato social se impone por la fuerza. En consecuencia, los impuestos, más que un pacto de convivencia, se asemejan a un tributo que se paga al poder para evitar el castigo. 

A esta justificación contractual se suma la defensa redistributiva, popularizada por pensadores como John Rawls, que sostiene que los impuestos son instrumentos de justicia social y que la desigualdad económica debe corregirse mediante transferencias de riqueza. En la teoría, suena compasivo. En la práctica, se traduce en un Estado que se atribuye el derecho de decidir quién tiene “demasiado” y quién “demasiado poco”. En Colombia, esa redistribución ha servido más como herramienta política que como mecanismo de justicia. Programas como las transferencias condicionadas o los subsidios de vivienda, aunque alivian temporalmente la pobreza, generan dependencia estructural y, sobre todo, se convierten en capital electoral. Lo que se presenta como solidaridad termina siendo un sistema de clientelismo financiado con el dinero de quienes sí producen. Bastiat lo resumía con precisión al afirmar que “el Estado es la gran ficción por la cual todos tratan de vivir a expensas de todos los demás”.

La defensa utilitarista, por su parte, afirma que los impuestos se justifican porque benefician al conjunto de la sociedad. Pero el “bien común” es un concepto tan maleable que termina sirviendo a cualquier propósito. En Colombia, cada nueva reforma tributaria se anuncia como una necesidad para financiar la salud, la educación o la seguridad; sin embargo, los resultados se disuelven entre la burocracia, la corrupción y la ineficiencia. En 2023, según la Contraloría General, el país perdió más de 12 billones de pesos en corrupción y sobrecostos en contratos estatales. ¿Qué sentido tiene hablar de bien común cuando el dinero de los contribuyentes se desvía sistemáticamente? La utilidad pública se convierte, en la práctica, en un argumento vacío para justificar el despojo legalizado.

En el fondo, el problema no es económico sino moral. Si la legitimidad de un acto se mide por la voluntariedad del consentimiento, entonces los impuestos no son legítimos. El ciudadano no paga porque quiere, paga porque lo obligan. Y la amenaza que sostiene esa obligación es la fuerza del Estado, la misma que un individuo no podría ejercer sin ser considerado delincuente. Murray Rothbard decía que “el Estado es la organización de la violencia institucionalizada”, y esa violencia se disfraza de deber cívico cuando el gobierno se apropia del producto del trabajo ajeno. El hecho de que la ley lo autorice no lo hace moralmente distinto del robo; lo hace, en todo caso, más eficiente y menos visible.

Los defensores del sistema dirán que sin impuestos no habría orden ni infraestructura ni servicios públicos. Pero confunden Estado con sociedad. El orden no nace de la imposición, sino de la cooperación voluntaria. En Colombia existen miles de ejemplos cotidianos de servicios que funcionan mejor sin intervención estatal: desde las redes de transporte informal que resuelven lo que el sistema público no cubre, hasta los acueductos comunitarios que gestionan de manera autónoma el agua en zonas rurales. Lo que demuestra que la organización social puede surgir sin coerción, a partir de incentivos y acuerdos libres. 

Mientras tanto, el Estado colombiano continúa ampliando su tamaño, incrementando impuestos bajo la promesa de un futuro más justo. Sin embargo, los datos muestran que ese futuro no llega. El índice de pobreza monetaria del DANE en 2024 fue del 36,6 %, prácticamente igual al de hace una década. El gasto público aumenta, pero la desigualdad permanece. Y cuando el Estado crece, el ciudadano se achica. Cada peso que se extrae del individuo para “financiar” lo común es un peso que se le quita a la iniciativa, al ahorro, a la inversión productiva. La libertad económica se erosiona y la dependencia estatal se fortalece.  

En un país donde la corrupción se convierte en paisaje y el gasto público en botín político, defender los impuestos como un acto moral es una paradoja. Quienes sostienen que el impuesto es un deber cívico ignoran que la moralidad no puede derivarse de la coerción. La ética no nace del miedo al castigo, sino del respeto al derecho ajeno. Si la sociedad colombiana aspira a una auténtica cultura de libertad, deberá comenzar por reconocer que ningún fin, por noble que parezca, justifica la violación de la propiedad individual.  

Los impuestos, tal como se aplican hoy, no son un pacto de cooperación, sino un sistema de expropiación legitimado por la costumbre y la ley. El Estado actúa como un cobrador armado de argumentos morales, mientras el ciudadano paga con la falsa esperanza de que el sacrificio redundará en su beneficio. Pero la historia demuestra lo contrario: el poder, una vez acostumbrado al privilegio de tomar sin pedir permiso, jamás se detiene por voluntad propia. Por eso, afirmar que los impuestos son un robo no es una consigna extremista, sino una defensa ética del principio más básico de la libertad humana: el derecho a ser dueño de uno mismo y de lo que se produce con el propio esfuerzo. Y en un país como Colombia, donde el Estado promete justicia mientras perpetúa la dependencia, esa afirmación es más urgente que nunca.