La ilusión de la unidad: cómo los mitos de la emergencia legitiman la concentración

Existe en la retórica política una promesa seductora y recurrente: en tiempos de crisis no sirve la pelea partidista, lo que importa es la unidad, la eficacia y la rapidez con que el Estado actúa. Esa promesa, que puede sonar noble y razonable, encierra una trampa epistemológica y moral. Convierte el desacuerdo democrático en un vicio personalizable —“el bloqueo”, “la obstrucción”— y justifica la búsqueda de atajos institucionales que, con el pretexto de salvar a la nación, erosionan contrapesos, recortan la deliberación pública y abren espacio para decisiones menos transparentes. En Colombia, hoy, esa dinámica se observa en episodios concretos: un Congreso que avanza a paso lento y con ausencias recurrentes en proyectos clave; una agenda pública marcada por la urgencia de reformas estructurales que generan choques entre Ejecutivo y Legislativo; movilizaciones sociales que demandan certezas frente al deterioro económico y decisiones administrativas que buscan imponer modelos de intervención estatal en sectores sensibles como la salud. Estas realidades no son neutrales: se ensamblan con mitos políticos que facilitan la concentración del poder. 

El primer mito, y quizás el más corrosivo, es el de la “unidad eficiente”. Bajo su prisma, la política —esa arena de intereses y conflicto— aparece como un freno artificial; la gobernabilidad se imagina como una línea recta que solo necesita actores virtuosos para funcionar. Pero la política es precisamente el modo en que una sociedad plural hace visibles y contendibles sus prioridades. En Colombia, la insistencia en denunciar “bloqueos” legislativos o “obstrucciones” funciona como narrativa para desplazar la discusión hacia la moralidad performativa: oponerse es sinónimo de irresponsabilidad. Esa simplificación favorece que las decisiones urgentes —legítimas o no— se tomen por vías administrativas, decretos o atajos legales, cuando lo que corresponde es un debate público serio que legitime cambios profundos. El desenlace habitual es predecible: las medidas se implantan con menos escrutinio, los actores afectados tienen menos voz y la rendición de cuentas se difumina.

Un segundo mito complementario es el del tecnocratismo salvador: creer que expertos, comités técnicos o fórmulas administrativas pueden sustituir la política. En la gestión pública contemporánea esto suele presentarse como profesionalización —“dejar las cosas en manos de los que sí saben”—, y es ciertamente crucial contar con capacidades técnicas. Sin embargo, convertir la técnica en pretexto para desplazar la deliberación política es peligroso. La técnica no es neutra; incorpora supuestos, prioridades y trade-offs. Cuando, en nombre de la eficiencia, el Ejecutivo promulga modelos de intervención que reconfiguran la provisión pública (como las transformaciones propuestas para el sistema de salud), la discusión debe pasar por el crisol del debate democrático, porque allí se confrontan valores, recursos y derechos. En Colombia se han visto gestos de esta tensión: decretos de alcance estructural acompañados por debates parlamentarios pendientes y por tensiones jurídicas que han llevado incluso a bloqueos regulatorios y suspensiones. La técnica, así, puede devenir en velo de poder.

Un tercer mito, hermanado al anterior, es el de la excepcionalidad permanente: la idea de que las crisis requieren poderes extraordinarios y temporales que, sin embargo, acaban por normalizarse. La lógica es antigua: la urgencia reclama facultades amplias, y la ciudadanía —asqueada por la inmediatez de los problemas— acepta transferir soberanía a ejecutivos que prometen resultados rápidos. En Colombia, la percepción de crisis económica —con una inflación que en 2025 se mantiene por encima de la meta del Banco de la República y que erosiona el poder adquisitivo de amplios sectores— sirve como telón de fondo que alimenta este relato. Cuando la economía pincha y la vida cotidiana se vuelve más precaria, las demandas por soluciones inmediatas legitiman discursos presidenciales que ponen el foco en “desatascar” la política y priorizar la acción sin trabas. Pero la excepción no es neutral: el uso recurrente de instrumentos excepcionales debilita controles, incentiva decisiones improvisadas y, sobre todo, reduce la capacidad de la sociedad para distinguir entre lo que es necesario y lo que es políticamente conveniente. 

No son mitos inocuos: tienen consecuencias institucionales y materiales. La concentración de poder, cuando se naturaliza como respuesta eficiente, erosiona la separación de funciones. Las cajas de resonancia del Estado —Congreso, justicia, medios independientes, organizaciones sociales— pierden capacidad para fiscalizar. El resultado es una gobernanza más opaca, con mayor riesgo de captura por intereses particulares y menor espacio para la protesta y la deliberación pública. Las movilizaciones sociales que recorren Bogotá y otras ciudades del país en las últimas semanas no aparecen como anécdota; son el síntoma de una ciudadanía que demanda transparencia y calles donde expresar desacuerdos frente a decisiones que se sienten impuestas desde arriba. Rechazar la política plural no extingue el conflicto: lo traslada a la calle o lo encierra en canales alternativos donde la negociación se vuelve más ardua y menos previsible. 

