El costo oculto de las causas nobles

El discurso político contemporáneo ha convertido la defensa de los vulnerables en su principal bandera, en una suerte de requisito moral que ningún partido, líder o movimiento puede ignorar. Todos, desde las corrientes más radicales de izquierda hasta los sectores más pragmáticos de derecha, se presentan como guardianes de los débiles, como intérpretes de las necesidades de quienes no tienen voz. Sin embargo, la paradoja es brutal: en la práctica, las políticas que se diseñan con la promesa de aliviar la carga de los más pobres suelen terminar generando un efecto contrario, cargándolos con consecuencias más duras que las que originalmente se pretendía combatir. Esta contradicción, que se repite con una regularidad casi matemática, es hoy una de las principales razones por las que la confianza ciudadana en la política se erosiona de manera constante.

Tomemos como ejemplo el caso colombiano. La narrativa oficial del actual gobierno se ha centrado en la necesidad de construir un Estado protector, garante de derechos y corrector de desigualdades. Sobre el papel, la promesa de una reforma laboral que mejore las condiciones de los trabajadores parece incuestionable. Nadie podría oponerse a salarios dignos, seguridad social plena o estabilidad contractual. Sin embargo, en un país donde más del 55% de los trabajadores vive de la informalidad, las medidas de protección excesiva terminan profundizando esa brecha: quienes ya cuentan con empleo formal se benefician, pero la mayoría sigue atrapada en la precariedad, sin que los cambios les toquen siquiera la puerta. El resultado es un mercado laboral segmentado, donde los supuestamente defendidos continúan desprotegidos y, al contrario, con menos posibilidades de ingresar a un trabajo estable, porque el costo de contratar en la formalidad se vuelve prohibitivo para pequeños y medianos empresarios.

Lo mismo sucede con la agenda ambiental. La izquierda global ha enarbolado la bandera del ambientalismo como uno de sus pilares, y líderes como Gustavo Petro en Colombia o Gabriel Boric en Chile se han presentado como promotores de una transición energética que ponga fin a la dependencia del petróleo y el carbón. La causa parece noble: salvar el planeta, proteger a las futuras generaciones y frenar el calentamiento global. Sin embargo, en la realidad cotidiana de La Guajira o del Cesar, donde miles de familias dependen de la minería y de los ingresos que genera, el cierre abrupto de esas actividades significa pobreza inmediata, desempleo masivo y desolación. Mientras los discursos se construyen en salones internacionales como la COP, donde los aplausos sobran, los habitantes de regiones extractivas enfrentan la crudeza de quedarse sin sustento, sin alternativas productivas y sin respuestas claras de un Estado que promete soluciones que nunca llegan a tiempo. La paradoja es que se habla de justicia climática, pero la injusticia social que se genera en el proceso recae precisamente sobre los más vulnerables.

Algo similar ocurre con la defensa de las minorías y sectores históricamente discriminados. El reconocimiento de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, de las mujeres y de los pueblos indígenas ha avanzado de manera notable en las últimas décadas, y hoy resulta inconcebible que un líder político no se pronuncie en favor de estas luchas. Pero el riesgo del discurso simbólico es que, en la práctica, muchas veces se reduce a la creación de oficinas, cargos y burocracia que consumen recursos públicos sin traducirse en cambios tangibles. Las mujeres de barrios populares en Barranquilla o Soacha, víctimas de violencia doméstica o con acceso limitado a oportunidades económicas, siguen enfrentando las mismas dificultades, mientras que la agenda feminista de las élites políticas se concentra en debates académicos que poco alteran su vida cotidiana. De nuevo, quienes se presentan como defensores de los marginados terminan construyendo políticas que benefician más a los círculos cercanos al poder que a quienes dicen representar.

La misma lógica se extiende a las transferencias monetarias y subsidios, que han sido la carta preferida de gobiernos de distintos colores ideológicos en América Latina. La idea de entregar dinero directamente a los más pobres busca mostrar resultados inmediatos y tangibles, pero rara vez se acompaña de estrategias de productividad que permitan a las personas salir de la pobreza de manera sostenible. El círculo se repite: los subsidios calman momentáneamente el hambre, pero crean dependencia, alimentan el clientelismo político y condenan a millones a vivir bajo un modelo asistencialista que se perpetúa de generación en generación. Y cuando la inflación golpea, como ocurrió en 2022 y 2023 con un aumento sostenido del costo de los alimentos, los más pobres son los primeros en sentir cómo sus ingresos, por más que provengan de programas sociales, se evaporan frente al poder adquisitivo perdido.

La paradoja, entonces, no es solo que las causas nobles se usen como estandarte político, sino que se convierten en instrumentos de legitimación, en un lenguaje moral que oculta la falta de resultados reales. Lo vemos también en el plano internacional: Bernie Sanders en Estados Unidos o Jean-Luc Mélenchon en Francia se presentan como defensores de los trabajadores y de los excluidos, pero sus propuestas económicas han sido criticadas por economistas de diversas corrientes como inviables en contextos de alta globalización, donde el capital y las empresas pueden moverse de manera rápida, dejando atrás a los trabajadores que supuestamente iban a ser protegidos. El efecto es que las cargas regulatorias ahuyentan la inversión, y quienes más sufren la pérdida de empleos son los obreros, no las élites.

Colombia no escapa a esa lógica. Mientras el discurso presidencial insiste en la defensa de los más pobres, las cifras de pobreza monetaria han mostrado variaciones que no logran ocultar una realidad estructural: millones de hogares sobreviven en la informalidad, sin que las políticas estatales logren generar movilidad social real. La confianza en la política se deteriora porque las promesas grandilocuentes no se reflejan en la vida diaria. Los más vulnerables siguen siendo los más expuestos a la inflación, a la violencia, a la falta de oportunidades, a la precariedad laboral y al abandono institucional.

La gran pregunta que surge de esta paradoja es si acaso las causas nobles que se abanderan hoy no son más un recurso retórico que un proyecto real de transformación. Si la defensa de los pobres, de las minorías o del medio ambiente termina siendo un relato que moviliza votos, pero no políticas efectivas que cambien el destino de los más desfavorecidos. Quizá el verdadero debate no está en quién dice defender a los vulnerables, sino en quién logra crear condiciones reales de libertad, autonomía y progreso para que dejen de serlo. Lo demás es solo un espejismo bien construido, un discurso que, como suele suceder en la historia, termina pesando más en los salones de poder que en las calles donde habita la pobreza.