El precio de entregar la libertad

Colombia vive un momento extraño: un país con inmenso potencial atrapado por un relato económico que promete prosperidad mientras erosiona silenciosamente las bases que permiten crear riqueza. Es un país donde la discusión pública sobre economía dejó de ser un examen de datos y principios, y se convirtió en un concurso de emociones, consignas y apelaciones morales. En esa arena, incluso figuras que ostentan títulos académicos en economía, como el propio presidente Gustavo Petro, terminan defendiendo postulados desconectados de la realidad y profundamente reñidos con el funcionamiento elemental de cualquier sistema productivo.

Petro insiste en que la economía colombiana no despega porque “los ricos no quieren”, porque “los empresarios no lo permiten” o porque “la derecha no lo deja gobernar”. Ese discurso, funcional para movilizar resentimientos, se derrumba cuando uno observa lo que realmente ocurre: los mercados no fracasan porque la libertad sea insuficiente, sino porque cada intervención estatal que busca corregir supuestos “fallos del mercado” genera distorsiones que terminan siendo atribuidas nuevamente al propio mercado. Es el ciclo de retroalimentación del intervencionismo que describió Ludwig von Mises con una claridad casi profética, un ciclo que Colombia reproduce hoy con precisión quirúrgica.

El gobierno actual parte de un supuesto erróneo: que la economía es una ecuación matemática abstracta, dominada por fórmulas keynesianas que suponen que la voluntad gubernamental puede reemplazar el juicio descentralizado de millones de ciudadanos. Pero la economía no es un tablero de control; es un proceso dinámico, vivo, compuesto por decisiones individuales, expectativas cambiantes y un conocimiento disperso que ningún ministerio puede centralizar sin destruir. Cuando un gobierno intenta manipular los precios, dirigir la inversión, frenar sectores enteros mientras impulsa otros, o alterar las señales del mercado a punta de decreto, no está organizando la economía: está saboteando el mecanismo que permite que funcione.

Lo cierto es que los mercados funcionan mal cuando se someten a la soberanía estatal. No importa si se trata del mercado de zapatos, de bikinis, de energía, de salud o de vivienda: cuando los burócratas reemplazan la lógica de la oferta y la demanda por la lógica de la obediencia y la coacción, lo único que prospera es la escasez. En Colombia, lo hemos vivido una y otra vez: controles de precios que destruyen la oferta, subsidios que distorsionan la producción, empresas estatales que acumulan pérdidas millonarias mientras exigen más impuestos a quienes sí generan valor, regulaciones que sofocan la iniciativa privada y discursos que demonizan a quien crea empleo, invierte y arriesga capital.

Es una pendiente resbaladiza. Lo que comenzó como una sociedad relativamente libre, con defectos pero con espacio para emprender, empieza a transformarse en una estructura de dependencia estatal. Cada intervención se justifica con la promesa de ayudar; cada fracaso se culpa al mercado por no haberse sometido lo suficiente; cada nueva crisis exige más poder gubernamental. Y así, capa sobre capa, el país va construyendo la arquitectura de un estado paternalista que, en nombre de la justicia social, limita la competencia, castiga la innovación, ahuyenta la inversión y convierte la prosperidad en una aspiración lejana.

La propaganda oficial hace su parte. Presenta al Estado como el héroe moral y al mercado como el villano. Promueve la idea de que la riqueza se reparte, no se crea; que la libertad económica es una concesión que puede retirarse; que los empresarios son afortunados sospechosos; que la independencia económica del ciudadano es un obstáculo para la igualdad. Esa narrativa no es nueva: ha acompañado a cada sociedad que se deslizó lentamente hacia el control burocrático total. Y, como advirtió Mises en El socialismo (1950), es una narrativa condenada a devorarse a sí misma, porque el intervencionismo no corrige problemas: los multiplica hasta volver inevitable lo que parecía impensable.

Colombia aún está a tiempo. Pero ese tiempo se acorta con cada política que debilita la libertad económica, con cada mensaje presidencial que demoniza la creación de riqueza, con cada reforma que desplaza al individuo para ensalzar al burócrata. Si queremos un futuro distinto, necesitamos algo más que indignación: necesitamos educación económica. Necesitamos comprender —y enseñar a otros— que los mercados no son enemigos del bienestar, sino sus condiciones. Que la libertad no es un privilegio, sino la materia prima del progreso. Que, por más seductor que sea el discurso estatal, ninguna sociedad ha prosperado cuando renunció a su autonomía para entregarse al control político.

La responsabilidad de defender la libertad económica es nuestra, no de un gobierno. Los reformadores estatistas existirán siempre; llevan siglos oponiéndose al comercio libre, a la propiedad privada y a la capacidad humana de intercambiar voluntariamente. Pero la historia también demuestra que ninguna maquinaria propagandística es más poderosa que el coraje intelectual de los ciudadanos conscientes. Ese coraje comienza por rechazar la resignación y asumir una tarea sencilla pero poderosa: educarnos a nosotros mismos y educar a otros. Porque la libertad económica no se defiende sola. Y un país que la entrega, por ingenuidad o por miedo, termina pagando un precio que tarda generaciones en revertirse.

Colombia está ante una encrucijada. O profundiza el camino que nos conduce al estancamiento burocrático, o recupera la convicción de que los individuos, no los gobiernos, son los verdaderos motores del progreso. La decisión, al final, es nuestra. Y esa decisión empieza entendiendo, de una vez por todas, el valor insustituible de los mercados libres.