Ahora bien: ¿cómo se desactiva la trampa de la unidad sin caer en la parálisis? La primera obligación democrática es recuperar el valor afirmativo de la política: reconocer que la disputa es constitutiva del régimen democrático y que la deliberación es la herramienta por excelencia para dirimir prioridades. Esto implica reivindicar el parlamento, no como un mero trámite, sino como el foro donde se acuerdan legitimidades. Exigir mayor presencia, discusión y transparencia en las cámaras que representan al país es la forma más directa de oponer resistencia a los atajos que la excepcionalidad pretende normalizar. Si el Congreso está lento o fragmentado, la respuesta no es delegar autoridad, sino corregir incentivos, transparentar lógicas clientelistas y fortalecer los espacios deliberativos. 

La segunda exigencia es fortalecer institucionalmente los mecanismos de control horizontal y la independencia técnica del Estado, pero sin confundirla con tecnocracia gobernante. Tribunales, órganos de control, agencias regulatorias y prensa independiente deben contar con autonomía real y recursos para fiscalizar; la administración pública debe estar profesionalizada; pero esas autonomías no deben devenir en maneras de evadir el escrutinio democrático. El equilibrio es frágil: la autonomía técnica protege contra los vaivenes partidistas, pero su erosión por vías ejecutivas debilita la rendición de cuentas. La ciudadanía, por su parte, debe recuperar la actividad política como tarea cotidiana: no basta con protestar, hace falta incidir en la agenda pública, articular demandas y participar en las soluciones. 

Un tercero, y no menos importante, es cuidar el relato público. Los discursos de emergencia y culpa simplifican lo complejo y polarizan. Cuando un presidente denuncia un “bloqueo” y tilda de obstáculos a quienes cuestionan su agenda, la narrativa facilita la delegación autoritaria de poderes. Pero la política democrática exige argumentos: explicar por qué una reforma es necesaria, cuáles son sus costos y beneficiarios, cuáles son las fuentes de financiamiento, cómo se protegerán los derechos y cuáles serán las garantías de supervisión. En el debate sobre la salud, por ejemplo, la complejidad técnica es alta y las implicaciones sociales profundas; exponer con rigurosidad esos elementos y someterlos al escrutinio público reduce la tentación de tomar atajos. La transparencia en los costos, en las métricas de éxito y en los mecanismos de evaluación es la vacuna contra los impulsos concentradores.

Finalmente, la ciudadanía debe recordar que la crisis económica —esa que hoy se traduce en precios que suben más de lo previsto y en la sensación de pérdida de bienestar— no es remedio ni pretexto para despojarse de libertades cívicas y controles institucionales. Si la inflación presiona y el desempleo preocupa, la respuesta efectiva pasa por políticas públicas debatidas, por reformas fiscales con legitimidad y por medidas que combinen eficiencia técnica con equidad social; no por la reducción de la política a la gestión ejecutiva sin contrapesos. La legitimidad de una reforma se construye, no se impone.

Que quede claro: reivindicar la política plural no significa glorificar la obstrucción ni condenar toda iniciativa ejecutiva. Significa, sí, exigir que la acción pública se rija por reglas claras de participación, transparencia y control. Significa que las figuras que llaman a “superar el partidismo” deben explicar por qué sus propuestas requieren vías diferentes y aceptar que la discusión pública, aunque lenta y áspera, es la única que garantiza que las reformas respeten derechos y distribuyan costos de manera equitativa. En Colombia, hoy, se necesita menos retórica de unidad y más arquitectura democrática: parlamentos que funcionen, partidos que negocien con reglas visibles, instituciones que fiscalicen con autonomía y ciudadanía organizada que sepa cuándo acompañar y cuándo corregir.

El peligro inmediato no es la polarización: es la tentación de resolverla mediante la concentración del poder. Esa tentación se alimenta de mitos —unidad, tecnocracia salvadora, excepcionalidad permanente— que deben ser desenmascarados con datos, con deliberación y con la convicción de que la democracia no es la ausencia de conflicto, sino la forma civilizada de gestionarlo. Si Colombia quiere superar sus crisis con justicia y resiliencia, debe empezar por recuperar la política como praxis constructiva, no como vestidura de un salvador momentáneo. Solo así se evita que la urgencia termine por devorar la democracia.