El empresario, no el político

El gesto más social no se encuentra en el estrado de un congreso ni en la liturgia de una entrega de subsidios; se encuentra en el local que abre sus puertas al amanecer, en la fábrica cuyo primer turno enciende una ciudad pequeña, en el aula donde un emprendedor contrata a alguien sin experiencia y le enseña a producir valor. Crear una empresa es, en esencia, un acto público: supone riesgo, capital privado y la capacidad de transformar incertidumbre en empleo remunerado. En Colombia, esta mecánica elemental de bienestar colectivo choca con fricciones concretas y medibles: la persistencia de una informalidad elevada, la fragilidad de la inversión privada y una presión fiscal que ha venido creciendo en los últimos años. Estas variables no son abstracciones; configuran incentivos que definen si la opción para millones será la iniciativa propia o la dependencia del reparto estatal. 

Si aceptamos que la economía funciona por incentivos, debemos reconocer que muchas políticas públicas recientes han cambiado esos incentivos en detrimento de la creación de riqueza. Un impuesto no es solo una cifra en un papel: es una reducción en la rentabilidad esperada que desalienta nuevas empresas y empuja a muchas ya existentes a mecanismos de informalidad para sobrevivir. Colombia elevó su recaudación como proporción del PIB en años recientes —pasando a niveles cercanos al 22% según estadísticas regionales— y al mismo tiempo mantiene una informalidad laboral que supera la mitad de la fuerza de trabajo. Esa coexistencia demuestra que recaudar más no garantiza mejores resultados sociales si la estructura del gasto y las reglas de juego no favorecen la inversión productiva. 

Quien minimiza el papel del empresario suele confundir dos cosas: la búsqueda legítima de ganancia con la avaricia, y el reparto asistencial con la justicia social. El lucro cumple una función disciplinadora: orienta recursos hacia actividades que satisfacen necesidades reales y permite que el ahorro se convierta en inversión, y la inversión en salarios y formación. En la práctica colombiana, miles de negocios familiares y pymes son las verdaderas instituciones de movilidad social: transforman capacidades locales en ingreso estable, aportan a las cadenas productivas y sostienen empleos que, muchas veces, permiten el acceso por primera vez a servicios básicos y crédito. Cada contrato formal es una transferencia de oportunidades; cada emprendimiento exitoso multiplica la posibilidad de que otra familia salga de la precariedad.

La contradicción se vuelve más clara en la cotidianeidad. Un ciudadano en necesidad puede acudir a un empresario local y recibir una oferta concreta: una vacante, un aprendizaje, un lazo con clientes. Alternativamente, puede aprender que pedir apoyo al Estado es más directo: asistencia, subsidios, transferencia. Cuando el Estado se hace visible por la concesión de bienes y el productor invisible por su esfuerzo, se produce una enseñanza cultural: la vía legítima para conseguir recursos es exigirlos, no producirlos. Esa lección tiene efectos acumulativos sobre la oferta laboral, la propensión al emprendimiento y la formalización, y alimenta dinámicas clientelares donde la política sustituye la empresa como principal organizador de recursos. La corrección no está en negar la protección social, sino en evitar que la protección se convierta en sustituto permanente de la oportunidad que genera empleo. 

El debate fiscal actual en Colombia añade urgencia a estas reflexiones. En 2025 el Gobierno presentó una nueva propuesta de reforma tributaria con cifras de recaudación extraordinarias en el horizonte presupuestal; la discusión sobre cómo financiar programas sociales y ambientales ocupa la agenda pública. Si tales reformas gravan de forma desproporcionada la actividad productiva, el resultado será una menor inversión, mayor evasión y una frágil recuperación económica por debajo del potencial que requieren las regiones. Por el contrario, una política que busque bases tributarias más amplias, menor carga sobre el empleo formal y mayores incentivos para la inversión podría ampliar la base de contribuyentes y legitimar la redistribución sin sofocar la producción. La elección política que enfrentamos es clara: ¿priorizar la recaudación coyuntural o fortalecer la capacidad productiva que sostiene el gasto público en el largo plazo?

No se trata de negar la existencia de vulnerabilidades: la pobreza, la brecha de género en el empleo y la fragilidad regional son realidades que exigen acción pública. Pero la acción prudente no replica la retórica del reparto permanente; busca concentrar gasto en lo que multiplica capacidades: educación técnica y superior alineada con el mercado, infraestructuras que reduzcan costos logísticos, formalización con incentivos y programas de apoyo al emprendimiento que reduzcan el riesgo inicial. La evidencia comparada sugiere que los países que combinan un marco regulatorio estable con incentivos a la formalización y la inversión privada logran mayores tasas de empleo de calidad y movilidad social. Colombia necesita esa coherencia entre medios y fines para que el empresario no sea visto como fardo sino como palanca. 

Finalmente, hay una pregunta ética y cultural que subyace en toda política económica: ¿a quién admiramos y queremos reproducir? Si celebramos al gestor que reparte lo que no produce, estamos incentivando la extracción; si honramos al creador que arriesga su patrimonio para ofrecer un empleo digno, estamos enseñando la responsabilidad y la solidaridad productiva. El empresariado, en su versión más positiva, es la encarnación práctica de la solidaridad: invierte, contrata, forma y reinvierte. La política pública debería, por tanto, pensar menos en cómo redistribuir las migajas y más en cómo ampliar la torta de la que todos puedan comer. Las decisiones que tomemos ahora —sobre impuestos, regulaciones, educación y apoyo a pymes— definirán si Colombia consolida un camino de prosperidad inclusiva o profundiza ciclos de dependencia. Reivindicar al empresario no es un gesto ideológico vacío; es poner en el centro la creación de riqueza como la forma más sostenible y digna de obra social.