El nuevo diezmo verde

En Colombia, donde cada nuevo impuesto se disfraza de virtud moral, los llamados impuestos verdes se han convertido en el nuevo dogma del poder político. Se presentan como una herramienta indispensable para salvar el planeta, como si la recaudación fiscal fuera capaz de enfriar el clima o detener la deforestación amazónica. Sin embargo, detrás de la retórica del “cambio climático” y los discursos apocalípticos de “puntos de no retorno”, se esconde una profunda contradicción entre la promesa ecológica y la realidad económica: el Estado no está salvando el planeta, está extrayendo más recursos de una ciudadanía agotada, usando la culpa ambiental como argumento moral para legitimar la expansión del gasto público.

El problema de fondo no es el cambio climático —un fenómeno real, pero complejo y multifactorial—, sino la manipulación ideológica que lo rodea. El temor a un cataclismo climático se ha convertido en el motor de una nueva ingeniería fiscal, donde cada litro de gasolina, cada bolsa plástica o cada tonelada de carbono son vistos como una fuente de ingresos más que como una oportunidad de innovación tecnológica. Mientras en los discursos oficiales se habla de “transición energética justa”, en la práctica los impuestos verdes encarecen el transporte, la canasta familiar y los costos de producción, trasladando el peso económico a los hogares y a las pequeñas empresas, justo aquellas que más luchan por sobrevivir en un país con una de las cargas tributarias más altas de la región.

Tomemos como ejemplo el impuesto nacional al carbono, implementado en Colombia desde 2017. Según cifras del Ministerio de Hacienda, esta medida ha recaudado más de 3,8 billones de pesos hasta 2024, pero el impacto ambiental es prácticamente imperceptible: la deforestación no se ha detenido, las emisiones totales no han disminuido y la transición energética sigue siendo un discurso, no una política real. Los recursos, en su mayoría, han alimentado fondos y programas estatales de gestión ambiental cuya eficacia nadie evalúa. En otras palabras, el impuesto verde se ha transformado en una renta burocrática, no en una herramienta de transformación ecológica.

Detrás de esta lógica recaudatoria hay una vieja tentación autoritaria disfrazada de virtud. El Estado se arroga la capacidad de castigar comportamientos considerados “contaminantes” con la promesa de redimirlos mediante el pago de un tributo. Es, en esencia, una reedición del diezmo medieval: pagar para expiar el pecado, solo que ahora el pecado no es moral sino ecológico. La diferencia es que en lugar de la Iglesia, hoy es la burocracia ambiental quien administra el perdón. Así, los ciudadanos terminan comprando su inocencia climática con cada impuesto, sin que su sacrificio tenga efecto alguno sobre el supuesto problema global que se intenta resolver.

Lo más preocupante es que el debate público ha sido monopolizado por una visión ideológica que equipara toda crítica al ecologismo fiscal con negacionismo climático. Pero la duda razonable es legítima en una democracia: ¿qué tan válidas son las proyecciones catastróficas en las que se basan estas políticas? Los modelos climáticos, por naturaleza, son probabilísticos, no deterministas. La historia reciente muestra cómo muchos de los “puntos de no retorno” anunciados por la ONU o por figuras como Al Gore en la década de 2000 nunca se cumplieron. Sin embargo, estos vaticinios han servido para construir un discurso político global que justifica la imposición de nuevas cargas impositivas.

En el plano económico, las consecuencias son palpables. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el sobrecosto derivado de los tributos ambientales y energéticos ha afectado la competitividad industrial, especialmente en sectores como el transporte, la manufactura y la agroindustria. La llamada “transición energética” se ha convertido en una retórica que ignora la realidad de un país dependiente del gas, el carbón y los hidrocarburos, fuentes que generan empleo y divisas. Mientras se penaliza su uso, se promueve un modelo de energías renovables que aún no es ni estable ni asequible para la mayoría de los hogares. El resultado es un círculo vicioso: más impuestos, menos inversión, más pobreza, menos capacidad para invertir en tecnología verde genuina.

Por otro lado, el discurso ambiental se ha convertido en un nuevo espacio de rentas políticas. Alrededor de los impuestos verdes florecen consultorías, ONG, observatorios climáticos y programas financiados con recursos públicos cuyo principal objetivo no es reducir las emisiones sino garantizar la supervivencia de las burocracias que viven del “problema”. En 2023, la Contraloría General alertó sobre la falta de trazabilidad en los recursos del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), señalando que gran parte del dinero se destinó a gastos administrativos y contratos sin impacto verificable. No es casualidad: la economía verde se ha transformado en un negocio, no en una causa.

Paradójicamente, los mayores contaminadores del mundo —China, Estados Unidos e India— no asumen los mismos sacrificios que se exigen a países como Colombia. Mientras nosotros aumentamos los tributos al combustible, ellos subsidian la producción de carbón o petróleo para garantizar su seguridad energética. Esto demuestra que el cambio climático, más que un problema global gestionado de forma equitativa, se ha convertido en un mecanismo de **reconfiguración geopolítica y comercial**, donde los países desarrollados imponen reglas que debilitan la competitividad de las economías emergentes bajo el pretexto de la moral ecológica.

Pero el argumento más contundente contra la legitimidad de los impuestos verdes no es moral ni ideológico, sino empírico: las verdaderas reducciones de contaminación y eficiencia energética en el mundo no se han logrado por coerción estatal, sino por innovación privada. Desde la revolución industrial hasta la actualidad, la tecnología y la competencia han sido los motores del progreso ambiental. La búsqueda de eficiencia —de hacer más con menos— ha impulsado a las empresas a desarrollar sistemas de producción más limpios, energías más baratas y productos más sostenibles. El capitalismo, cuando opera en libertad, es el mejor aliado del medio ambiente, porque convierte el ahorro de recursos en un incentivo económico, no en una obligación política.

Pretender sustituir la innovación por impuestos es desconocer la lógica de la prosperidad. El Estado no crea eficiencia, solo la grava. Por eso, en lugar de seguir imponiendo tributos verdes, Colombia debería incentivar la inversión en ciencia, energía limpia y educación ambiental empresarial. El progreso ecológico no nace de la penalización, sino de la creatividad humana. Castigar el consumo y la producción no hace más verde una economía; solo la hace más pobre.

En últimas, los impuestos verdes son la nueva religión del miedo climático, un sistema de fe basado en la culpa colectiva y la obediencia tributaria. Los ciudadanos se sienten obligados a pagar por su supuesta huella ambiental mientras los gobiernos se erigen en salvadores del planeta. Pero ningún impuesto puede cambiar el clima; lo que sí cambia es la estructura económica y social de un país. En Colombia, donde la informalidad laboral supera el 56 % y la pobreza monetaria ronda el 40 %, pretender resolver un problema global con tributos locales es no solo ineficaz, sino profundamente injusto.

La sostenibilidad real no se impone desde un ministerio ni se compra en la factura de la gasolina. Nace de la libertad económica, del ingenio y de la responsabilidad individual. Los impuestos verdes, en cambio, no son otra cosa que la nueva forma de control moral del siglo XXI: el diezmo de una fe ecológica que ha sustituido la razón por el dogma, la ciencia por la ideología y la conciencia por el miedo.