Fin del relato

Bolivia no giró a la derecha: simplemente se encontró con el muro infranqueable de la realidad. Quince años de controles, subsidios y manipulación monetaria terminaron en el mismo resultado que la historia latinoamericana ha mostrado una y otra vez: mercados negros, inflación reprimida que después estalla con fuerza y una desindustrialización progresiva bajo tipos de cambio ficticios. El 17 de agosto quedó sellado el fin del MAS en una derrota electoral que parecía imposible hace apenas unos años. Dos décadas de hegemonía, persecución y discursos triunfalistas se derrumbaron en una implosión que no se explica por un giro ideológico de la ciudadanía, sino por el fracaso material de un modelo que consumió sus propias bases. El relato se agotó cuando las promesas chocaron con las colas, cuando el “proyecto histórico” se redujo a conseguir dólares en un mercado paralelo que duplicaba la tasa oficial, cuando los discursos de soberanía energética se convirtieron en una crisis de combustibles con subsidios que devoran buena parte del presupuesto nacional.

La política, como siempre, terminó subordinada a la economía. El déficit fiscal boliviano superó el 10% del PIB en 2023 y 2024, financiado con emisión directa del banco central y con reservas internacionales reducidas a mínimos históricos. El gobierno incluso debió recurrir a préstamos respaldados en oro, lo que refleja la desesperación de una tesorería que ya no encontraba financistas dispuestos a sostener el gasto público. La inflación, contenida artificialmente durante años, se convirtió en la más alta de las últimas cuatro décadas, y el dólar paralelo pasó de ser una anécdota de cafés y colas a un termómetro social de la desconfianza. La represión de los precios del pan, la gasolina y los alimentos solo logró que el ajuste se manifestara por vías más crueles: desabastecimiento, deterioro de la calidad de los bienes básicos y corrupción en la distribución.

Este colapso explica por qué la segunda vuelta no enfrentará al MAS con la oposición, sino a dos candidatos que se autodefinen como reformistas. Rodrigo Paz, hijo de un expresidente, propone mantener el tamaño del Estado pero hacerlo más eficiente, desmontar gradualmente los subsidios y prometer una transición sin rupturas abruptas. Jorge “Tuto” Quiroga, en cambio, defiende un ajuste más severo: liberalización parcial de precios, apertura internacional y privatizaciones selectivas, con la tentación de apoyarse en organismos multilaterales para financiar la transición. Son dos rostros distintos de un mismo dilema: administrar con orden el estatismo o desmontarlo a medias. Ambos reconocen que el modelo de controles y subsidios es inviable, pero ninguno se atreve a plantear con claridad lo que exige la realidad: liberalización completa de precios, venta de empresas estatales y disciplina fiscal estricta.

La lección económica es contundente. No se puede sostener un aparato estatal que gasta más de lo que produce, que manipula la moneda como si fuera una imprenta sin límites y que distribuye subsidios indiscriminados con fines políticos. Las experiencias de Argentina y Venezuela son espejos cercanos de lo que Bolivia terminó replicando: inflación desbordada, pobreza creciente y un sector privado asfixiado. Sin precios libres no hay cálculo económico; sin propiedad privada segura no hay inversión sostenible; sin límites al poder político no hay prosperidad de largo plazo. La derrota del MAS marca el fin del socialismo boliviano, pero no garantiza el fin del estatismo. Es posible que el aparato estatal sobreviva con nuevos administradores y discursos modernizados, pero el problema estructural seguirá allí hasta que no se devuelva a los ciudadanos la libertad de producir, intercambiar y ahorrar sin tutelas ni privilegios.

Visto desde Colombia, el espejo boliviano debería encender todas las alarmas. Nuestro país, aunque con instituciones más sólidas, comparte tentaciones similares: subsidios a la gasolina que durante años alimentaron un déficit oculto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles; presiones políticas sobre el Banco de la República para financiar gasto o forzar bajas artificiales en las tasas de interés; discursos que prometen subsidios universales como si fueran sostenibles en un país con déficit fiscal cercano al 5% del PIB y con una deuda que supera el 60% del producto. La diferencia es que en Colombia aún se mantiene la independencia del banco central y la flotación cambiaria, lo que ha evitado males mayores. Pero esa independencia ha sido cuestionada abiertamente por voces políticas que quisieran domesticarla. Y ahí está el riesgo: las instituciones que evitan el colapso son precisamente las que más incomodan al poder político.

El desmonte de los subsidios a la gasolina en Colombia fue impopular, pero evitó que la deuda se disparara aún más. El dólar fluctúa, a veces con brusquedad, pero es preferible una tasa de cambio flexible que refleje realidades del mercado a un tipo de cambio oficial que nadie cree y que termina generando mercados paralelos. La inflación llegó al 4,9% en julio, todavía lejos de los niveles que destruyen la confianza social, y esa estabilidad relativa es un activo que no se puede perder por improvisación. No hay que esperar a que la realidad nos imponga lo que podemos prever: si cedemos en la independencia del banco central, si seguimos acumulando subsidios, si gastamos más de lo que podemos financiar, corremos el riesgo de repetir el ciclo boliviano.

La segunda vuelta en Bolivia mostrará si el país opta por una transición lenta y administrada o por un ajuste más severo y financiado con deuda externa. En cualquier caso, la verdadera disyuntiva no está en el estilo del administrador, sino en si habrá un desmantelamiento del modelo o solo una modernización del estatismo. Colombia debería observar con atención y anticiparse. Porque la pregunta de fondo es la misma en toda América Latina: ¿seguiremos atrapados en la idea de un Estado omnipresente que promete todo pero no puede sostener nada, o abriremos de una vez el espacio para la libertad económica que permite prosperidad real?

El socialismo murió en Bolivia el día que las urnas derrumbaron al MAS. Pero el estatismo sigue vivo, esperando nuevos rostros que lo administren. Y esa es la batalla que todavía falta por dar, no solo en La Paz, sino también en Bogotá.