Los emprendedores contra el fracaso del Estado

En Colombia, hay una coincidencia poco común en medio del caos ideológico y la polarización: todos reconocen que el Estado no funciona. La crisis institucional no es una percepción pasajera ni una exageración mediática, es un hecho que se refleja en cada rincón del país. Los servicios públicos son ineficientes, la burocracia asfixia la innovación, la corrupción erosiona la confianza ciudadana y la política se ha convertido en una guerra de egos y discursos vacíos. En este escenario, la izquierda y la derecha se han vuelto caricaturas de sí mismas: la primera, cada vez más obsesionada con el control y la intervención; la segunda, cada vez más complaciente con el clientelismo y el poder estatal que alguna vez prometió reducir. En medio de ese deterioro moral y económico, el único motor que todavía impulsa el progreso del país no está en los ministerios ni en las bancadas del Congreso, sino en los emprendedores.

Los emprendedores han hecho lo que el Estado no puede ni quiere hacer: crear prosperidad. Han demostrado que la solución no está en más subsidios ni más regulaciones, sino en más libertad. En los últimos años, Colombia ha visto surgir un ecosistema de innovación que, a pesar de las trabas fiscales y la inestabilidad normativa, ha logrado posicionarse en la región. Según el informe Global Entrepreneurship Monitor 2024, más del 25% de los adultos colombianos están involucrados en alguna actividad emprendedora temprana, una de las cifras más altas de América Latina. No son cifras menores: representan millones de personas que han decidido no esperar nada del Estado y tomar en sus manos la responsabilidad de transformar su entorno. En ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, cientos de startups tecnológicas han surgido con soluciones en movilidad, energía, salud, educación y finanzas, compitiendo con gigantes internacionales y generando empleos donde el Estado solo deja promesas.

Sin embargo, mientras los emprendedores avanzan, la política retrocede. En Colombia, la clase política parece haberse convertido en una élite ensimismada, desconectada de la realidad económica y productiva del país. La izquierda insiste en expandir un aparato estatal que ni siquiera puede sostener su propio peso, apelando a discursos de justicia social que terminan destruyendo la base productiva sobre la que reposa esa misma justicia. La derecha, por su parte, perdió su esencia liberal y dejó de defender el libre mercado para convertirse en un club de intereses corporativos que viven del presupuesto público. En ambos extremos, lo que queda es un Estado sobredimensionado, torpe y caro. En un país donde el gasto público supera el 30% del PIB, según el Banco Mundial, y los resultados sociales siguen estancados, la política no solo ha fracasado en crear riqueza, sino que ha aprendido a depender del fracaso para sobrevivir.

Frente a ese panorama, el emprendimiento se ha convertido en una forma de resistencia. No es casualidad que los mayores avances sociales y económicos de los últimos años en el país vengan de manos privadas: plataformas financieras que han bancarizado a millones de personas que el sistema tradicional excluía; empresas de energía renovable que están electrificando zonas rurales olvidadas; y proyectos de economía digital que exportan servicios al mundo mientras el Estado aún discute cómo cobrarles más impuestos. El éxito de estos emprendedores no depende de favores políticos ni de contratos públicos, sino de su capacidad para generar valor, eficiencia y soluciones donde el Estado solo deja burocracia.

El contraste es evidente: mientras el Congreso se paraliza en discusiones sobre reformas inviables, los emprendedores están resolviendo problemas reales. Mientras el Gobierno promete reducir la pobreza con transferencias asistencialistas, miles de microempresarios la combaten creando empleo. Mientras los partidos se pelean por cuotas de poder, los innovadores están compitiendo globalmente por atraer inversión. Lo paradójico es que, pese a todo, el Estado no aprende de ellos, sino que los castiga. Las reformas tributarias de los últimos años han sido una carga casi exclusiva sobre quienes producen. Según la DIAN, el 80% de los ingresos tributarios proviene de empresas formales, pero la mitad de ellas no logra sobrevivir más de cinco años, lo que evidencia un entorno hostil donde emprender es un acto de valentía, casi de rebeldía.

El fracaso del Estado colombiano no es solo técnico, es moral. La política dejó de tener un propósito público para convertirse en una industria de la permanencia. Los partidos no compiten por ideas sino por presupuesto, y el debate público no gira en torno a cómo producir más riqueza, sino a cómo distribuir lo poco que hay. En este contexto, el emprendimiento representa una ética contraria: la ética de la creación, del riesgo, de la productividad. El emprendedor no espera, actúa; no promete, ejecuta; no redistribuye, multiplica. Y esa diferencia filosófica entre el que produce y el que administra la pobreza explica por qué los emprendedores son hoy la verdadera oposición, no a un gobierno específico, sino al modelo político que ha convertido al Estado en un obstáculo para la prosperidad.

Los países más prósperos del mundo entendieron esto hace décadas. En Singapur, Irlanda o Corea del Sur, el crecimiento no vino de la expansión del Estado, sino de la libertad económica, la educación técnica y la confianza en el sector privado como generador de bienestar. En América Latina, sin embargo, seguimos atrapados en la vieja idea de que el desarrollo se decreta desde los ministerios y no desde los talleres, los laboratorios o las startups. Colombia, con todo su talento humano y su potencial emprendedor, podría liderar una nueva ola de crecimiento si entendiera que cada regulación innecesaria, cada subsidio mal diseñado y cada impuesto injusto son formas de sabotear el progreso.

El futuro de Colombia no se jugará en una Asamblea Constituyente ni en un plan de gobierno de cuatro años, sino en la capacidad de sus ciudadanos para crear, innovar y asumir riesgos sin miedo al castigo del Estado. Porque los políticos pueden prometer igualdad, pero los emprendedores generan oportunidades; los gobiernos pueden ofrecer subsidios, pero los empresarios crean empleos; los burócratas pueden hablar de desarrollo, pero solo los innovadores lo hacen posible.

Los políticos no construyen la prosperidad. Los emprendedores sí. Y cuando entendamos esa verdad simple, quizá empecemos a ver que el verdadero cambio en Colombia no llegará con una reforma política, sino con una revolución silenciosa: la del trabajo libre, creativo y productivo que está ocurriendo todos los días, lejos del Congreso, en los corazones de quienes decidieron no esperar más.