El fraude de la deuda estudiantil

Hablar de educación en Colombia es abrir una herida que nunca termina de cicatrizar. Durante décadas, los gobiernos han prometido que invertir en las nuevas generaciones es el camino para superar la desigualdad y construir un país más justo, pero lo cierto es que las cifras, la realidad cotidiana y la experiencia de cientos de miles de jóvenes demuestran lo contrario. El caso de la deuda estudiantil es quizá el ejemplo más claro del engaño sistemático al que han sido sometidos millones de familias que vieron en el ICETEX la única opción para acceder a la universidad y terminaron atrapadas en una red de intereses, cuotas impagables y promesas incumplidas. El entonces candidato Gustavo Petro hizo de este tema una de sus banderas electorales en 2022: aseguró que la deuda debía condonarse y que la educación no podía seguir siendo tratada como un negocio. Esa frase movilizó multitudes de estudiantes que ya habían sido protagonistas de las protestas de 2021, muchos de los cuales arriesgaron su futuro, su vida y hasta su libertad en nombre de una educación más justa. Sin embargo, años después, la realidad es que no hubo condonación masiva, solo alivios parciales que benefician a una minoría, mientras la mayoría sigue enfrentando cuotas más altas, tasas de interés menos subsidiadas y un Estado que no cumple lo que promete.

Este fenómeno debe analizarse con cuidado porque no se trata únicamente de una promesa electoral rota. En el fondo, lo que vemos es la utilización del joven rebelde como instrumento político, un recurso que la historia muestra una y otra vez: movilizar a la juventud con la ilusión del cambio para luego relegarla a la frustración del olvido. Esa estrategia es eficaz en campaña, pero devastadora en la práctica, porque el entusiasmo de quienes marchan, gritan y protestan se convierte en apatía y desconfianza hacia las instituciones. Lo que comenzó como esperanza termina en cinismo, un terreno fértil para que la política siga reproduciendo los mismos vicios que decía combatir. En este punto vale la pena recordar a Thomas Sowell, quien en su crítica a las políticas redistributivas advertía que muchas medidas presentadas como ayuda social acaban beneficiando a burócratas y políticos más que a la población objetivo. En Colombia, la deuda estudiantil se convirtió en ese mecanismo: una estafa piramidal disfrazada de política pública donde los contribuyentes financian un sistema que solo engorda la burocracia educativa y enriquece a quienes están dentro de él, mientras el estudiante sigue atrapado entre cuotas impagables y una calidad educativa deficiente.

El drama no se reduce al ICETEX. La educación pública, a pesar de recibir uno de los presupuestos más altos de la nación, sigue lejos de los estándares regionales y a años luz de los países desarrollados. Los resultados de las pruebas PISA son contundentes: Colombia se ubica sistemáticamente en los últimos lugares en lectura, matemáticas y ciencias, incluso por debajo de países latinoamericanos con menos presupuesto. Aquí surge la paradoja: ¿cómo es posible que con tanto dinero invertido los resultados sean tan mediocres? La respuesta no puede ser otra que el mal manejo de los recursos, la ineficiencia y la captura de la educación por intereses gremiales y políticos. FECODE, el sindicato más poderoso del sector, concentra una influencia enorme en las decisiones de política educativa y ha sido señalado en múltiples ocasiones de bloquear reformas y defender privilegios que poco tienen que ver con la calidad del aprendizaje. Mientras los discursos hablan de futuro y equidad, en las aulas los estudiantes siguen recibiendo una educación pobre que no los prepara para competir ni siquiera en el ámbito regional, mucho menos en un mercado global.

El panorama se vuelve más inquietante cuando se observa el costo que pagan los contribuyentes. Aquí suele olvidarse una pieza central: cada peso condonado, cada subsidio otorgado, cada interés cubierto con recursos públicos proviene de la ciudadanía que paga impuestos. En Estados Unidos, un debate similar divide a la opinión pública: los trabajadores que nunca pudieron acceder a la universidad, o que decidieron no endeudarse, hoy ven cómo sus impuestos financian las deudas de quienes sí estudiaron, en muchos casos carreras que les abren puertas a ingresos superiores. Es una redistribución regresiva, un subsidio a las clases medias y altas disfrazado de justicia social. Colombia corre el mismo riesgo: un sistema donde el ciudadano que apenas sobrevive con su salario termina financiando a universidades ineficientes y a un aparato estatal que nunca rinde cuentas, mientras sus propios hijos reciben educación deficiente o ni siquiera acceden a la superior.

Lo más preocupante es que esta situación no solo refleja un problema financiero, sino una trampa ideológica. La idea de que la solución está en “más subsidios” o “más condonaciones” termina profundizando el círculo vicioso. Se expande el sistema, se incrementan las matrículas, se ensancha la burocracia y cada vez es más costoso para el Estado sostenerlo, sin que mejore la calidad. Es el mismo error que Friedrich Hayek denunciaba cuando hablaba de los peligros del colectivismo: cada intento de corregir una falla del sistema mediante más intervención estatal crea un nuevo problema aún mayor, y la rueda nunca se detiene. En este caso, lo que empezó como una estrategia para democratizar la educación terminó convertido en un mecanismo de reproducción de desigualdades y de dependencia estatal.

Colombia necesita con urgencia un debate serio y sin concesiones sobre su modelo educativo. No basta con señalar al ICETEX como villano ni con repetir la promesa vacía de la condonación. El problema es estructural: un sistema que privilegia la cantidad sobre la calidad, que mide su éxito en número de matrículas en lugar de medir el aprendizaje real, que confunde gratuidad con equidad y que convierte a los jóvenes en carne de cañón electoral. La deuda estudiantil es solo el síntoma más visible de un modelo agotado, sostenido artificialmente con los recursos de un contribuyente que nunca aparece en el discurso político, pero que siempre paga la cuenta.

En últimas, la gran estafa no es solo la deuda que asfixia a los estudiantes, sino el engaño colectivo de hacer creer que con más dinero y más subsidios se resolverá un problema que es de diseño. Y mientras el joven que protestó en 2021 paga hoy una cuota más alta de la que esperaba, el contribuyente resignado cubre con sus impuestos los intereses de un sistema que no mejora. La verdadera rebelión no será la de las calles incendiadas, sino la de una ciudadanía que entienda que la educación no puede seguir siendo excusa para la expoliación política y que exigir calidad, eficiencia y responsabilidad es el único camino para no perpetuar el fraude de la deuda estudiantil.