Colombia: modernidad incompleta

Hablar de modernidad en Colombia es hablar de una tensión permanente entre lo que el país proyecta en el plano jurídico y lo que ocurre en la experiencia concreta de sus ciudadanos. Si seguimos la definición de Max Weber, el Estado moderno es aquel que logra el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. A primera vista, Colombia cumple con esta premisa, pues se presenta como una república constitucional, con división de poderes, elecciones periódicas y un ordenamiento que reconoce derechos fundamentales. Pero al mirar de cerca, la realidad se desvanece: la violencia persiste como un fenómeno paralelo al poder estatal, los grupos armados ilegales controlan vastas regiones, y la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cada día. La modernidad aquí no es una condición consolidada, sino un proyecto incompleto que nunca termina de concretarse.

Kant, en su célebre ensayo de 1784 ¿Qué es la Ilustración?, definió la modernidad como el paso a la mayoría de edad del ser humano, es decir, la capacidad de pensar por sí mismo sin depender de tutelas externas. ¿Podemos afirmar que Colombia ha alcanzado esa mayoría de edad colectiva? En teoría sí, pues la Constitución de 1991 convirtió al ciudadano en sujeto de derechos universales, con la acción de tutela como herramienta para defenderlos. Sin embargo, en la práctica el ejercicio de esa autonomía está condicionado por la pobreza, el clientelismo y la violencia. El voto en muchas regiones no se ejerce como un acto libre y racional, sino como resultado de favores, miedos o presiones de poder local. La autonomía ciudadana, núcleo de la modernidad kantiana, sigue siendo un privilegio de quienes logran escapar de las ataduras sociales y económicas.

Habermas, al reflexionar sobre la esfera pública, señaló que la modernidad se caracteriza por la deliberación racional como mecanismo de legitimidad política. La existencia de un espacio público crítico y libre de coerción es condición para la democracia moderna. Colombia, sin embargo, enfrenta una paradoja: cuenta con medios de comunicación diversos, acceso masivo a redes sociales y una opinión pública vibrante, pero la deliberación está constantemente envenenada por la desinformación, la polarización y la manipulación. El debate público no siempre se guía por la fuerza del mejor argumento, sino por la emocionalidad y los discursos populistas. La esfera pública, que debería ser el espacio de la razón ilustrada, se convierte con frecuencia en un escenario de confrontación donde triunfa la posverdad.

El campo de la secularización muestra otra grieta. La Constitución proclama la libertad de cultos y la Corte Constitucional ha defendido reiteradamente el carácter laico del Estado. Sin embargo, los debates sobre aborto, eutanasia o educación sexual revelan que la religión sigue influyendo en la vida política. Hobbes y Locke, al sentar las bases del contrato social moderno, ya advertían que el poder debía desligarse de la religión para garantizar un orden racional y universal. Colombia avanza lentamente en esa dirección, pero aún no logra emanciparse por completo de dogmas que condicionan políticas públicas en nombre de creencias particulares. La modernidad se resiste a consolidarse mientras la razón no ocupe plenamente el lugar de la fe en los asuntos públicos.

Weber insistía en que la modernidad también se expresa en la racionalización administrativa y en la burocracia como forma de organización legítima. No obstante, en Colombia la burocracia se confunde con clientelismo, corrupción y captura del Estado por intereses privados. Según Transparencia Internacional, en 2023 Colombia ocupó el puesto 91 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, con una calificación de 39 sobre 100. Estos datos no son anecdóticos: revelan que la institucionalidad moderna se ve socavada por prácticas patrimoniales que corresponden más a un orden premoderno que a uno verdaderamente racional.

En el ámbito del conocimiento, la modernidad exige confiar en la ciencia y en la educación como motores de transformación social. Aquí el déficit es evidente: Colombia invierte apenas el 0,34% del PIB en investigación y desarrollo, frente al 4,8% de Corea del Sur o al 3,4% de Estados Unidos. En educación, los resultados de las pruebas PISA de 2022 ubican al país en el puesto 58 de 81, con puntajes por debajo del promedio en matemáticas, lectura y ciencias. Habermas advertía que una modernidad sin racionalidad científica y sin educación crítica se convierte en un proyecto fallido. En Colombia, el conocimiento no ocupa aún el lugar central que debería, y esto impide construir una sociedad verdaderamente ilustrada.

La dimensión social refuerza el diagnóstico. Según el DANE, en 2023 el 39,7% de los colombianos vivía en pobreza monetaria y el 13,8% en pobreza extrema. Estas cifras muestran que la igualdad formal reconocida en la Constitución no se traduce en igualdad material. Rousseau imaginaba el contrato social como un acuerdo entre iguales, pero en Colombia las desigualdades estructurales impiden que todos participen en condiciones de equidad. En este sentido, nuestra modernidad es excluyente: protege derechos en los libros, pero los niega en la práctica a quienes nacen en la periferia, en la ruralidad o en contextos de violencia.

Colombia se encuentra, entonces, atrapada en una paradoja: es moderna en el discurso jurídico, pero premoderna en la vida social y política. Tiene instituciones diseñadas bajo la lógica de la Ilustración, pero prácticas dominadas por la tradición, el clientelismo y la violencia. Este desfase genera un vacío de legitimidad que se expresa en la desconfianza hacia las instituciones y en el abstencionismo electoral que ronda el 40% en las elecciones presidenciales. Un Estado verdaderamente moderno se mide no solo por sus leyes, sino por la experiencia real de sus ciudadanos.

La modernidad en Colombia, en definitiva, es un proyecto inconcluso. Tenemos un marco normativo avanzado, pero no hemos logrado traducirlo en condiciones reales de igualdad, racionalidad y autonomía. Nos falta cerrar la brecha entre la promesa del futuro y el peso del pasado, entre el derecho formal y la realidad material. Mientras no demos ese salto, seguiremos atrapados en una modernidad incompleta, más cercana al ideal ilustrado que a la experiencia cotidiana de quienes habitan este país.