El precio del Estado

La crisis de asequibilidad que hoy viven millones de colombianos no es un misterio económico ni una tormenta perfecta caída del cielo; es la consecuencia lógica, predecible y casi mecánica de un modelo de poder que ha convertido la intervención estatal en un negocio rentable para los que mandan y en un lastre insoportable para los que producen, crean, emprenden y trabajan. No es un accidente, es un diseño. No es un error, es una estrategia. Y por eso, para solucionarla, no necesitamos más programas, más ministerios, más subsidios, más burocracia ni más discursos de “justicia social”; lo que necesitamos son tijeras. Tijeras afiladas, sin miedo, que corten las raíces reales del encarecimiento de la vida en Colombia.

El cuento de que todo se arregla aumentando el gasto público es una falacia repetida tantas veces que terminó sonando razonable. Pero es exactamente lo contrario: el gasto estatal es la gasolina que aviva el incendio. En vivienda, por ejemplo, los precios se disparan no porque falte intervención, sino porque sobra. Licencias demoradas, tramitomanía, normas absurdas, restricciones que encarecen la tierra y limitan la oferta. En un país donde construir es una odisea regulatoria, la vivienda será siempre un lujo. Si el Estado simplemente se hiciera a un lado y dejara construir más rápido, más barato y con más competencia, la vivienda bajaría sola. No se necesita un peso público adicional: se necesita un Estado que no estorbe.

Lo mismo ocurre con la energía. Colombia tiene el potencial de ser una potencia energética en la región, pero decisiones ideológicas –como frenar la exploración, sabotear licencias de proyectos estratégicos o imponer cargas regulatorias impredecibles– convierten la energía en un privilegio, no en un servicio básico. El costo no es solo lo que llega en la factura de luz: es lo que pagan las empresas, los comercios, los hogares y los emprendedores que ven cómo cada kilovatio es un recordatorio de que la intervención estatal sube el costo de todo lo que consumimos.

Y ni hablar de la salud. Mientras se ataca la oferta privada y se intenta reemplazar un modelo funcional por uno estatizado, el país va hacia un sistema más lento, más costoso y más ineficiente. La solución no está en más gasto público, sino en permitir más competencia, más proveedores, más innovación y más libertad para que los servicios de salud puedan ampliarse, mejorarse y abaratarse sin depender del control central.

Luego viene el capítulo de los subsidios y privilegios disfrazados: los programas que garantizan créditos estudiantiles, subsidian sectores específicos y protegen oligopolios como el farmacéutico o el agrícola. Los consumidores pagan más porque el Estado decidió escoger ganadores, no porque el mercado falló. Aquí está una verdad incómoda que nadie en el poder quiere admitir: la mayoría de los precios altos que indignan a los ciudadanos no existen por causas naturales, sino porque alguien en el Congreso, en un ministerio o en una agencia decidió intervenir para beneficiar a un grupo en particular. La pobreza, entonces, no es solo económica: es política.

Cuando esas políticas se desmonten, cuando se acaben los privilegios que encarecen artificialmente bienes y servicios, será posible eliminar, o al menos reducir de manera drástica, todos los programas asistenciales creados después para “compensar” el daño. La trampa de la política social en Colombia es que el gobierno crea el problema, genera pobreza, encarece la vida… y luego se presenta como salvador ofreciendo subsidios que él mismo hizo necesarios. Es un ciclo diseñado para hacer al ciudadano dependiente y al político poderoso.

Y con esos cortes, el país podría reducir su deuda pública –un monstruo que crece sin pausa– y empezar a bajar impuestos. Esta parte es clave: en Colombia, el mayor gasto de la mayoría de hogares no es el mercado, ni la gasolina, ni el arriendo; es el Estado. Impuestos visibles, ocultos, dobles, cruzados, locales, nacionales, sobre nómina, sobre consumo, sobre propiedades, sobre ingresos, sobre ahorro, sobre herencias. El Estado colombiano es un socio involuntario que exige una tajada cada vez más grande y ofrece cada vez menos. Bajar impuestos sería el mayor alivio directo y real a la clase media colombiana. La verdadera política social está en permitir que la gente conserve lo que gana.

Pero aquí aparece la parte amarga del diagnóstico: las políticas que generan la crisis de asequibilidad son extremadamente lucrativas para la clase política y para los sectores que viven de la burocracia, las regulaciones, los subsidios y los contratos estatales. No son errores. No son torpezas. No son equivocaciones sinceras. Son esquemas deliberados que concentran poder, votos y dinero en quienes gobiernan. En un país donde la captura del Estado es un estilo de vida, desmontar esos privilegios será visto como una amenaza existencial por quienes se benefician de ellos.

Es por eso que cualquier intento real de abaratar la vida será ferozmente atacado, bloqueado, distorsionado y ridiculizado. La política no funciona porque las soluciones no existan, sino porque las soluciones acaban con los negocios de quienes gobiernan. Así como en Estados Unidos, donde esta reflexión nació, en Colombia los mismos que dicen querer resolver la crisis serían los más afectados si realmente se resolviera. La política colombiana funciona así: el problema debe persistir para justificar el poder de quienes dicen combatirlo.

Por eso, las soluciones son políticamente difíciles, pero inevitablemente necesarias. Para avanzar, hace falta entender lo que realmente debe pasar, identificar con precisión quirúrgica las causas profundas del encarecimiento, y empezar –paso a paso o de golpe– a desmontarlas. Y sobre todo, hace falta algo que en Colombia parece radical: rechazar a cualquier político que hable de la crisis pero se niegue a tocar las causas verdaderas. Un líder incapaz de señalar los privilegios que encarecen la vida es un líder inútil. Un gobernante que promete alivios sin recortar el poder del Estado está vendiendo humo. Y un movimiento político que evita hablar de cómo recuperar la libertad económica es un movimiento que prefiere la pobreza administrada al progreso real.

El precio del Estado se ha vuelto demasiado alto. No solo para la economía, sino para la vida cotidiana. Y si queremos que la crisis de asequibilidad sea un recuerdo, no una condena, el país tendrá que tomar una decisión histórica: o seguimos alimentando el monstruo o empezamos a desmontarlo.

Tarde o temprano, la libertad se vuelve la única salida.