El precio de apagar la chispa

La discusión sobre el progreso económico en Colombia suele girar en círculos, atrapada entre nostalgias por un Estado que todo lo resuelva y desconfianzas infundadas hacia el mercado. Pero este año, cuando el Premio Nobel de Economía fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por demostrar cómo la innovación impulsa el crecimiento de manera sistemática, se abrió una ventana para repensar qué nos está frenando como país. La tesis central de estos autores es tan simple como contundente: las sociedades progresan cuando crean condiciones para que el conocimiento avance, los emprendedores compitan y las instituciones protejan los derechos individuales, especialmente los derechos de propiedad. Una idea que parece obvia, pero que en Colombia sigue siendo disruptiva.

Porque, como recuerda Mokyr en Culture of Growth (2016), la Ilustración no solo transformó la filosofía europea, sino que sembró las bases de la Revolución Industrial al liberar a las personas de la tutela intelectual y económica de los poderes establecidos. Allí nació el capitalismo industrial, un sistema que reconoce que la riqueza se crea, no se distribuye; que el bienestar emerge de la libertad para emprender, no de la obediencia; y que el crecimiento sostenido solo es posible cuando la propiedad privada se respeta de forma innegociable. En palabras de Ludwig von Mises, “la ideología del laissez-faire y su consecuencia, la Revolución Industrial, derribaron las barreras ideológicas e institucionales al progreso y al bienestar”. Su análisis es incómodo para sociedades como la nuestra, acostumbradas a pensar que el problema es la desigualdad y no la falta de oportunidades reales para generar riqueza.

Cambiar de tema en este punto es inevitable, porque la innovación —esa chispa que Aghion y Howitt describen como el motor del crecimiento endógeno— no puede florecer en un entorno donde la incertidumbre jurídica, la inestabilidad regulatoria y la politización de la economía carcomen la confianza. En Colombia, cada discusión pública sobre el sector productivo gira alrededor de cuánto debe intervenir el Estado, pero casi nunca sobre qué condiciones necesitamos para liberar el potencial innovador que ya existe. Mientras los Nobel insisten en que el progreso depende de un ecosistema que premie el ensayo y error, aquí seguimos asfixiando al emprendedor con trámites, barreras, licencias y reformas improvisadas que cambian cada dos años, como si la creación de empresas fuera un privilegio y no la puerta principal a la movilidad social.

De hecho, cuando se observa el mapa económico del país, el contraste es evidente: regiones donde la seguridad jurídica es débil, donde los grupos armados imponen reglas paralelas, donde el Estado no llega o llega mal, son regiones donde la innovación es mínima y el crecimiento es precarísimo. El Catatumbo, el Pacífico profundo, el sur de Bolívar o el Bajo Cauca no están estancados por mala suerte: están atrapados en un orden institucional que no permite que la creatividad económica se exprese, que penaliza la inversión y que convierte cualquier proyecto productivo en una apuesta temeraria. Lo que los Nobel describen a escala global ocurre a escala local en Colombia: donde no hay instituciones que protejan las libertades económicas, no puede haber prosperidad.

Pero, más allá de los territorios, existe un fenómeno cultural que vale la pena enfrentar. Mientras en países como Corea del Sur, Finlandia o Israel la innovación se ha convertido en política de Estado —con incentivos estables, reglas claras y un respeto casi sagrado por el derecho a emprender—, en Colombia se ha vuelto frecuente que ciertos sectores políticos retraten al empresario como un explotador, al mercado como una amenaza y a la competencia como un problema. La narrativa del “Estado protector” sigue seduciendo a muchos, pese a que su promesa nunca se cumple. El reciente debate sobre las reformas económicas —en salud, pensiones o laboral— muestra cómo la desconfianza hacia la economía de mercado crece mientras los datos prueban lo contrario: los países más prósperos y equitativos del mundo son aquellos donde las instituciones favorecen la innovación, no el asistencialismo.

Un ejemplo cotidiano lo deja aún más claro: cada vez que un negocio pequeño en Colombia quiere crecer, se encuentra con un muro invisible compuesto por trámites desarticulados, impuestos municipales que funcionan como peajes feudales y exigencias regulatorias que cambian de forma caprichosa según el color político del alcalde o del Congreso del momento. El resultado es perverso: emprendedores talentosos abandonan sus proyectos, empresas medianas se informalizan para sobrevivir, y la economía entera pierde dinamismo. Es el reflejo de lo que Peter Howitt explica en su teoría de la destrucción creativa: cuando el sistema no permite que nuevas ideas compitan con las viejas, lo que muere no es la ineficiencia, sino el progreso.

Y es aquí donde entra la parte más incómoda de la reflexión: Colombia no es un país pobre; es un país empobrecido por decisiones que han castigado durante décadas la libertad económica. Basta recordar que entre 2012 y 2019, según el Banco Mundial, Colombia tuvo un crecimiento promedio del PIB del 3,4%, impulsado principalmente por sectores donde la innovación podía avanzar sin demasiadas trabas. Pero entre 2020 y 2024 el crecimiento cayó en promedio por debajo del 2%, en parte porque las reformas propuestas, la incertidumbre regulatoria y la falta de claridad sobre las reglas del juego desincentivaron la inversión. El capital, como señala Aghion, es un animal sensible: huye de los ambientes donde reina la desconfianza.

Al observar esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿por qué insistimos en políticas que destruyen la libertad económica cuando el mundo señala exactamente lo contrario? ¿Por qué seguimos creyendo que la intervención estatal es la solución a nuestros problemas si las sociedades que más han progresado lo hicieron cuando dejaron espacio para que la innovación floreciera sin temor a ser confiscada, desestimada o burocratizada? Bastaría escuchar a pensadores como Thomas Sowell o incluso a líderes políticos que, desde distintas orillas, han reconocido que la creación de riqueza depende de reglas estables, mercados libres y derechos de propiedad protegidos. No es ideología: es evidencia empírica.

Y al final, cuando se mira de nuevo el mensaje que deja el Nobel de este año, la conclusión es inevitable: el progreso no es un accidente, es una consecuencia. No se produce por decreto, ni por subsidio, ni por discursos incendiarios, sino por un ecosistema de libertad donde el conocimiento se multiplica, la competencia mejora la calidad de vida y la innovación permite que millones salgan de la pobreza sin depender de un político. Si Colombia quiere romper con el estancamiento, debe encender la chispa que otros países jamás permitieron que se apagara.

Mokyr, Aghion, Howitt y, desde otra tradición intelectual, Mises, nos recuerdan lo mismo: la libertad económica no es un capricho; es el fundamento de cualquier sociedad que aspire a prosperar. Si seguimos debilitando esas bases, no solo estaremos deteniendo el crecimiento, sino apagando la posibilidad misma de construir un país donde la prosperidad no sea una promesa, sino una realidad alcanzable.

La innovación es la chispa; la libertad es el aire que la mantiene viva. Y Colombia, si quiere abrirse paso al futuro, debe decidir si quiere un país de fuego o un país de cenizas.