La democracia que devora la sociedad civil

La etiqueta «democrático» antepuesta al vocablo «socialismo» funciona como una operación de limpieza semántica: pretende borrar el pasado autoritario y presentarlo como un ideal de participación, libertad y justicia. Esta operación no es inocua; es, en el mejor de los casos, una reelaboración lingüística que intenta redimir por procedimiento lo que históricamente fue concebido como una arquitectura de poder. Que los sistemas de planificación central colapsaran a finales del siglo XX es un hecho incuestionable: la experiencia soviética y los experimentos de economía de mando demostraron los límites estructurales y políticos de regímenes que sustituyeron la coordinación espontánea por la planificación total. Sobre esa base hoy se erige una alternativa que disfraza el control con la dignidad del consenso.

El socialismo democrático coloca en el centro el procedimiento: más asambleas, más participación, más deliberación, sobre ámbitos que antes pertenecían a instituciones intermedias —propiedad privada, mercados, asociaciones libres, costumbres— que actuaban como freno al poder político. El problema no radica en la participación, sino en el olvido de que el orden social no se sostiene únicamente en la legitimidad numérica de una decisión, sino en la preservación de espacios autónomos donde la iniciativa privada pueda florecer sin ser absorbida por la política. La verdadera pregunta no es si los ciudadanos votan, sino qué queda fuera del alcance de ese voto; qué elementos deben permanecer intocables para que la libertad no dependa de la volatilidad de las mayorías.

En Colombia, esta tensión se manifiesta con claridad. Desde 2022, la llegada de un gobierno de izquierda ha reabierto el debate sobre el papel del Estado en la organización social y económica. El presidente Gustavo Petro ha impulsado reformas que, bajo la narrativa de corregir desigualdades y democratizar el acceso a bienes fundamentales, colocan al Estado como protagonista central. El caso de la reforma a la salud es revelador: sus defensores la presentan como la oportunidad de superar un sistema dominado por intereses privados, mientras que sus críticos alertan sobre la concentración de la gestión en el Estado, con el consiguiente debilitamiento de la autonomía de prestadores privados, aseguradoras y mecanismos locales. No es una simple disputa técnica, sino un pulso sobre quién define el diseño institucional de la vida social.

La legitimidad de estas propuestas se alimenta de realidades sociales contundentes. En 2024 la pobreza multidimensional afectaba todavía a millones de colombianos, y aunque había caído respecto a años anteriores, seguía siendo un argumento poderoso para quienes defienden la necesidad de políticas públicas fuertes. Esa cifra es invocada como prueba de que el mercado, por sí solo, no corrige desigualdades, y legitima así una ampliación de la intervención estatal. Pero aquí aparece el riesgo: en la urgencia por resolver problemas reales, se asume que la política debe abarcarlo todo, que nada puede escapar a la decisión colectiva, y que cualquier limitación institucional al poder de la mayoría se convierte en un obstáculo para la justicia.

Ese desplazamiento constituye la verdadera inversión de la lógica de la sociedad civil: lo que antes eran límites al poder político se transforman en objetos de redefinición política. La votación deja de ser un método de selección de gobernantes y se convierte en la técnica por excelencia para rediseñar la vida social. Democratizar la economía puede convertirse en justificar la sustitución de la cooperación voluntaria por decisiones tomadas en nombre de todos, pero con capacidad de obligar a todos. Así, la democracia deja de ser freno y se convierte en herramienta de expansión del poder.

Conviene reconocer que la ampliación de derechos y la corrección de desigualdades son fines legítimos. La crítica no niega la injusticia, ni descarta el papel del Estado en su mitigación. Lo que se cuestiona es la creencia ingenua de que todo lo decidido por mayorías será necesariamente menos coercitivo. La historia enseña lo contrario: cuando la sociedad civil se erosiona y los contrapesos se debilitan, la democracia puede ser utilizada para institucionalizar nuevas formas de dominio. El adjetivo «democrático» opera como barniz moral que confunde legitimidad procedimental con justificación sustantiva, y no todo lo legítimo por mayoría es necesariamente bueno para la libertad.

Cuando la política invade todos los rincones de la vida social, lo que se reduce no es solo la autonomía individual, sino la pluralidad de proyectos de vida que sostienen a una sociedad vibrante. La propiedad deja de ser un derecho inviolable para convertirse en un recurso disponible para redistribución. Las asociaciones voluntarias son reemplazadas por organismos de participación regulados por el Estado. Las normas consuetudinarias y la diversidad cultural ceden ante leyes aprobadas por coyunturas políticas. El resultado no es una sociedad más justa, sino una sociedad más uniforme, más vulnerable al vaivén de las mayorías.

Una democracia saludable requiere más que decisiones mayoritarias: necesita contrapesos firmes, separación de poderes, autonomía local, derechos de propiedad y pluralidad institucional. No se trata de elegir entre justicia social y libertad, sino de evitar que la primera devore a la segunda. El desafío en Colombia es cómo responder a desigualdades históricas sin destruir los espacios de autonomía que hacen posible la innovación, la cooperación y la convivencia pacífica. La pregunta de fondo es si reconstruiremos la trama social desde la política o si fortaleceremos la sociedad civil como el verdadero cimiento de la democracia.

El riesgo del socialismo democrático no radica únicamente en sus reformas, sino en su concepción de la vida social. Si se permite que todo se politice, que nada quede fuera del alcance de las mayorías, la consecuencia no será más libertad, sino un nuevo orden de poder disfrazado de participación. Democratizar no debe equivaler a sustituir la espontaneidad social por control electoral. Colombia necesita reformas que amplíen derechos sin vaciar la sociedad civil, porque es allí, en esa autonomía previa al Estado, donde se juega la verdadera posibilidad de una democracia profunda y sostenible.