El espejismo de las cifras

Las estadísticas siempre han sido el terreno favorito de los gobiernos para justificar sus narrativas. En Colombia lo vemos con particular claridad cuando Gustavo Petro, en medio de la tormenta política y social que atraviesa el país, decide exhibir cifras que supuestamente demuestran una “excelente gestión”. Hace apenas unos días, mientras él desplegaba gráficas y porcentajes cuidadosamente diseñados, las redes sociales estallaban denunciando que los datos estaban maquillados, las comparaciones eran forzadas, los ejes de las gráficas estaban alterados y la realidad que vive la mayoría de colombianos contrastaba radicalmente con ese relato numérico. Es el dilema eterno de las estadísticas gubernamentales: pueden ser técnicamente correctas en su origen, pero su uso político termina convirtiéndolas en propaganda.

Lo inquietante es que esta práctica no es exclusiva de Colombia ni de este gobierno. Winston Churchill decía que solo creía en las estadísticas que él mismo había manipulado, y aunque lo hacía en tono irónico, no estaba tan lejos de la verdad política. En Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, se minimizaban deliberadamente los indicadores sobre el impacto del cambio climático para no afectar intereses corporativos. En Brasil, Jair Bolsonaro puso en duda la veracidad de los datos de deforestación en la Amazonía y llegó incluso a confrontar públicamente al instituto nacional que los producía. En China, el ocultamiento inicial de cifras sobre el COVID-19 generó una crisis de confianza mundial. En todos los casos, la política se apoderó del dato para transformarlo en herramienta de poder. La diferencia es que en sociedades con más prensa libre e instituciones técnicas independientes, la manipulación tarda menos en ser desenmascarada.

El caso colombiano reciente es ilustrativo. Petro celebró la reducción de la inflación, señalando que la cifra anual pasó del 13,25% en marzo de 2023 al 7,2% en julio de 2024, lo que para él representaba una victoria de su política económica. Sin embargo, ese dato, aunque cierto en términos agregados, no refleja la realidad de los hogares. Los precios de los alimentos básicos siguen siendo inalcanzables para millones: la libra de arroz se mantiene en promedio en 4.000 pesos, la carne de res en 20.000, y el aceite en más de 10.000. El índice baja porque se mide en promedio y con componentes ponderados, pero la experiencia cotidiana de los mercados barriales dice otra cosa. El dato oficial tranquiliza al gobierno, pero no al bolsillo del ciudadano.

Otro ejemplo se dio con el desempleo. El presidente afirmó que Colombia alcanzó una de las tasas de desempleo más bajas de la última década, ubicándose en 9,2% a mediados de 2024. La cifra, en el papel, parece positiva. Pero lo que rara vez se aclara es que gran parte de ese descenso obedece al aumento del trabajo informal, que ya ronda el 57% en las principales ciudades, según el propio DANE. En otras palabras, se cuenta como empleo el rebusque, la venta ambulante, el mototaxismo o los oficios sin seguridad social. La gente trabaja, sí, pero en condiciones precarias, sin acceso a salud ni pensión, mientras el gobierno celebra el descenso de la tasa general. Es un ejemplo perfecto de cómo la estadística puede ser técnicamente cierta y, al mismo tiempo, profundamente engañosa.

Lo mismo ocurre con la pobreza monetaria. Petro destacó que entre 2022 y 2023 esta se redujo del 39% al 36%, lo que implicaría que más de un millón de colombianos salieron de esa condición. Sin embargo, los expertos advirtieron que parte de esa reducción se explica por cambios metodológicos en la encuesta y por el aumento coyuntural de transferencias estatales, como las de programas sociales. Es decir, la pobreza disminuye en el papel, pero la vulnerabilidad persiste: basta con que suba la gasolina, el arroz o la electricidad para que miles de familias vuelvan a caer en la pobreza. El dato genera un efecto político positivo, pero no refleja transformaciones estructurales.

El problema de fondo es que los gobiernos se han acostumbrado a gobernar con cifras en lugar de hacerlo con resultados tangibles. Presentar una gráfica es más rápido que resolver una crisis hospitalaria, y hablar de crecimiento del PIB suena más convincente en un discurso que reconocer la precariedad del empleo informal. Esa lógica convierte a la estadística en un arma propagandística que busca moldear percepciones más que resolver problemas. Michel Foucault explicaba que el poder moderno se sostiene en buena medida en el control de la información y en la manera en que esta se administra; el Estado, a través de sus oficinas estadísticas, no solo mide la realidad, sino que también la produce discursivamente.

Ahora bien, sería ingenuo pensar que la solución es simplemente eliminar la política de las estadísticas. Las cifras son siempre políticas porque alguien decide qué medir y cómo hacerlo. El reto está en crear instituciones técnicas lo suficientemente autónomas para resistir las presiones de los gobiernos de turno. En Colombia, el DANE ha intentado mantener ese margen de independencia, pero cada vez que se publican cifras incómodas surgen rumores de presiones, cambios metodológicos sospechosos o retrasos en la divulgación. La confianza en la estadística pública depende no de su aparente neutralidad, sino de la credibilidad de las instituciones que la producen y de la capacidad de la ciudadanía para contrastar lo que se dice con lo que se vive.

El episodio reciente con las cifras presentadas por Petro es un recordatorio de que la legitimidad de un gobierno no se construye con gráficas bien editadas, sino con resultados visibles en la vida diaria de la gente. La política puede jugar con los números, pero nunca logrará ocultar del todo la realidad de las calles. El ciudadano común, que siente en su bolsillo el peso de los impuestos, en su mesa el encarecimiento de la canasta básica y en su barrio la falta de seguridad, sabe perfectamente cuándo lo están tratando de engañar.

En últimas, lo que está en juego es la confianza. Cuando los números oficiales dejan de ser creíbles, se erosiona no solo la legitimidad del gobierno, sino la del Estado en su conjunto. Las estadísticas pierden su valor como herramienta de diagnóstico y se convierten en armas arrojadizas en la arena política. Esa desconfianza es peligrosa porque abre la puerta al populismo más burdo, aquel que desprecia cualquier dato técnico y se limita a apelar al instinto, la rabia o la emoción. La única salida es reivindicar la importancia de los datos transparentes y verificables, acompañados de un debate público riguroso que no permita que la manipulación pase inadvertida.

La sociedad colombiana debe aprender a leer las cifras con espíritu crítico. No basta con repetir lo que dice un presidente ni con aceptar ciegamente lo que circula en redes sociales. Hay que contrastar, verificar y, sobre todo, comparar la estadística con la experiencia cotidiana. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en el punto de tensión entre lo que los números dicen y lo que la realidad grita. Mientras no asumamos esa responsabilidad como ciudadanos, seguiremos atrapados en el espejismo de las cifras, condenados a creer que todo va bien en un país donde, a los ojos de la mayoría, nada parece mejorar.