La lucha antidrogas: La guerra perdida

En Colombia se habla de la guerra contra las drogas como si se tratara de una batalla épica que en algún momento podremos ganar, cuando la realidad demuestra que hace décadas nos condenamos a pelear contra un enemigo invencible. Las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran que en 2023 los cultivos de coca alcanzaron niveles históricos, superando las 250.000 hectáreas, lo que evidencia que pese a los millones invertidos en erradicación, fumigación, programas militares y judicialización, el resultado es el contrario al esperado. La paradoja se vuelve evidente: a mayor presión represiva, mayor sofisticación de las redes criminales, mayor diversificación de rutas, más violencia en los territorios y más dependencia de comunidades rurales que nunca encontraron alternativas reales de desarrollo.

El discurso político insiste en la idea de cortar “cabezas” de los carteles como símbolo de victoria. Sin embargo, la experiencia enseña que cada vez que cae un capo, nacen dos o tres nuevos jefes que llenan el vacío de poder. Lo vivimos con Pablo Escobar, lo repetimos con los Rodríguez Orejuela y lo seguimos viendo con las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Es una dinámica casi biológica: la estructura del negocio se regenera porque lo que sostiene al narcotráfico no es la figura de un líder sino la existencia de una demanda internacional multimillonaria y una oferta local que, mientras sea ilegal, seguirá siendo controlada por actores armados. La violencia es el resultado directo de la prohibición, pues cuando el Estado criminaliza el producto, solo aquellos dispuestos a desafiar la ley pueden comercializarlo y proteger su negocio con las armas.

Al observar el panorama global, surgen ejemplos que desmontan el mito de que legalizar sería abrir las puertas al caos. Portugal decidió en el año 2001 despenalizar el consumo de todas las drogas y lo complementó con un enfoque de salud pública. Lejos de convertirse en una sociedad drogada, sus índices de muertes por sobredosis y de contagios de VIH relacionados con el uso de jeringas cayeron drásticamente. Uruguay, en 2013, se convirtió en pionero al legalizar y regular el mercado de cannabis bajo control estatal, logrando debilitar al narcotráfico en este segmento y garantizando un producto seguro para los consumidores. Incluso en Estados Unidos, un país que durante décadas lideró la cruzada prohibicionista, más de veinte estados han regulado el cannabis recreativo, generando ingresos fiscales y desplazando parcialmente el mercado ilegal. Estos casos no significan que los problemas desaparezcan, pero muestran que las políticas de regulación son más eficaces que la represión a la hora de reducir daños y reconfigurar la relación entre sociedad, consumo y criminalidad.

En Colombia, el debate sigue atrapado en argumentos morales. Se plantea que si se legalizaran las drogas, la población entera se lanzaría a consumir sin medida, como si la prohibición actual fuese el único muro que impide la adicción masiva. La evidencia contradice esa narrativa: los índices de consumo en países que han adoptado políticas más flexibles no se han disparado; en algunos casos incluso se han estabilizado o disminuido. Lo que cambia es la forma de abordar el fenómeno: deja de ser un asunto policial y carcelario para convertirse en un asunto sanitario y social. Sin embargo, en nuestro país persiste el miedo a desafiar esa tradición punitiva, quizá porque la clase política prefiere la comodidad de prometer mano dura antes que arriesgarse a replantear el modelo fallido que sostiene la economía de la violencia.

Pero el problema de fondo no es solo de consumo, sino de producción. Las comunidades campesinas que siembran coca lo hacen porque es el cultivo que les ofrece rentabilidad, liquidez inmediata y compradores seguros en regiones donde el Estado no construyó carreteras, no garantizó mercados y no brindó crédito ni asistencia técnica. Cada hectárea erradicada se convierte en una nueva siembra en otro rincón de la selva, porque lo que se destruye no es el incentivo económico que impulsa al campesino, sino únicamente la planta visible. El círculo se repite una y otra vez: se invierten recursos en arrancar hojas, mientras la raíz del problema —la ausencia de un proyecto de desarrollo rural integral— permanece intacta.

Es aquí donde la reflexión se vuelve inevitable. ¿Tiene sentido seguir insistiendo en un modelo que durante más de cuatro décadas ha producido los mismos resultados negativos? Albert Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Y eso es precisamente lo que ha hecho Colombia bajo presión internacional, principalmente de Estados Unidos, que aunque en su propio territorio empieza a flexibilizar la política de drogas, sigue empujando a países productores a librar una guerra que beneficia más a su estrategia geopolítica que a la paz de nuestras comunidades.

El dilema es si queremos seguir siendo prisioneros de una narrativa moral y punitiva que ha sembrado violencia, corrupción y dependencia, o si estamos dispuestos a abrir el debate con base en datos, experiencias comparadas y la realidad de nuestro territorio. Legalizar no significa incentivar el consumo, significa arrebatarle el monopolio a las mafias. Regular no significa rendirse, significa asumir como Estado la responsabilidad de un fenómeno que no desaparecerá por decreto. Despenalizar no significa normalizar la adicción, significa tratarla con enfoque de salud y no con cárcel. Lo que sí está claro es que la guerra, tal como la conocemos, está perdida, y cada día que insistimos en ella prolongamos el sufrimiento de miles de colombianos que siguen atrapados en un conflicto que nunca eligieron.

El futuro depende de la valentía política para repensar lo que hasta ahora ha sido un dogma. Se necesita coraje para admitir que los millones invertidos en helicópteros, fusiles y glifosato han dado menos frutos que las experiencias locales de sustitución voluntaria, proyectos productivos sostenidos y programas de prevención del consumo. Colombia tiene la oportunidad de liderar una nueva narrativa internacional sobre drogas, pero para ello debe romper con la inercia histórica que nos ata a una guerra perdida. La pregunta ya no es si debemos legalizar o no, sino si queremos seguir condenados a una guerra eterna que solo fortalece a quienes dicen combatir.