La inflación no es un fantasma

La pregunta parece abstracta, casi académica, pero encierra una verdad incómoda para el debate económico colombiano: ¿puede una moneda caer en hiperinflación si la cantidad de dinero permanece constante? Para Jörg Guido Hülsmann, uno de los economistas más rigurosos de la tradición austriaca moderna, la respuesta es un no rotundo. Y no lo es por un tecnicismo, sino por una razón que desmonta muchos lugares comunes del discurso político: la hiperinflación no surge únicamente por una pérdida de confianza, sino por la combinación de esa pérdida con un aumento masivo y descontrolado de la oferta monetaria. Sin expansión del dinero, la confianza puede deteriorarse, pero la moneda no se desintegra. Esta afirmación, que podría parecer teórica, se vuelve profundamente práctica cuando se mira la situación de Colombia hoy.

Para comprender la tensión de fondo, es necesario cambiar de tema, aunque sin abandonarlo. La inflación colombiana de los últimos años ha sido alta, persistente y desgastante, pero no ha sido —ni puede ser— el preludio automático de una hiperinflación. El Banco de la República, pese a todas las presiones políticas y al ruido institucional, ha mantenido la base monetaria relativamente contenida. Los datos del propio banco central muestran que el crecimiento de M3 se ha mantenido dentro de rangos moderados en comparación con episodios históricos de colapso monetario. Esto confirma, aunque incomode a muchos, la tesis de Hülsmann: sin expansión desbordada del dinero, no hay forma de que una sociedad entre en esa espiral devastadora donde los precios cambian por horas, no por meses. Es decir, la inflación colombiana es un problema serio, pero sus raíces no están en la impresión de dinero, sino en decisiones políticas y estructurales que han encarecido los costos, deteriorado las expectativas y golpeado la confianza en la economía.

Si se mira la realidad nacional desde este ángulo, aparecen escenarios que suelen pasarse por alto en el análisis público. La inflación reciente no ha sido causada por un Estado que imprime billetes, sino por un Estado que genera incertidumbre. Incertidumbre jurídica, regulatoria, tributaria y fiscal. Incertidumbre sobre la viabilidad de reformas, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y sobre el rumbo de la economía a mediano plazo. Cuando un gobierno anuncia reformas laborales que encarecen el empleo, cuando propone cambios tributarios que afectan la inversión, o cuando pone en duda la estabilidad de sectores estratégicos como la energía o la salud, los costos aumentan, la inversión se frena y los precios reaccionan. No es un fenómeno psicológico: es una reacción racional. El problema es que en Colombia discutimos inflación como si dependiera de supersticiones, cuando en realidad depende de incentivos.

Y aquí aparece la parte más compleja: la confianza no es un sentimiento; es un cálculo. Los agentes económicos —desde el empresario grande hasta el tendero del barrio— no confían en declaraciones, sino en comportamientos. Confían en instituciones sólidas, en reglas claras, en bancos centrales que no ceden ante la presión política, en gobiernos que no gastan más de lo que pueden financiar sin distorsionar la economía. Confían en la coherencia. Por eso la pérdida de confianza no puede desencadenar una hiperinflación por sí misma: puede generar volatilidad, puede reducir la demanda de una moneda, puede acelerar transacciones, pero no puede multiplicar la masa monetaria. Para que la hiperinflación nazca, el Estado debe traicionar simultáneamente la disciplina fiscal y la disciplina monetaria. Esa doble ruptura no ha ocurrido en Colombia, y es precisamente lo que nos separa de casos tan estudiados como Venezuela, Zimbabue o Yugoslavia.

Pero también es cierto que la confianza tiene consecuencias reales en nuestro día a día. Basta observar la forma en que los colombianos han empezado a protegerse de la incertidumbre: compran dólares cuando sienten que el discurso político amenaza la estabilidad; adelantan gastos ante el temor de que todo suba más; aplazan inversiones cuando no saben qué reforma estará vigente en seis meses. En economía, las expectativas son como la humedad: se filtran en cada rincón. Y cuando el ambiente político alimenta la idea de que el crecimiento es secundario frente a la ideología, los precios lo sienten primero. Por eso el país vive un estancamiento incómodo: inflación descendiendo lentamente, crecimiento debilitado y una sensación generalizada de que el proyecto económico se está desalineando de la realidad.

Cambiar de tema para volver al mismo punto permite una lectura más profunda: la existencia o no de hiperinflación no es el verdadero debate; el debate es qué tipo de Estado está construyendo Colombia. Un Estado que gasta por encima de sus capacidades sin una estrategia clara de productividad termina empujando a los bancos centrales hacia decisiones difíciles. Un Estado que improvisa en política energética, laboral o pensional genera costos ocultos que luego se traducen en precios más altos. Un Estado que politiza las instituciones económicas envía la señal de que la estabilidad no es un valor sino un accesorio negociable. Es allí donde la tesis de Hülsmann funciona como advertencia: la confianza puede erosionarse, pero solo se destruye definitivamente cuando el Estado cruza la línea de financiarse a través de la impresión de dinero. Esa línea, por ahora, no se ha cruzado en Colombia, pero la discusión pública parece cada vez más cómoda acercándose a ella.

De ahí que las comparaciones con episodios extremos resulten siempre engañosas. Colombia no es Venezuela, ni Argentina, ni Zimbabue, porque nuestra arquitectura institucional monetaria —con un banco central autónomo, reservas internacionales y límites claros a la financiación del Gobierno— impide que la expansión monetaria sea usada como herramienta política. Pero también es cierto que la estabilidad no está garantizada por decreto: depende de la disciplina. Depende de un Congreso que entienda que cada reforma tiene un costo económico real; de un Ejecutivo que comprenda que el gasto público no es infinito; de una ciudadanía que exija responsabilidad fiscal y respeto a las instituciones; y de una economía productiva que no puede ser asfixiada por normativas que castigan la innovación, la inversión y el emprendimiento.

La conclusión, inevitablemente, es más profunda que el punto de partida: la inflación colombiana no es un fantasma psicológico ni un destino inevitable; es el resultado de decisiones. Y la hiperinflación —ese escenario que algunos agitan para infundir miedo y otros minimizan por conveniencia— no es posible sin que el Estado rompa los cimientos que hoy, todavía, la contienen. La verdadera discusión no es si la hiperinflación puede aparecer con la oferta monetaria constante, porque no puede. La verdadera discusión es si Colombia está construyendo un entorno institucional que preserve la disciplina que la impide, o si está abriendo lentamente las puertas al desorden fiscal y al uso político de la moneda.

La inflación no es un fantasma, pero la irresponsabilidad sí puede serlo. Y en un país donde la incertidumbre política pesa más que los datos, donde la ideología supera a la técnica y donde la estabilidad económica se discute como si fuera opcional, conviene recordar que las monedas no se destruyen por miedo, sino por decisiones. Colombia aún está a tiempo de elegir la sensatez sobre el caos. Pero para eso necesita más que discursos: necesita un compromiso con la disciplina que ha evitado, hasta ahora, que la moneda deje de hablar.