Familia Libre

En Colombia hemos caído en la tentación de reducir el debate sobre la familia a un intercambio de consignas ideológicas, un campo minado donde unas orillas gritan “defender la familia tradicional” y otras responden “transformar la familia”. Pero en ese teatro de sombras algo esencial se pierde: la familia no está siendo amenazada por discursos, sino por políticas públicas que, aunque se presentan como protectoras, terminan debilitando los cimientos mismos que dicen querer fortalecer. Al final, la verdadera amenaza para los hogares no viene de las guerras culturales, sino del exceso de Estado que interfiere hasta en los espacios más íntimos de la vida cotidiana.

El problema no es moral, es institucional. Y si no lo reconocemos, seguiremos aplicando las mismas recetas que han fracasado durante décadas: subsidios que castigan a quienes se esfuerzan, impuestos que penalizan la estabilidad familiar, regulaciones que encarecen la vida y una burocracia que pretende reemplazar el papel de los padres en la educación y crianza. En Colombia no hace falta más “política familiar”; hace falta liberar a las familias de las cadenas regulatorias y fiscales que las asfixian.

Basta observar cómo funciona nuestro sistema tributario y de transferencias: un hogar que decide formalizarse o que logra aumentar sus ingresos puede perder beneficios, subsidios o apoyos esenciales, generando una trampa de dependencia que castiga el progreso. Es la versión colombiana del “marriage penalty” norteamericano: un conjunto de reglas que, sin declararlo explícitamente, desalientan la construcción de estabilidad económica y emocional. Cuando una pareja se casa, convive o decide compartir ingresos, el Estado interviene para cobrar más o dar menos. Es una ecuación perversa en la que el mensaje implícito es claro: “me es más barato que no te esfuerces”.

A esto se suma el impuesto silencioso que más golpea a los hogares colombianos: la inflación. No importa cuántos discursos se pronuncien sobre la defensa de la familia si el dinero rinde cada vez menos. La pérdida constante del poder adquisitivo es un ataque directo contra la capacidad de un hogar de planear, ahorrar y proyectar su futuro. Y aquí no hay misterio: la inflación es un fenómeno alimentado por decisiones fiscales y monetarias, por la costumbre de financiar gasto público sin límite, por la incapacidad de contener un Estado que gasta más de lo que produce y luego traslada la cuenta a los ciudadanos.

La vivienda, otro pilar fundamental, se ha convertido en un lujo. Durante años, Colombia ha construido un muro invisible de licencias, permisos, normas urbanísticas rígidas, trámites eternos y costos ocultos que encarecen cada ladrillo. No es un problema de falta de demanda, sino de exceso de regulación. Y cuando el urbanismo se convierte en un laberinto burocrático, los únicos que pueden construir —y comprar— son los grandes jugadores. Los hogares jóvenes, los trabajadores de clase media o quienes buscan independencia quedan excluidos. La familia se vuelve rehén del urbanismo restrictivo.

La educación y la crianza, ámbitos que deberían estar guiados por padres, también han sido absorbidos por la política. El país ha ido cediendo espacio a modelos de escolarización centralizados, con currículos obligatorios, lineamientos ideológicos y un aparato burocrático que pretende definir cómo se debe educar y criar. La intención de “protección” termina siendo un acto de sustitución: el Estado como tutor. Y es aquí donde se pierde la esencia de la autonomía familiar, donde la escuela deja de ser aliada para convertirse en extensión del Leviatán.

Lo irónico es que muchos proponen resolver esto con más Estado. Más ministerios, más subsidios, más programas, más intervención. Sin embargo, la experiencia colombiana demuestra que cuando el Estado crece, la familia se reduce. Cuando el burócrata decide, los padres dejan de hacerlo. Cuando la regulación aumenta, los hogares pagan más. Cuando la política escolar centraliza, las comunidades pierden su derecho natural de participar en la formación de sus hijos.

La solución no es más diseño tecnocrático, sino una devolución de poder.

Colombia necesita eliminar los desincentivos a la estabilidad familiar en el régimen tributario y de transferencias, construir un sistema que no castigue a quienes deciden unirse, formalizarse o progresar. Requiere también detener la máquina inflacionaria que drena los ingresos de los hogares, recuperar una política fiscal responsable y una política monetaria verdaderamente neutral. El país debe derribar las barreras que hacen imposible construir vivienda asequible, liberar el urbanismo, permitir que las comunidades decidan cómo crecer. Y necesita, sobre todo, regresar la autoridad sobre educación y crianza a los padres y a las comunidades locales, no a los manuales de Bogotá.

El fortalecimiento de la familia no vendrá de un decreto, ni de un eslogan, ni de una política diseñada desde un escritorio ministerial. Vendrá de devolver la libertad a quienes viven las consecuencias reales de las decisiones públicas: los hogares colombianos. El cambio no es cultural, es estructural. Y empieza cuando comprendemos que la familia no necesita un tutor: necesita que el Leviatán dé un paso atrás.