El espejismo de las pérdidas y las ganancias

En toda sociedad que aspire al progreso económico existe un principio básico que se repite con la precisión de una ley natural: el sistema de pérdidas y ganancias es el verdadero árbitro de la eficiencia. La ganancia señala que un empresario ha sabido interpretar las demandas de los consumidores y asignar recursos escasos de manera adecuada, mientras que la pérdida indica un error en el cálculo y, en consecuencia, una corrección necesaria. Este proceso, que puede parecer cruel en su rigurosidad, es en realidad el mecanismo más justo y democrático que la economía ha encontrado, pues nadie está por encima de la voluntad dispersa de millones de consumidores que, con cada compra, emiten su voto silencioso en el mercado.

Pero este equilibrio se rompe cuando el Estado se entromete. En Colombia, como en buena parte de América Latina, el gobierno ha asumido la tarea de corregir lo que llama “fallas del mercado”, pero en el intento de enmendar un supuesto error termina anulando las señales que permiten el progreso. Los subsidios masivos, los controles de precios, la manipulación de las tasas de interés o los programas que premian la ineficiencia no hacen otra cosa que alterar las brújulas que guían la inversión. El resultado es predecible: los recursos fluyen hacia sectores que sobreviven no por su capacidad de innovar o responder a los consumidores, sino por su cercanía con el poder político.

Colombia lo ha vivido en carne propia. Basta con mirar el sector energético y el salvamento recurrente de empresas estatales o con fuertes vínculos políticos que, en condiciones de mercado, habrían sido sustituidas por alternativas más eficientes. La historia de Electricaribe es un ejemplo doloroso: una empresa privada quebrada, asumida por el Estado con recursos públicos y repartida en nuevas compañías que todavía dependen de subsidios y transferencias. El ciudadano del común, que paga tarifas elevadas y sufre apagones, es la víctima invisible de este sistema que premia la mediocridad. La ganancia ya no es el resultado de servir al consumidor, sino de tener la habilidad de negociar con el Estado.

Algo similar ocurre en el sector agrícola, donde los subsidios y programas de apoyo, aunque se presentan como herramientas de justicia social, terminan capturados por los grandes productores que poseen la capacidad de lobby en Bogotá. En lugar de incentivar la productividad y la innovación tecnológica, se perpetúa un modelo rentista donde es más rentable hacer fila para recibir ayudas que arriesgarse a invertir en nuevas formas de cultivo o en cadenas de valor más eficientes. El campesino pequeño, sin contactos ni recursos para acceder al entramado burocrático, queda condenado a sobrevivir en la informalidad.

Este desvío de recursos genera un fenómeno aún más corrosivo: el surgimiento del emprendedor político. Se trata de aquel que dedica más tiempo a tender lazos con ministerios, congresistas o alcaldes que a pensar en productos, servicios o innovaciones. La política se convierte en la verdadera cancha de juego, y el talento empresarial se mide en la capacidad de acceder a contratos públicos, ganar licitaciones amañadas o beneficiarse de regulaciones hechas a la medida. El cálculo económico desaparece, sustituido por un cálculo político que corrompe el espíritu mismo del emprendimiento.

En este escenario, las palabras de Milton Friedman cobran vigencia: “Nada es tan permanente como un programa gubernamental temporal”. En Colombia, los programas sociales y económicos rara vez se ajustan o eliminan, incluso cuando se demuestra su ineficacia. Subsisten porque generan clientela política, porque son útiles para prometer votos y porque alimentan una cultura de dependencia en la que la iniciativa individual queda en segundo plano. El resultado es un círculo vicioso: menos competencia real, menos innovación, menos libertad económica y, por ende, menos prosperidad.

La inflación reciente en Colombia es otro síntoma de la distorsión de este sistema. El Banco de la República, aunque goza de autonomía formal, enfrenta presiones políticas para mantener tasas artificialmente bajas y financiar programas de gasto expansivo. El ciudadano siente el golpe en el mercado cuando su salario alcanza para menos, pero pocos conectan ese dolor cotidiano con las decisiones de política que alteran las señales del sistema de precios. La pérdida de poder adquisitivo no es una abstracción: es el resultado directo de haber convertido la moneda en un instrumento político.

Si observamos más allá de nuestras fronteras, la experiencia de Argentina debería ser una advertencia contundente. Décadas de subsidios, controles y favoritismo político han convertido a uno de los países más ricos en recursos en un laboratorio de fracasos. Allí, el sistema de pérdidas y ganancias prácticamente desapareció, reemplazado por una economía donde las señales auténticas fueron sustituidas por decretos y asistencialismo. El resultado es el éxodo masivo de talento, la inflación crónica y un tejido productivo colapsado. El espejo argentino debería invitarnos a reflexionar sobre el camino que seguimos en Colombia.

Lo paradójico es que el discurso político siempre se presenta como defensor de los más pobres, pero en la práctica los más vulnerables son los que sufren con mayor crudeza las consecuencias de las distorsiones. Cuando una empresa quiebra por exceso de controles, son los trabajadores los que pierden sus empleos; cuando la inflación devora el poder adquisitivo, son las familias de ingresos bajos las que recortan alimentos en su mesa; cuando se rescata a una empresa ineficiente con dinero público, son los contribuyentes los que pagan la factura, mientras los directivos responsables rara vez asumen las pérdidas.

En última instancia, la gran pregunta que debemos hacernos en Colombia es si queremos un sistema en el que las ganancias reflejen la capacidad de servir al consumidor o uno en el que el éxito dependa de la cercanía al poder político. El primero fomenta la innovación, la competencia y la prosperidad compartida; el segundo alimenta la corrupción, el clientelismo y el estancamiento. El sistema de pérdidas y ganancias es imperfecto, pero es el único que ha demostrado ser capaz de guiar a una sociedad hacia la prosperidad. Distorsionarlo es condenarnos a repetir los errores de quienes, en nombre de la justicia social, terminaron destruyendo las bases de la creación de riqueza.

La disyuntiva no es menor. No se trata de elegir entre mercado o Estado como categorías abstractas, sino de reconocer que cada distorsión, cada subsidio mal diseñado, cada control de precios arbitrario, erosiona un poco más nuestra capacidad de progresar. La libertad económica no es un capricho ideológico: es la condición indispensable para que las pérdidas enseñen, las ganancias premien y la sociedad avance. En Colombia aún estamos a tiempo de decidir si queremos un sistema que premie a los productores reales o si preferimos seguir atrapados en el espejismo de las ganancias políticas, que tarde o temprano se transforman en pérdidas sociales.