La Inflación no nace del mercado

En Colombia, cada vez que los precios suben, la reacción inmediata de muchos sectores es culpar a las empresas. Se acusa al “capitalismo desmedido” y a las “grandes corporaciones” de elevar los precios de manera artificial para engrosar sus utilidades, como si el interés de ganar fuera el motor de toda inflación. Pero esa lectura, aunque emocionalmente atractiva, es simplista y errada. La inflación no surge del deseo de lucro, sino del exceso de dinero circulante que desvirtúa el valor de la moneda. Como bien advirtió Milton Friedman, “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. Y es aquí donde radica el verdadero problema: en las políticas expansivas del Estado que distorsionan los precios relativos y rompen el equilibrio natural del mercado.

Durante los últimos años, el Banco de la República ha mantenido una lucha constante por contener una inflación que llegó a niveles del 13,25 % en 2022, la más alta en más de dos décadas. Aunque el fenómeno fue global, en Colombia la respuesta del gobierno fue mezclar populismo con gasto público excesivo, lo cual agravó el problema. En vez de reducir la intervención estatal y permitir que la economía se ajustara de manera orgánica, se optó por más subsidios, más gasto y más programas financiados con deuda y emisión monetaria indirecta. Mientras el dinero se multiplicaba, la productividad real no crecía al mismo ritmo. En ese desbalance se incubó la inflación, aunque el discurso político insistiera en que eran las empresas quienes se enriquecían a costa del pueblo.

Es cierto que algunas compañías aprovechan los momentos de incertidumbre para aumentar sus precios, pero el poder de fijar precios no significa poder imponerlos. En una economía libre, el consumidor es quien tiene la última palabra. Si un empresario eleva los precios por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar, simplemente deja de vender. Por eso, el precio es el reflejo de la interacción entre oferta y demanda, no de la codicia empresarial. Culpar a las empresas por la inflación es tan absurdo como culpar al termómetro por la fiebre. El problema no es el precio en sí, sino las condiciones que lo distorsionan, y esas condiciones suelen ser creadas por la intervención estatal en la economía.

En momentos de crisis, resurgen propuestas que parecen sensatas, como los controles de precios o la regulación de productos esenciales. Sin embargo, la historia demuestra que esa receta termina siendo más destructiva que la enfermedad que pretende curar. En los años setenta, cuando Richard Nixon impuso controles de precios en Estados Unidos para frenar la inflación, el resultado fue escasez, mercados paralelos y un colapso temporal de la oferta. En Venezuela, esa fórmula alcanzó su máxima expresión: productos básicos desaparecidos, colas interminables y un mercado negro que se convirtió en la única vía para acceder a bienes esenciales. El patrón es claro: cada vez que el Estado limita los precios, destruye los incentivos para producir. Cuando se eliminan los incentivos, la oferta se contrae. Y cuando la oferta se contrae, los precios suben aún más.

Colombia no ha llegado a esos extremos, pero coquetea con ideas similares. Se habla de imponer precios máximos a los alimentos, los medicamentos o los combustibles, como si la economía pudiera regularse desde un escritorio. Esas decisiones olvidan que cada bien tiene detrás una cadena de valor compleja: transporte, energía, mano de obra, impuestos, permisos, insumos importados. Controlar el precio final sin atender los costos intermedios solo genera pérdidas para los productores y desincentiva la inversión. En regiones rurales donde el transporte ya representa más del 30 % del costo de distribución, imponer topes de precios sería condenar al campesino a vender a pérdida, lo que terminaría agravando la escasez que se pretendía resolver.

La inflación, además, no castiga por igual a todos. Golpea con mayor fuerza a los pobres, porque erosiona el poder adquisitivo de quienes dependen de ingresos fijos. Cuando el Estado imprime dinero o expande el gasto sin respaldo productivo, los primeros en beneficiarse son los sectores más cercanos al poder político: contratistas, bancos, grandes proveedores del Estado. En cambio, el ciudadano común recibe el golpe cuando ese dinero extra se traduce en precios más altos en los mercados, en el arriendo y en el transporte. Así, la inflación no es una consecuencia del capitalismo, sino una forma de impuesto encubierto que el Estado cobra a los más pobres sin que estos lo noten. Friedrich Hayek lo advirtió con claridad: cuando los gobiernos manipulan la moneda, destruyen los cimientos de la libertad económica, porque el dinero deja de ser un instrumento de intercambio y se convierte en un arma política.

Hoy Colombia enfrenta una encrucijada. O seguimos creyendo que la inflación se combate señalando a los empresarios y regulando precios, o comprendemos que el único camino sostenible es el de la estabilidad monetaria, la reducción del gasto público y la defensa de un mercado libre que premie la productividad y la eficiencia. No hay magia ni conspiración: donde hay abundancia de dinero sin respaldo, habrá inflación; donde el Estado premia la ineficiencia con subsidios, habrá escasez. Pretender resolverlo con controles es como tapar un incendio con gasolina.

La solución pasa por asumir la responsabilidad económica que hemos delegado en discursos populistas. El gobierno no puede seguir gastando como si el dinero no tuviera límite, ni los ciudadanos seguir creyendo que todo puede ser gratis. Cada subsidio, cada programa sin respaldo productivo, cada peso emitido sin creación de valor, termina cobrándose con inflación. Y mientras más grande sea el espejismo de que el Estado puede dárnoslo todo, más caro será el precio que paguemos en el futuro. Porque, en última instancia, la riqueza no se imprime: se produce.