El mito del Estado protector

En Colombia vivimos una contradicción profunda: mientras el discurso político promete justicia, equidad y bienestar mediante la expansión del Estado, la realidad económica muestra un país atrapado en el círculo vicioso de la dependencia y la intervención. La mayoría de los ciudadanos considera que el Estado es indispensable para resolver los problemas del desempleo, la pobreza o la desigualdad, pero ignora que gran parte de esos males son producto de su propia injerencia. Se nos ha enseñado a creer que sin el Estado el caos sería inevitable, como si la libertad fuera sinónimo de desorden. Sin embargo, la historia demuestra que la coerción disfrazada de protección es el verdadero germen del estancamiento.

El colombiano promedio ve al Estado como un padre benevolente, aunque este padre viva endeudado, administre mal sus recursos y premie la ineficiencia. Se ha normalizado la idea de que es el Estado quien “da empleo”, quien “reactiva la economía” o quien “protege” a los débiles, cuando en realidad lo que hace es absorber una porción cada vez mayor de la riqueza producida por quienes arriesgan, innovan y trabajan. En 2024, el gasto público del Gobierno Nacional Central representó más del 22 % del PIB, mientras que la inversión privada —el verdadero motor del crecimiento— sigue contenida por la inseguridad jurídica, la burocracia y la carga tributaria. Lo paradójico es que, pese a la evidencia, cada crisis económica refuerza la idea de que el mercado falló y que solo el Estado puede salvarnos.

Esta mentalidad paternalista no es exclusiva de Colombia; es el reflejo de una tendencia global. Friedrich Hayek advirtió que los pueblos, en su búsqueda de seguridad, sacrifican libertad a cambio de promesas que nunca se cumplen. En América Latina, donde el populismo se confunde con justicia social, el Estado se erige como una suerte de salvador que compra obediencia con subsidios. En Colombia, el debate sobre el papel del Estado se ha radicalizado: de un lado, quienes defienden un modelo asistencialista que pretende redistribuir riqueza mediante subsidios y programas sociales; del otro, quienes sostienen que el verdadero progreso proviene del trabajo libre y de la competencia abierta.

La realidad es que el Estado colombiano ha perfeccionado el arte del intervencionismo con rostro amable. A través de programas sociales, contratos estatales y regulaciones, se ha convertido en el principal distribuidor de favores y privilegios. En 2025, más de 23 millones de colombianos dependen de algún tipo de subsidio o ayuda estatal. Pero esta dependencia no es un acto de justicia social, sino un mecanismo de control político. Los subsidios, lejos de resolver la pobreza, la perpetúan, porque eliminan el incentivo de crear, producir o asumir riesgos. Así, el Estado se presenta como protector mientras destruye silenciosamente la iniciativa individual.

Basta observar el mercado laboral: más del 58 % de los colombianos trabaja en la informalidad. No es falta de talento ni de ganas; es exceso de regulación. Emprender en Colombia es una hazaña. Los pequeños empresarios enfrentan más de cuarenta trámites para formalizarse y una carga tributaria que puede superar el 70 % de sus ingresos netos. El resultado es evidente: los que intentan prosperar sin depender del Estado son castigados, y los que esperan ayuda del Estado son premiados con dependencia. Es una ecuación perversa que convierte al ciudadano en súbdito.

En este punto, la propaganda juega su papel más eficaz. Se nos repite que las desigualdades son culpa del mercado, no de las normas que lo distorsionan. Cada vez que una intervención estatal fracasa —como ocurrió con el control de precios de medicamentos o con la regulación del transporte público— se propone más regulación, más burocracia y más gasto público. Es el ciclo eterno del error repetido: el Estado interfiere, el mercado se adapta mal, el Estado culpa al mercado y amplía su poder. Y mientras tanto, la población celebra la “presencia del Estado”, sin notar que cada nueva ley, cada nuevo impuesto y cada nueva empresa pública reduce un poco más su libertad.

Ejemplos recientes abundan. La reforma laboral, presentada como una medida para dignificar al trabajador, amenaza con destruir miles de empleos en sectores que apenas se recuperan. La reforma a la salud, promovida en nombre de la equidad, desmantela un sistema que, con todos sus defectos, logró coberturas del 98 % en atención médica. Y la reforma pensional, bajo la promesa de solidaridad, convierte el ahorro individual en una bolsa común administrada por la política. Cada una de estas medidas comparte el mismo espíritu: desconfianza en el individuo y fe ciega en el Estado.

Pero no todo es pesimismo. En los márgenes del país, lejos de los despachos ministeriales, miles de colombianos siguen demostrando que la cooperación voluntaria produce más prosperidad que cualquier decreto. Agricultores que se asocian para exportar sin intermediarios, jóvenes que crean empresas tecnológicas desde Medellín o Barranquilla, mujeres que lideran microempresas en zonas rurales sin pedirle permiso al Estado. Ellos encarnan el principio de que la libertad económica no necesita tutores, solo reglas claras y respeto por la propiedad.

El reto es cultural y educativo. No basta con reclamar menos impuestos o menos burocracia; es necesario entender por qué el mercado libre es moralmente superior al intervencionismo. El intercambio voluntario se basa en la cooperación y el beneficio mutuo; la coerción estatal, en la imposición y la redistribución forzada. Como dijo Milton Friedman, “una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad terminará sin ambas”. Y Colombia parece estar transitando esa senda, convencida de que la justicia se logra quitándole a unos para darle a otros, cuando en realidad el progreso se alcanza permitiendo que todos creen y produzcan sin miedo.

Si queremos tener futuro, debemos desmontar el mito del Estado protector. No se trata de eliminarlo, sino de devolverlo a su lugar: el de garante de derechos, no el de administrador de la vida económica. El verdadero bienestar no proviene del gasto público, sino del talento privado; no de la regulación, sino de la innovación; no del poder político, sino de la libertad. El día que entendamos que la riqueza nace del intercambio voluntario y no de la coerción, ese día Colombia dejará de ser un país de súbditos agradecidos y se convertirá en una nación de ciudadanos libres.