La ilusión moral

En Colombia vivimos un momento en el que la moral ha reemplazado al análisis, y las consignas se han convertido en un refugio para quienes no tienen respuestas reales a los problemas que dicen querer resolver. Hoy, en un país donde un gobierno insiste en disfrazar de justicia social la expansión del Estado, aparecen voces que prometen “democratizar la economía” sin entender la economía, que piden “planificación justa” sin saber planificar, y que apelan a la narrativa de la redención colectiva como si la prosperidad pudiera decretarse desde un escritorio o desde el timeline de Twitter. El fenómeno no es exclusivamente nuestro; es global. Pero en Colombia está teniendo efectos visibles, concretos y peligrosos.

Los nuevos profetas del socialismo latinoamericano —incluyendo a quienes inspiran ideológicamente al gobierno actual— se refugian en conceptos como “economía democrática”, un término tan ambiguo como seductor. Lo que no dicen es que, en la práctica, cualquier intento de organización económica centralizada termina en manos del único actor que posee la capacidad coercitiva necesaria para imponerse sobre millones de decisiones individuales: el Estado. No existe una versión mágica de socialismo que funcione horizontalmente, sin jerarquías, sin burocracias, sin aparatos coercitivos. La experiencia histórica es brutalmente clara, desde la Unión Soviética hasta Venezuela: la planificación requiere poder, y el poder necesita obediencia. Cuando la economía se subordina a la voluntad política, el resultado no es igualdad; es pobreza administrada.

En Colombia llevamos años escuchando discursos sobre la supuesta superioridad moral de quienes “luchan contra el neoliberalismo”, aunque no puedan explicar qué significa ese término en un país donde el Estado controla la salud, regula la educación, dirige los fondos de pensiones, decide el precio de los combustibles, fija la energía y condiciona la apertura empresarial. Es absurdo hablar de capitalismo salvaje cuando para abrir un negocio se requieren en promedio más de 15 trámites, más de dos semanas y una montaña de permisos estatales que cambian según el humor del funcionario de turno. Lo que tenemos no es libertad económica; es una economía intervenida, lenta, costosa y profundamente estatizada.

El problema, por supuesto, es que los socialistas modernos no necesitan demostrar eficacia. Solo necesitan demostrar virtud. No están obligados a presentar modelos coherentes ni viables; basta con que sus palabras generen la emoción correcta entre sus audiencias. En redes sociales, donde la política se comporta como un concurso de popularidad, estos discursos se vuelven especialmente atractivos. Con señalar al “capitalismo” como culpable ya ganan aplausos. Con decir “justicia social” ya logran un trending topic. Pueden pedir reformas imposibles sin responder a la pregunta esencial: ¿cómo funciona realmente una economía?

En Colombia, lo vimos con la reforma a la salud, con la reforma laboral, con la reforma pensional. Se proponen cambios estructurales como si administrar un país fuera igual a diseñar un discurso universitario. Se promete estabilidad laboral plena sin medir el efecto sobre la contratación. Se prometen sistemas de salud sin intermediación sin explicar cómo evitar su colapso financiero. Se prometen pensiones para todos sin aclarar quién pagará la factura. Es la misma ingenuidad que llevó a los planificadores soviéticos a creer que podrían administrar mejor que el mercado la producción de acero, pan o zapatos; la misma arrogancia que llevó a los ministros venezolanos a creer que podían sustituir la economía de mercado con decretos. En ambos casos, las consecuencias fueron devastadoras; en ambos casos, la realidad se impuso con una fuerza implacable.

Aquí también se repite el patrón. Los ideólogos del gobierno hacen campaña electoral permanente, discuten estrategias de poder, celebran encuestas que los favorecen, comparten discursos de congresistas “revolucionarios”. Pero cuando llega el momento de gestionar, fracasan. No porque tengan malas intenciones, sino porque su visión del mundo exige resultados que van en contra del funcionamiento natural de los incentivos económicos. Planear la economía desde arriba requiere información que ningún ser humano o institución puede procesar; requiere poder que ninguna democracia debería entregar; requiere una capacidad de predicción que ningún burócrata posee. Por eso, a pesar de los discursos altisonantes, sus políticas generan inflación, fuga de inversión, destrucción de empleo, caída de confianza y un deterioro progresivo del aparato productivo.

Lo irónico es que mientras en Colombia se insiste en romanticismos económicos, la mayoría de países exitosos están haciendo exactamente lo contrario: desregulan, facilitan la apertura empresarial, reducen cargas, impulsan la competencia, apoyan la innovación, abren mercados, promueven la inversión. Chile avanzó así durante décadas hasta que la ola populista destruyó en pocos años lo que tomó generaciones construir. Perú, incluso en medio de crisis políticas, mantiene una estructura productiva más libre que la nuestra y por eso crece más. Costa Rica apostó por atraer empresas tecnológicas con reglas claras y estabilidad regulatoria. Mientras tanto, aquí seguimos creyendo que con discursos se puede vencer la escasez.

Los socialistas colombianos no están diseñando un modelo económico; están escribiendo ficción política. Por eso les es tan fácil hablar de un país ideal donde todos reciben lo que necesitan, donde la riqueza es infinita, donde el Estado es eficiente y transparente, donde la corrupción no existe, donde los burócratas son sabios y los empresarios son altruistas. Pero la economía no es un cuento. Es un sistema vivo, dinámico, descentralizado, compuesto por millones de decisiones individuales. Cada vez que el Estado pretende reemplazar esas decisiones con órdenes, el resultado es distorsión, desabastecimiento, ineficiencia y empobrecimiento.

La historia ya le dio un veredicto al socialismo. No se derrumbó por falta de voluntad política; se derrumbó porque es incapaz de coordinar información dispersa, porque destruye los incentivos que permiten producir riqueza, porque transforma el poder en un instrumento de control económico. Los planificadores soviéticos, al final, tuvieron que aceptar que su modelo no funcionaba. “Apaguen la luz y vámonos”, fue la frase silenciosa con la que se cerró uno de los experimentos más costosos de la humanidad.

En Colombia aún estamos a tiempo de evitar ese destino. Pero para eso debemos recuperar el sentido común, la libertad económica y la humildad intelectual. No se trata de defender a los ricos ni a las empresas; se trata de defender la capacidad de cada persona para decidir, crear, producir y prosperar sin la tutela permanente del gobierno. Se trata de entender que la riqueza no es un acto moral, sino un proceso; que la justicia social no se logra empobreciendo a todos por igual; que las soluciones fáciles siempre terminan siendo las más destructivas.

Mientras sigamos viendo la economía como una batalla moral y no como un sistema complejo que exige responsabilidad, Colombia seguirá atrapada entre discursos que prometen mucho, políticas que funcionan mal y resultados que pagan, como siempre, los más vulnerables. Porque la verdadera justicia no nace del Estado omnipresente; nace de la libertad. Y la libertad, aunque no sea un trending topic, sigue siendo el único camino que ha demostrado producir prosperidad real.