Interdependencia: la paradoja de la libertad en Colombia

La sociedad es, en esencia, un tejido de interdependencias. Ningún individuo, por más autosuficiente que se crea, puede prescindir de los otros. Incluso aquel que asegura no necesitar de nadie consume productos que no sembró, utiliza servicios que no creó y vive en una ciudad que no construyó. Esta verdad elemental, que parece tan evidente como respirar, se olvida con frecuencia en sociedades como la colombiana, donde persiste la ilusión de que el progreso individual puede alcanzarse aislado del progreso colectivo. La historia demuestra lo contrario: desde que los primeros grupos humanos entendieron que intercambiar era mejor que depredar, la cooperación se convirtió en la base de la riqueza y la estabilidad. En Colombia, donde la desconfianza social es tan profunda que alcanza niveles preocupantes —según el Latinobarómetro 2023, solo el 12 % de los colombianos confía en sus conciudadanos—, esta verdad se vuelve incómoda, porque obliga a pensar que el atraso no es solo económico, sino también cultural y moral.

El intercambio, motor de la vida económica, debería ser visto como la forma más pacífica de resolver las necesidades humanas. Adam Smith lo planteó con claridad: los hombres tienen una inclinación natural a trocar, permutar y negociar. Pero en Colombia, ese intercambio no siempre es libre ni justo; en muchos casos está mediado por privilegios, trámites absurdos o redes clientelares que transforman el mercado en un terreno desigual. Lo vemos en la cotidianidad cuando un pequeño agricultor en Boyacá no logra vender su papa a precio justo porque intermediarios capturan gran parte del valor, mientras cadenas de supermercados ofrecen el producto multiplicando su costo al consumidor. Lo vemos también cuando los emprendedores enfrentan un sistema tributario que castiga la producción y premia la cercanía al poder político. Aquí el intercambio no siempre es sinónimo de libertad, sino que se convierte en reflejo de un país donde el acceso a los mercados está condicionado por barreras estructurales.

La división del trabajo, que en teoría debería ser la palanca del desarrollo, también revela profundas contradicciones en Colombia. El ejemplo de Smith sobre la fábrica de alfileres demuestra cómo la especialización multiplica la productividad, pero en nuestro país muchas veces se traduce en informalidad y precariedad. El 56 % de los trabajadores en Colombia son informales, lo que significa que la mayoría de quienes participan en la división social del trabajo lo hacen sin garantías laborales, sin seguridad social y sin estabilidad. Mientras en economías desarrolladas la especialización permite elevar salarios y generar innovación, aquí se convierte en un círculo de subsistencia donde millones de personas realizan labores específicas sin que su aporte se traduzca en dignidad ni bienestar. La paradoja es evidente: somos interdependientes, pero no todos reciben el beneficio proporcional de esa interdependencia.

Para entender la magnitud del problema basta con observar el sistema educativo y su desconexión con las necesidades reales del mercado laboral. Jóvenes que culminan carreras profesionales con deudas acumuladas en el Icetex ingresan a un mercado que no demanda sus conocimientos o que remunera su esfuerzo con salarios miserables. Se trata de una división del trabajo mal gestionada, donde la especialización académica no se corresponde con los requerimientos de un país que necesita técnicos en infraestructura, ingenieros en sistemas o productores agrícolas con formación tecnológica, pero que produce abogados en exceso. La consecuencia es la frustración de una generación atrapada entre la promesa de la movilidad social y la realidad de la sobreoferta en profesiones saturadas.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero aquí se intensifica por la debilidad institucional y la captura del Estado por intereses políticos. Mientras países como Corea del Sur lograron orientar la división del trabajo hacia sectores estratégicos de innovación tecnológica, Colombia sigue atrapada en un modelo extractivista, donde la riqueza se mide por la exportación de materias primas y no por el valor agregado de sus productos. Esta dependencia impide que el intercambio internacional sea un motor de desarrollo genuino, pues nos convierte en proveedores de lo básico y consumidores de lo complejo. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que en su momento justificaba el libre comercio, en el caso colombiano se transforma en una trampa de dependencia: producimos café, carbón o petróleo, mientras importamos maquinaria, software y conocimiento.

No obstante, reducir el problema a lo económico sería ingenuo. La división del trabajo también tiene un componente cultural que en Colombia ha sido moldeado por la desigualdad histórica. La estratificación social no solo clasifica viviendas, sino también oficios y destinos. Se asume, de manera implícita, que ciertos trabajos están reservados para los sectores más pobres, mientras otros son privilegio de las élites. Así, la sociedad reproduce un orden en el que la movilidad social es una excepción y no la regla. Un joven en un barrio popular que sueña con ser médico enfrenta obstáculos mucho mayores que aquel que crece en un colegio privado con redes de influencia. La división del trabajo, que debería ser un mecanismo de progreso colectivo, termina convertida en un sistema de reproducción de desigualdades.

Sin embargo, no todo es condena. La misma interdependencia que nos atrapa en desigualdades también puede convertirse en la base de una transformación. La pandemia del COVID-19 mostró con crudeza que ninguna sociedad puede sobrevivir sin reconocer el valor de los oficios invisibles: los campesinos que garantizaron la comida, los conductores que mantuvieron el transporte, los médicos que enfrentaron el colapso hospitalario. De pronto, la división del trabajo reveló que los sectores más olvidados eran, en realidad, los más esenciales. Esa lección, aunque efímera, debería servir para replantear la manera en que valoramos y remuneramos los diferentes oficios en Colombia.

El reto es comprender que el intercambio y la división del trabajo no son simples categorías económicas, sino fundamentos éticos y políticos de nuestra vida en común. La sociedad colombiana necesita pasar del intercambio mediado por privilegios al intercambio libre y justo; de la división del trabajo que reproduce desigualdades a una que abra oportunidades y eleve la dignidad de cada función; de la desconfianza que nos aísla a la cooperación que nos fortalece. En últimas, la libertad de cada individuo depende de aceptar la paradoja de que somos radicalmente interdependientes. Y en un país como el nuestro, marcado por la violencia, la corrupción y la desigualdad, reconocer esta paradoja no es un ejercicio teórico, sino un imperativo para construir un futuro menos fragmentado.