El salario mínimo: el espejismo que empobrece

En Colombia hemos normalizado una tradición que cada diciembre despierta discusiones, titulares y promesas políticas: el aumento del salario mínimo. Una ceremonia mediática donde las centrales obreras celebran, los empresarios anuncian sacrificios y el gobierno proclama un triunfo social. Pero detrás de esa puesta en escena se oculta un mecanismo económico y político mucho más complejo, que lejos de mejorar la vida del trabajador colombiano, termina consolidando un círculo vicioso en el que todos pierden, excepto el Estado. Este debate no se puede abordar desde el sentimentalismo ni desde la narrativa asistencialista. Requiere objetividad, análisis y la capacidad de reconocer que, en ocasiones, las decisiones adoptadas “por el pueblo” terminan siendo las que más lo perjudican.

La realidad es que el salario mínimo en Colombia funciona más como una herramienta de recaudación y control macroeconómico que como un instrumento para elevar el bienestar real del trabajador. Cada vez que el Estado ordena un incremento, lo que aumenta no es solo el ingreso del trabajador, sino la base sobre la cual se calculan los impuestos, las retenciones, los aportes parafiscales y las cargas laborales. En un país donde el sistema tributario depende en gran medida de los impuestos indirectos —según datos del Ministerio de Hacienda, más del 40% de la tributación proviene del IVA y otros gravámenes al consumo— cualquier aumento del ingreso nominal es automáticamente absorbido por un costo de vida que se ajusta en la misma dirección. De acuerdo con el DANE, la inflación acumulada en 2022 y 2023 alcanzó niveles históricamente altos, superando el 13% en su punto máximo. En ese mismo periodo, el salario mínimo subió más del 16%. Sin embargo, el trabajador colombiano no sintió una mejoría sustancial: sintió lo contrario, una pérdida acelerada de su poder adquisitivo frente a la canasta básica.

La inflación funciona como el impuesto silencioso que nadie vota, pero todos pagan. Es el mecanismo que permite al Estado financiarse sin necesidad de aumentar explícitamente las tarifas tributarias. Cuando el Banco de la República expande la base monetaria para permitir liquidez acorde a los incrementos salariales y al gasto público, el peso pierde valor y los precios se ajustan al alza. Lo advirtió Milton Friedman, quizá el economista más citado en este tema: “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. En Colombia, aunque la narrativa oficial culpe a factores externos, la inflación responde también a decisiones internas que combinan gasto público elevado, aumentos salariales desalineados con la productividad y una economía poco competitiva. El resultado es evidente: más billetes circulando, menos capacidad adquisitiva, más presión sobre las familias.

Ahora bien, vale la pena detenerse en la idea de productividad, un concepto que rara vez aparece en el debate público cuando se discute el salario mínimo. Ninguna economía del mundo puede elevar sostenidamente los ingresos si no incrementa su capacidad de producir más y mejor. Países como Corea del Sur, Alemania o Estados Unidos no se enriquecieron porque sus gobiernos ordenaron salarios altos, sino porque sus empresas innovaron, compitieron, atrajeron inversión y generaron valor. En Colombia ocurre lo contrario: exigimos salarios europeos en una estructura económica latinoamericana. Mientras nuestra productividad laboral sigue estancada —el Consejo Privado de Competitividad señala que la productividad total de los factores en Colombia ha sido prácticamente nula durante dos décadas— pretendemos que el salario mínimo crezca por decreto, ignorando que esas diferencias no se resuelven con discursos, sino con instituciones inclusivas, libre competencia, educación de calidad y apertura económica.

Pero esta discusión no es solo económica; también es política. En países donde el populismo ha florecido, el salario mínimo se convierte en una herramienta narrativa: una forma de demostrar que el gobierno “está del lado del pueblo” sin asumir costos políticos directos. En Colombia, la retórica de que “el salario sube porque el gobierno protege al trabajador” es una de las afirmaciones más repetidas, aunque desmontarla no requiere grandes habilidades técnicas. Basta observar que el aumento del salario mínimo ha empujado a miles de microempresas informales a reducir personal, suspender contratos o trasladar costos a los consumidores. De hecho, según Fenalco y ANIF, más del 80% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas unidades productivas que no tienen capacidad para absorber aumentos constantes sin modificar precios o empleo. No son multinacionales con márgenes amplios; son negocios familiares, tenderos, emprendedores, restaurantes pequeños, talleres mecánicos. Para ellos, un aumento del salario mínimo no se traduce en bienestar, sino en mayor vulnerabilidad.

