El precio de vivir del Estado

En Colombia, el dinero ya no alcanza. Las familias hacen cuentas en los supermercados, los pequeños empresarios se ahogan en impuestos y el Estado gasta como si los recursos fueran infinitos. Pero el verdadero problema no es que haya menos billetes circulando, sino que el sistema mismo está diseñado para empobrecernos. Hemos permitido que el Estado de bienestar se convierta en un monstruo insaciable, financiado por un sistema monetario fiduciario que imprime promesas vacías mientras destruye la capacidad adquisitiva de quienes producen. Es un círculo perverso donde el gobierno promete protegernos de la pobreza, pero termina creándola.

La expansión del Estado colombiano ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Ministerio de Hacienda, el gasto público nacional pasó de representar el 30 % del PIB en 2010 al 39 % en 2024, y la deuda pública ya supera el 57 % del PIB. Es decir, gastamos más de lo que producimos y lo financiamos con deuda e impuestos que terminan castigando la productividad. La inflación, aunque oficialmente controlada en un 6,7 % según el DANE, sigue erosionando el poder de compra de millones de colombianos, especialmente de la clase media, que se convierte en la principal víctima de un modelo que predica redistribución pero practica expoliación.

El economista Milton Friedman advertía que “no hay almuerzo gratis”: cada peso que el Estado gasta proviene del bolsillo de alguien que trabaja. Sin embargo, en Colombia seguimos creyendo que el gobierno puede crear riqueza a punta de subsidios, programas asistenciales y “políticas sociales”. El Estado de bienestar se ha convertido en una trampa política: promete igualdad, pero lo único que iguala es la frustración. Mientras tanto, la burocracia crece y los incentivos para producir se desvanecen. En palabras de Friedrich Hayek, “la planificación central conduce inevitablemente a la servidumbre”, porque en nombre de la justicia social se reduce la libertad individual y se sofoca la innovación.

Un ejemplo cotidiano lo vemos en la informalidad laboral, que supera el 56 % en las principales ciudades. La mayoría de los colombianos trabaja sin seguridad social ni estabilidad, no porque no quieran formalizarse, sino porque el sistema fiscal y regulatorio los castiga por hacerlo. Registrar una empresa, pagar impuestos y cumplir con la normativa es un privilegio reservado para quienes pueden soportar el peso del Estado. Mientras tanto, los políticos anuncian nuevos programas de transferencias como si fueran gestos de bondad, cuando en realidad son instrumentos de control electoral financiados con dinero inflado y deuda impagable.

La raíz del problema está en el dinero mismo. Desde que abandonamos el patrón oro y adoptamos un sistema de dinero fiduciario, el gobierno obtuvo la capacidad de financiar su crecimiento sin respaldo real. El Banco de la República emite dinero sin relación directa con la productividad nacional, devaluando el ahorro y distorsionando los precios. Ludwig von Mises explicaba que la inflación no es un fenómeno natural, sino una política deliberada de los gobiernos para financiar su gasto. En Colombia, esta expansión monetaria ha sido el colchón del déficit fiscal: cada vez que el gobierno no puede recaudar lo suficiente, recurre a la deuda y a la emisión, disfrazando la pérdida de valor de la moneda bajo el argumento de la “reactivación económica”.

Hoy lo vemos con claridad. Mientras los precios de los alimentos, la vivienda y la energía suben, el Estado sigue engrosando su nómina y sus programas. Entre 2020 y 2024, el gasto social aumentó más del 30 %, pero la pobreza monetaria se mantiene en el 29 %, según el DANE. ¿Cómo es posible que gastando más logremos menos resultados? La respuesta es que el dinero no llega a donde debe. El asistencialismo genera dependencia, no progreso; y la inflación, que el gobierno disfraza de crecimiento, no es más que una forma de confiscación silenciosa. El trabajador pierde su poder adquisitivo, el empresario su margen de ganancia, y el político gana más poder para intervenir.

En este contexto, culpar al “mercado” por los males económicos resulta una farsa conveniente. No es el mercado quien produce inflación, sino las políticas que lo distorsionan. No son los empresarios quienes empobrecen a la sociedad, sino los impuestos y las trabas que los obligan a operar con miedo. Mientras en países con economías abiertas como Suiza o Singapur la carga fiscal permite el ahorro y la inversión, en Colombia seguimos premiando la dependencia estatal y castigando la iniciativa privada. Y cuando los resultados son mediocres, la solución que se ofrece siempre es más Estado: más subsidios, más impuestos, más regulaciones.

Pero la verdadera salida no está en reformar el Estado de bienestar, sino en abandonarlo. Debemos volver a una economía donde la responsabilidad individual y la libertad económica sean el motor del progreso. Un gobierno limitado no significa un país sin justicia social, sino uno donde las personas puedan prosperar sin pedir permiso al Estado. Donde el mérito sustituya al favor político, y la competencia reemplace la corrupción. Donde la riqueza se produzca antes de ser repartida.

Colombia necesita recuperar la confianza en la propiedad, en el trabajo y en el comercio libre. Debemos abrirnos al mundo, comerciar con todos los países posibles sin ideologizar nuestras relaciones, y dejar de ver en el proteccionismo una solución a nuestros males. Como decía Bastiat, “si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos”. La paz duradera y la prosperidad verdadera no se construyen con decretos, sino con libertad.

El dinero no alcanza porque lo que producimos se destruye en la maquinaria del Estado. Estamos a punto de quebrar no por falta de recursos, sino por exceso de gobierno. La solución no está en nuevos impuestos ni en más subsidios, sino en devolverle al ciudadano el control sobre su destino. Si queremos un futuro de abundancia, debemos atrevernos a abandonar el espejismo del Estado paternalista y el sistema monetario que lo alimenta. Solo entonces, cuando la libertad económica vuelva a ser el centro de nuestra vida social, el dinero volverá a tener valor y el trabajo volverá a tener sentido.