El impuesto invisible

 Perfecto. Con tu idea base y el enfoque que me indicas, he desarrollado un artículo de opinión extenso, reflexivo, narrativo, con un tono académico y provocador, hilando ideas y ejemplos para generar debate:

Cada cierto tiempo los gobiernos en Colombia anuncian con solemnidad una nueva reforma tributaria, como si se tratara de la gran solución a todos los problemas sociales. El presidente Gustavo Petro ha prometido recaudar más de 26 billones de pesos, apelando a la narrativa de que “los más ricos deben pagar más”. Sin embargo, la propuesta no se traduce en un golpe directo al patrimonio de esos cuatro mil privilegiados que se convirtieron en bandera de campaña, sino en un aumento de impuestos a productos de consumo masivo como el café, el trigo, la avena, la harina, el aceite, el chocolate, el salchichón y la mortadela. Es decir, sobre la mesa del trabajador común, la canasta básica del hogar popular, el desayuno de la mayoría de colombianos. Y aquí radica la gran paradoja: el relato de justicia social se estrella contra la realidad de un pueblo que, sin importar su estrato, pagará con cada bocado el costo de financiar un Estado que nunca parece saciarse.

El discurso dominante es claro: gravar a los ricos para redistribuir la riqueza. Pero ese mantra político, repetido con insistencia, esconde una verdad incómoda: los impuestos los paga, en última instancia, el consumidor. Si un panadero debe pagar más por la harina y el aceite, subirá el precio del pan. Si un tendero paga más por el chocolate o el salchichón, ajustará sus precios. Y así, el círculo se cierra en la billetera del ciudadano común. El obrero que almuerza en el barrio obrero paga lo mismo en impuestos al Estado que el empresario que compra en el supermercado gourmet, porque ambos financian con cada transacción una maquinaria fiscal que se legitima bajo el nombre de bienestar social.

La cuestión no es simplemente contable, sino profundamente cultural. La economía de los hogares, ese espacio íntimo donde se definen prioridades, donde se decide si se ahorra o se consume, si se aplaza un deseo o se asume una deuda, se ve constantemente distorsionada por un Estado que impone un marco inflacionario permanente. La inflación no aparece como una desgracia pasajera, sino como un patrón estructural, como una política que se naturaliza y termina moldeando la conducta de los individuos. Milton Friedman lo señaló con claridad: “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, es decir, no un accidente de mercado, sino la consecuencia directa de decisiones políticas y fiscales.

Si observamos el caso colombiano, donde la inflación ha fluctuado en los últimos años entre el 9 % y el 13 % en los productos básicos, notamos cómo las familias ajustan sus hábitos: menos carne, más arroz; menos lácteos, más sustitutos; menos ahorro, más deuda. Estos cambios no son neutrales, son la evidencia de lo que Ludwig von Mises advertía cuando hablaba de cómo la inflación altera la estructura misma de la sociedad, enseñando a las personas a consumir de inmediato, a no confiar en el valor del dinero, a vivir en una carrera contra el tiempo y la depreciación. Una inflación que se convierte en política de Estado no solo empobrece materialmente, sino que también empobrece espiritualmente, porque inculca la cultura de la resignación y el corto plazo.

En este punto es necesario detenerse y preguntarse qué significa hablar de redistribución en un país donde la pobreza monetaria aún ronda el 36 % de la población según el DANE, y donde cerca de 17 millones de personas viven con ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica. ¿De qué sirve un discurso que promete justicia fiscal si el resultado práctico es que el desayuno de una familia en Soacha o en Malambo se encarece en un 10 % mensual? La justicia social se transforma en injusticia cotidiana cuando el ciudadano percibe que trabaja más horas, paga más impuestos y recibe menos a cambio. En este contexto, la narrativa progresista de “hacer pagar a los ricos” se convierte en un espejismo que sirve para ganar votos, pero que se sostiene sobre el sacrificio silencioso de millones de consumidores que nunca entraron en la categoría de millonarios.

No se trata de negar que el Estado deba recaudar. Todo gobierno necesita recursos para funcionar. Pero la pregunta clave es hasta qué punto el sistema tributario deja de ser un mecanismo de financiación para convertirse en un mecanismo de control cultural. Cuando un país se acostumbra a que ahorrar no tiene sentido porque el dinero pierde valor, cuando un pueblo acepta que cada decisión económica está mediada por un impuesto disfrazado de justicia, estamos frente a una transformación mucho más profunda que la que muestran las estadísticas. Friedrich Hayek advertía que la intervención permanente del Estado en la economía no solo afecta la eficiencia de los mercados, sino que erosiona la libertad individual, porque las personas dejan de ser dueñas de sus elecciones.

En Colombia lo vemos reflejado en lo cotidiano. El tendero que decide cerrar más temprano porque ya no vende lo suficiente para cubrir costos, la madre que reduce la proteína en la dieta de sus hijos porque el salario no alcanza, el joven que aplaza su sueño de estudiar porque debe trabajar para cubrir los gastos familiares. Todos estos son ejemplos de cómo las reformas tributarias no se quedan en el Congreso, sino que se filtran en la cultura de cada hogar. Una cultura donde se normaliza la inflación, donde se enseña que el esfuerzo siempre será castigado con un nuevo tributo, y donde el futuro se percibe como una promesa cada vez más lejana.

Lo más preocupante es que la cultura inflacionaria se convierte en herencia. Los niños que crecen viendo a sus padres luchar por sobrevivir en un entorno de precios inestables y reformas tributarias constantes, internalizan la idea de que la economía es sinónimo de escasez. Aprenden que el dinero se va más rápido de lo que llega, que el ahorro es inútil, que el progreso es una excepción. Esa huella cultural, que va más allá de los indicadores económicos, es quizás el legado más grave de un modelo que justifica todo en nombre de la redistribución, pero que no reconoce el costo social de convertir al impuesto en una forma de vida.

Por eso, lo verdaderamente disruptivo hoy no es seguir repitiendo la narrativa oficial de que se trata de una reforma contra los ricos. Lo disruptivo es plantear el debate incómodo: los impuestos disfrazados de justicia social son en realidad impuestos invisibles sobre el pan, el café y la harina de todos. Son tributos que terminan financiando una burocracia que no reduce la pobreza estructural ni mejora la calidad de vida. Y son, sobre todo, la semilla de una cultura inflacionaria que empobrece tanto el bolsillo como la mente de un pueblo. La pregunta que queda en el aire es si seguiremos aceptando este destino como inevitable, o si algún día tendremos el coraje de cuestionar el modelo que nos condena a pagar cada vez más por vivir cada vez con menos.