Cuando hablamos de trabajadores, por otra parte, rara vez mencionamos su verdadero enemigo: la pérdida del poder adquisitivo. El billete de cien mil sigue siendo el mismo billete, pero cada año compra menos. Y lo paradójico es que el gobierno presenta este problema como una razón para subir el salario mínimo, cuando es precisamente esa misma dinámica la que alimenta el ciclo inflacionario. Es como tratar de apagar un incendio echándole gasolina. El trabajador recibe más dinero, pero al año siguiente, el mercado —ajustado al IPC— se encarga de devolverlo a la realidad: la misma canasta básica, los mismos precios crecientes, el mismo costo de transporte, los mismos arriendos en alza. Nada cambia. O más bien, sí cambia: el Estado recauda más.

Y es aquí donde aparece la verdadera discusión que Colombia evita: ¿queremos vivir en una economía donde los salarios crecen por decreto o en una donde los salarios crecen por productividad? La primera conduce a la pobreza disfrazada; la segunda, a la prosperidad sostenible. Es la diferencia entre el espejismo y la realidad. Joseph Stiglitz, un economista reconocido por sus críticas al libre mercado, reconoce en su libro “El precio de la desigualdad” que los incentivos bien distribuidos son clave para que una economía crezca. Sin productividad, ningún aumento es sostenible. Incluso quienes defienden una mayor intervención estatal reconocen que no hay riqueza posible sin un sector productivo fuerte.

Si tuviéramos una discusión honesta en Colombia, aceptaríamos que el salario mínimo ha cumplido un rol simbólico más que económico. Es un número que se usa como referencia para multas, contratos, tasas judiciales, aportes y beneficios. Es el punto alrededor del cual gira toda la estructura formal del país. Pero esa dependencia excesiva hace que su aumento tenga efectos colaterales muy superiores al bienestar que pretende generar. La política pública no puede seguir apoyándose en símbolos; debe apoyarse en resultados.

El trabajador colombiano no necesita que le suban el salario mínimo cada año; necesita que su dinero valga más. Necesita una moneda estable, un entorno competitivo, un mercado abierto, impuestos más bajos, reglas claras, inversión, infraestructura, educación útil, menos trámites y menos Estado metido en lo que no le corresponde. La calidad de vida no se construye con decretos, se construye con libertad económica. No hay política pública que pueda reemplazar eso.

Y aunque el discurso progresista intente mostrar lo contrario, el mercado laboral no mejora artificialmente por obligación estatal. Mejora cuando se le permite a la economía respirar. Cuando un emprendedor no tiene miedo de contratar porque sabe que no será castigado con cargas excesivas. Cuando un trabajador puede competir, formarse, cambiar de empleo, escalar, crear, innovar. Cuando las empresas pueden crecer sin que cada año se les dicte cuánto deben pagar independientemente de su situación real. La riqueza no surge del papel, surge del esfuerzo combinado de millones de personas en un entorno que premia la productividad y no la complacencia política.

Por eso la discusión del salario mínimo debe dejar de ser emocional y convertirse en racional. No se trata de estar “a favor o en contra” del trabajador. Se trata de entender que protegerlo significa decirle la verdad: que cada aumento artificial del salario mínimo lo hace más pobre. Que el enemigo no es el empresario, sino la inflación. Que detrás del aumento que celebra en diciembre se esconde la reducción silenciosa de su bienestar en junio. Que mientras el Estado se lleva una parte más grande de su ingreso, él se queda con menos margen de maniobra para vivir, crecer o ahorrar.

Si queremos un país más próspero, debemos atrevernos a cuestionar estas verdades cómodas. Debemos asumir que el salario mínimo, tal como funciona hoy en Colombia, es un espejismo. Uno que brilla en la superficie, pero que en el fondo nos conduce al desierto de la inflación y del estancamiento productivo. Y la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es simple, pero profundamente incómoda: ¿vamos a seguir celebrando el espejismo o nos atreveremos a construir la realidad?