El hambre de la inflación

El dinero, en tanto medio de intercambio, no es neutro, y su manipulación tiene consecuencias profundas que rara vez se asumen con la seriedad que merecen. En Colombia, donde la inflación ha golpeado con especial fuerza el costo de los alimentos en los últimos años, se hace visible una paradoja inquietante: la comida, que debería ser el bien más accesible, se convierte en un lujo para muchos hogares. El peso de cada billete se encoge en la mano del ciudadano de a pie, y con él se encoge también la calidad, la cantidad y, en algunos casos, la dignidad de lo que se consume. La inflación no es solo un cálculo en tablas del DANE; es un mecanismo corrosivo que penetra en la estructura de incentivos de productores y consumidores, distorsionando la moral del intercambio voluntario.

Cuando el campesino o productor agrícola enfrenta la devaluación de la moneda, se ve atrapado en un dilema que no es meramente económico, sino también ético. Puede vender al mismo precio y perder, puede subir precios y arriesgarse a la ruina por la fuga de clientes o a la persecución de un Estado que amenaza con controles, o puede degradar su producto manteniendo la ilusión de estabilidad. La cuarta opción, abandonar la producción, es la más silenciosa pero la más devastadora, pues cada hectárea que deja de sembrarse por inviabilidad económica significa un paso hacia el desabastecimiento. En todos los casos, el productor honesto está en desventaja. Y lo más doloroso es que la honestidad se convierte en un lujo imposible de sostener cuando las reglas del juego son torcidas por la inflación.

En la práctica, esto ya lo vivimos a diario. El paquete de arroz que parece el mismo, pero trae menos gramos. El pan que se endurece más rápido porque los insumos de calidad fueron reemplazados por otros más baratos. La carne que llega con más grasa y menos proteína. Son síntomas de un sistema donde los incentivos empujan al productor a sobrevivir en lugar de prosperar. Y lo que debería ser un mercado basado en la confianza mutua se convierte en una competencia por quién logra engañar menos o resistir más. Es lo que la llamada “ley de Gresham” predijo hace siglos en otro contexto: lo malo expulsa a lo bueno. Cuando el dinero pierde valor, el producto honesto es expulsado por el adulterado, el comerciante íntegro por el oportunista, el consumidor informado por el resignado.

El problema se agrava cuando el Estado decide asumir un papel activista en el mercado de alimentos. En lugar de aliviar la distorsión, la multiplica. Subsidios agrícolas que terminan favoreciendo a grandes intermediarios en vez de campesinos, regulaciones que encarecen la producción en lugar de abaratarla, controles de precios que suenan nobles pero terminan vaciando estantes. La historia reciente de Venezuela es un espejo incómodo: el control de precios sobre productos básicos llevó a que los anaqueles quedaran desiertos, mientras en el mercado negro los mismos productos aparecían a costos inalcanzables. En Argentina, la política de congelar precios para proteger a los consumidores ha terminado generando inflación reprimida, colas en supermercados y deterioro de la calidad. Colombia no está inmune a esos riesgos, y las señales de escasez encubierta ya se perciben en ciertos sectores rurales que prefieren no producir antes que trabajar a pérdida.

La inflación, al alterar los precios relativos, cambia la forma en que las personas valoran el tiempo y el futuro. Se incentiva la preferencia por el consumo inmediato: se compra hoy lo que se puede, aunque sea a crédito, porque mañana costará más. Esto no solo erosiona el ahorro, sino que también distorsiona la forma de producir. El agricultor que antes pensaba en invertir en la tierra y en mejorar sus técnicas, ahora piensa en cómo sobrevivir al siguiente ciclo de inflación. El consumidor, que antes podía planear una dieta equilibrada, ahora se conforma con lo más barato aunque sea menos nutritivo. En este círculo vicioso, la inflación se convierte en un impuesto silencioso al futuro.

Los ejemplos cotidianos en Colombia son elocuentes. Familias que deben sustituir la proteína animal por carbohidratos más baratos, con consecuencias en la nutrición infantil. Pequeños productores que venden su cosecha en pérdidas porque los fertilizantes importados, dolarizados, se han vuelto prohibitivos. Restaurantes de barrio que reducen las porciones para no subir precios y perder clientela. Incluso programas estatales de alimentación escolar se ven forzados a recortar calidad o cantidad porque el presupuesto asignado, fijo en pesos, pierde valor cada mes. El impacto no es solo económico, es cultural y social: la mesa familiar se empobrece, la confianza en el mercado se erosiona y la credibilidad en el Estado se desvanece.

Lo que en los informes oficiales aparece como un “incremento del IPC de alimentos” es, en realidad, una reconfiguración profunda de las relaciones sociales. La inflación no discrimina: golpea al productor, al consumidor y al comerciante, pero lo hace de manera desigual, beneficiando a unos y castigando a otros. Y en esa desigualdad radica su carácter destructivo. Los deshonestos sobreviven mejor que los honestos, los grandes que pueden especular resisten mejor que los pequeños que dependen de cada venta diaria, los políticos que prometen subsidios ganan popularidad a corto plazo mientras hipotecan el futuro.

El problema, por tanto, trasciende la economía. Es un dilema moral y político. Cuando la sociedad empieza a normalizar la trampa, la adulteración, el engaño en la transacción cotidiana de alimentos, lo que se deteriora no es solo el mercado, sino el tejido social mismo. La inflación convierte a la supervivencia en una justificación para la deshonestidad y hace que el ciudadano acepte el fraude como parte de la rutina. En ese terreno fértil crece el autoritarismo, porque la población, harta de la incertidumbre, empieza a clamar por un Estado que “controle”, que “garantice”, que “intervenga”. Pero cada nueva intervención estatal, al ignorar las señales reales del mercado, solo termina agrandando la herida.

En Colombia, donde la seguridad alimentaria debería ser un objetivo prioritario, la inflación está sembrando desconfianza y escasez en lugar de abundancia. No es un tema de cifras abstractas, sino de realidades tangibles: la lonchera del niño, la cosecha que no se vende, el plato que llega incompleto a la mesa. Allí radica el verdadero drama: la inflación es hambre disfrazada de estadísticas. Y mientras sigamos creyendo que se resuelve con decretos, subsidios o controles, estaremos cultivando un futuro de mayor pobreza, mayor desigualdad y menor confianza en el intercambio libre y honesto que sustenta toda economía sana.