El mercado no divide, armoniza

Se repite con insistencia que el libre mercado es un sistema de explotación, un escenario donde los que tienen más arrebatan a los que tienen menos, y donde la existencia misma de ricos y pobres se convierte en evidencia de que la economía de mercado fractura a la sociedad. Esta visión, repetida por intelectuales, políticos y movimientos sociales, parte de un prejuicio: que la desigualdad material es prueba de injusticia. Pero lo cierto es que el mercado no crea privilegios de unos a costa de otros, sino que genera intercambios voluntarios donde todos obtienen un beneficio. En Colombia, donde el debate sobre desigualdad y pobreza es permanente, resulta urgente reflexionar sobre si el verdadero problema es el mercado o más bien las restricciones institucionales que lo distorsionan.

Al observar de cerca cómo opera un intercambio simple se rompe la narrativa de la explotación. Cuando un ciudadano compra un pan en la panadería de su barrio, lo hace porque prefiere tener ese pan a mantener su dinero, mientras que el panadero lo entrega porque prefiere tener el dinero que el pan que horneó. Ambos ganan. No hay nadie que pierda. Esta dinámica, multiplicada millones de veces, constituye la base de la cooperación social. Y sin embargo, esa realidad tan evidente parece desdibujarse cuando entran en juego prejuicios ideológicos que ven desigualdad donde en realidad hay diversidad de elecciones y valoraciones.

El debate sobre la desigualdad suele ser manipulado desde la política. En discursos presidenciales, tanto en Colombia como en escenarios internacionales, se nos ha dicho que la desigualdad es la prueba de que el mercado ha fallado. Gustavo Petro insiste en que el mercado por sí mismo no corrige las asimetrías, y que la intervención estatal es necesaria para lograr “justicia social”. Desde el otro extremo, figuras como Friedrich Hayek sostuvieron que la desigualdad no es en sí misma un mal, sino el reflejo de diferentes talentos, decisiones y riesgos asumidos. Entre estos polos ideológicos se esconde una verdad incómoda: la injusticia no está en que alguien prospere más que otro, sino en que ese enriquecimiento se produzca mediante privilegios, favores políticos o coerción.

En el día a día colombiano podemos ver ejemplos concretos. Un tendero de barrio que compite con las grandes cadenas de supermercados no necesita subsidios ni decretos, solo necesita que lo dejen trabajar. Sus clientes lo prefieren porque les ofrece cercanía, confianza y flexibilidad. Ese tendero se beneficia, sus compradores se benefician, y ninguno perjudica al otro. Pero cuando el Estado decide imponer cargas tributarias desproporcionadas, trámites infinitos o monopolios disfrazados de regulación, entonces la ecuación cambia: el beneficio ya no proviene del libre intercambio, sino de la capacidad de algunos de manipular las reglas en su favor. Es allí donde nacen las verdaderas injusticias.

Es cierto que en situaciones de escasez el mercado parece cruel. Pensemos en la pandemia, cuando los tapabocas o el gel antibacterial escaseaban. Los precios se dispararon y muchos sintieron que los pobres quedaban excluidos. Sin embargo, ese aumento de precios fue la señal que incentivó a más productores a fabricar y distribuir esos bienes, corrigiendo la escasez en cuestión de semanas. Si el precio hubiera sido congelado, los primeros compradores se habrían quedado con todo el inventario y los demás con las manos vacías. Lo que parece exclusión es en realidad un mecanismo de racionamiento dinámico que asegura que quienes valoran más el bien lo adquieran y que, al mismo tiempo, nuevos oferentes ingresen al mercado.

Algo similar ocurre con los excedentes. Cuando hay demasiado de un bien, los precios caen, lo cual puede preocupar a los productores, pero beneficia a millones de consumidores que antes no podían acceder a ese producto. Es un equilibrio en movimiento constante, y aunque nadie lo planifica, funciona porque refleja las decisiones reales de millones de personas. En esto radica la verdadera armonía: no en que todos tengamos lo mismo, sino en que cada uno pueda actuar según sus preferencias sin perjudicar a otro.

El error está en confundir desigualdad con injusticia. En Colombia, un empresario que prospera porque ofrece un producto que miles quieren comprar no ha explotado a nadie, ha servido a muchos. La injusticia aparece cuando ese empresario se enriquece porque tiene un monopolio otorgado por el Estado, porque recibe subsidios selectivos o porque bloquea la competencia mediante regulaciones hechas a su medida. Allí no hay libre mercado, hay privilegios. Y esos privilegios son los que en verdad generan la rabia social y la percepción de que la economía funciona para unos pocos.

Cuando miramos la historia reciente, vemos que el progreso sostenido nunca ha venido de planes centralizados, sino de la capacidad de los individuos para innovar y competir. Corea del Sur pasó de la pobreza a ser una potencia tecnológica no porque el Estado centralizara la producción, sino porque liberó el mercado y permitió que millones de personas arriesgaran, emprendieran y compitieran. En contraste, Venezuela intentó imponer la igualdad a través del control total de la economía y terminó sumida en la escasez, la pobreza y la desesperanza. Los hechos hablan con más fuerza que los discursos.

Colombia enfrenta hoy un dilema de este mismo calibre. El discurso político insiste en que la solución a nuestros problemas está en más intervención, más subsidios, más control, más Estado. Pero lo que realmente limita el progreso es la falta de seguridad jurídica, la corrupción que premia a los amigos del poder, la burocracia que asfixia la iniciativa privada y la violencia que destruye la confianza en las instituciones. El mercado no discrimina ni excluye: abre las puertas a cualquiera que quiera competir, innovar y servir. Son nuestras propias reglas distorsionadas las que impiden que muchos puedan entrar en ese juego de cooperación.

El libre mercado no promete una sociedad sin diferencias, sino una sociedad donde cada diferencia surja de elecciones libres y no de imposiciones arbitrarias. Promete que cada persona pueda mejorar su vida en la medida en que mejore la de los demás. Promete que el tendero, el agricultor, el programador o el artista tengan las mismas reglas de juego para crecer. Si en Colombia realmente queremos construir una sociedad más próspera y justa, debemos reconocer que el mercado no es nuestro enemigo. Nuestro verdadero enemigo son los privilegios, la corrupción y las cadenas políticas que ahogan la libertad de producir e intercambiar.

El libre mercado no divide, armoniza. Y esa armonía es la que necesitamos recuperar en un país donde demasiadas veces se nos ha enseñado a desconfiar del intercambio libre y a depositar una fe ciega en la política. La verdadera libertad no se construye desde arriba, se construye desde el acto cotidiano de millones de colombianos que, comprando y vendiendo, crean valor, crean confianza y crean futuro.