La incomodidad de la izquierda con los contrapesos

La reciente elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional ha vuelto a colocar sobre la mesa una discusión de fondo que atraviesa no solo la coyuntura política colombiana, sino la forma misma en la que la izquierda concibe el poder y la institucionalidad. Más allá de los nombres propios, los respaldos partidistas y la inevitable narrativa de “ganadores y perdedores”, lo que quedó en evidencia es algo mucho más profundo: la incomodidad de los gobiernos de izquierda frente a la independencia de poderes, su propensión a deslegitimar los contrapesos institucionales y su tendencia recurrente a recurrir al discurso de la victimización cuando las urnas o los votos legislativos no les favorecen.

Resulta inevitable recordar que Gustavo Petro, en su afán de respaldar a María Patricia Balanta, convirtió una elección que debería ser un trámite institucional en una pulseada política de gran escala. Él mismo advirtió públicamente que el resultado definiría el cuadro de alianzas en el Congreso y atacó a Carlos Camargo como un representante de sectores “fascistas”. Es decir, no solo quiso presentar a su candidata como la opción moralmente superior, sino que buscó convertir a su rival en un símbolo del enemigo ideológico. El problema para Petro y su gobierno fue que el Senado decidió no plegarse a esa narrativa, y en un ejercicio de autonomía optó por respaldar a un candidato que, aunque cuestionado, representaba para muchos legisladores un freno al avance del Ejecutivo sobre la Corte. Lo que ocurrió entonces fue un recordatorio de que, en Colombia, los equilibrios institucionales todavía funcionan y que no siempre el poder presidencial se traduce en control de los órganos de cierre.

En este punto conviene detenerse en el patrón discursivo que caracteriza a la izquierda, tanto en Colombia como en otros países de la región. Cuando el resultado político les favorece, celebran a las instituciones como expresión de la voluntad popular; cuando les resulta adverso, esas mismas instituciones son denunciadas como instrumentos de las élites, del “fascismo” o de oscuros intereses que buscan bloquear el cambio. La reacción del ministro Armando Benedetti es un ejemplo casi de manual. En lugar de reconocer que Balanta no logró los votos suficientes porque el Senado optó por una alternativa distinta, prefirió denunciar un supuesto “acto de discriminación”, sugiriendo que el rechazo no obedeció a razones políticas, sino a prejuicios de género, raza y clase social. Benedetti incluso afirmó que, si Balanta hubiera sido “blanca, mona y de ojos azules”, habría sido elegida sin reparos. La frase, cargada de emocionalidad, buscaba desplazar la discusión desde el terreno de la política hacia el terreno de la victimización, un espacio donde la izquierda se siente más cómoda porque evita hablar de correlaciones de poder y de responsabilidades concretas.

No es la primera vez que esta estrategia aparece. En América Latina se ha visto con insistencia. Rafael Correa en Ecuador, cuando fue confrontado por la Corte Constitucional, la acusaba de ser parte de la “partidocracia” que quería impedir la revolución ciudadana. Evo Morales, al no lograr la reelección indefinida en el referendo de 2016, apeló a un fallo judicial que reinterpretó el resultado y luego denunció que quienes se oponían a él actuaban por racismo y discriminación. En Venezuela, el chavismo convirtió al Tribunal Supremo de Justicia en una extensión del Ejecutivo y, cuando la Asamblea Nacional controlada por la oposición intentó actuar como contrapeso, se la acusó de “burguesa” y “traidora al pueblo”. El patrón es claro: la izquierda latinoamericana tiene una dificultad intrínseca para aceptar la separación de poderes como un límite natural al ejercicio del gobierno, y cuando ese límite aparece recurre a la narrativa de los “ataques” y de la “persecución” para justificar su incomodidad.

En Colombia el escenario tiene matices distintos, pero la lógica es la misma. El gobierno de Petro convirtió una elección de magistrado en una batalla para asegurar mayorías en la Corte Constitucional, y al no lograrlo, denunció supuestas prácticas discriminatorias. La paradoja es evidente: quienes dicen defender la independencia judicial terminan cuestionándola cuando no les beneficia. Y en ese camino se erosiona algo fundamental, que es la confianza ciudadana en que las instituciones pueden tomar decisiones sin estar al servicio de un proyecto político en particular. Porque si cada derrota del gobierno se presenta como un acto de racismo, machismo o conspiración, el resultado es que la política se vacía de argumentos y se llena de etiquetas emocionales diseñadas para evadir la realidad.

El caso de Balanta merece una reflexión serena. Es indiscutible que su perfil como abogada afrocolombiana y mujer con trayectoria en derechos humanos representa un avance en términos de diversidad en la vida jurídica del país. Nadie podría negar que su experiencia tenía méritos suficientes para aspirar a la Corte Constitucional. Pero el hecho de que su candidatura fuera asociada directamente al presidente y al Pacto Histórico la convirtió en una figura política antes que en una opción judicial. El Senado no votó en contra de Balanta por ser mujer o afrocolombiana, sino porque representaba el interés explícito del gobierno en controlar la Corte. Confundir esa decisión con un acto de discriminación no solo es injusto con los legisladores que votaron en contra, sino que también invisibiliza las luchas reales contra el racismo y el sexismo en Colombia, al utilizarlas como excusa prefabricada para explicar una derrota política.

Es aquí donde la independencia de poderes cobra todo su valor. No estuvo en riesgo real, porque la Corte y el Congreso mostraron su autonomía, pero lo que sí quedó claro es que al poder le incomoda ser contrariado. La izquierda, en su afán de consolidar transformaciones profundas, tiende a ver los contrapesos como obstáculos, cuando en realidad son garantías. El presidencialismo colombiano ya otorga herramientas amplias al Ejecutivo, y el hecho de que el Congreso haya decidido limitar sus aspiraciones en este episodio demuestra que la democracia aún conserva resortes de control. Ese es un motivo de tranquilidad institucional, aunque para el gobierno signifique un revés.

En la vida cotidiana se pueden encontrar paralelos que ayudan a entender esta tensión. En cualquier familia, empresa o comunidad, quien toma decisiones necesita alguien que le recuerde los límites, que le advierta sobre los riesgos de excederse. El padre que recibe un “no” de su hijo adolescente, el jefe que debe escuchar la oposición de su equipo, el gobernante que enfrenta un fallo judicial adverso: en todos los casos la reacción inicial suele ser de molestia, porque nadie disfruta perder control. Pero en el largo plazo esos límites previenen abusos y garantizan equilibrio. Así ocurre en la política. El hecho de que Petro no pudiera imponer a Balanta puede haberle resultado frustrante, pero es precisamente ese tipo de frustraciones lo que mantiene viva una democracia plural y resistente.

En conclusión, la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no debe verse solo como una derrota coyuntural de Petro, sino como una muestra de que en Colombia los contrapesos aún funcionan, aunque incomoden. La izquierda, en su dificultad para aceptar esos límites, prefiere recurrir a discursos prefabricados de victimización antes que reconocer la realidad política. El reto para el país es no caer en esas narrativas fáciles que buscan explicar cada tropiezo con etiquetas emocionales y mantener la convicción de que la independencia de poderes no es un capricho burgués, sino la esencia misma de la democracia. Porque si la división de poderes desaparece, desaparece también la posibilidad de que existan gobiernos verdaderamente responsables frente a los ciudadanos.