La universidad como trinchera ideológica: la captura silenciosa del pensamiento en Colombia

La universidad alguna vez fue el refugio del pensamiento libre, el lugar donde la disidencia era una virtud, donde la confrontación de ideas no era una amenaza, sino el método. Allí se reunían generaciones de estudiantes, profesores y científicos con una sola misión: avanzar en la comprensión de la verdad, con rigor, con método, con humildad ante lo desconocido. Pero hoy, en Colombia y buena parte del mundo occidental, esa imagen parece un recuerdo nostálgico más que una realidad vigente. En su lugar ha emergido una universidad distinta, marcada por una nueva ortodoxia que se disfraza de progresismo emancipador, pero que opera bajo los mismos mecanismos de censura, dogma y exclusión que en el pasado supuestamente combatía.

Ya no se trata de preguntar qué es cierto, sino de repetir qué es aceptable. La corrección política ha reemplazado al pensamiento crítico. Las estructuras universitarias, sobre todo en el sector público colombiano, han sido gradualmente colonizadas por actores ideológicos que no buscan comprender el mundo, sino moldearlo según un proyecto moral cerrado. Profesores, estudiantes y funcionarios —algunos con buena intención, otros con manifiesta agenda política— han empujado las universidades hacia un modelo que privilegia el activismo sobre el conocimiento, la militancia sobre la reflexión y la emoción sobre la evidencia.

Este fenómeno no es casual ni espontáneo. Tiene raíces profundas y estratégicas. Fue anticipado hace casi un siglo por Antonio Gramsci, quien entendió que la revolución comunista no triunfaría en Occidente mediante la violencia directa, como ocurrió en la Rusia de 1917. Su propuesta fue otra: tomar las trincheras culturales, infiltrarse en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en las iglesias y, especialmente, en las universidades. No se trataba de un golpe, sino de una larga marcha a través de las instituciones, una revolución cultural silenciosa que capturaría el sentido común, el lenguaje, la moral pública y, por supuesto, la educación.

La universidad colombiana no escapó a esta estrategia. Y aunque no se trata de una conspiración organizada, el resultado ha sido funcionalmente similar: una hegemonía ideológica de izquierda que define los términos del discurso, decide qué se puede decir y qué no, y clasifica moralmente a quienes se atreven a disentir. Cualquiera que cuestione los postulados de moda —el anticapitalismo acrítico, la deconstrucción de todo, la visión victimista de la historia, el odio a Occidente— será inmediatamente etiquetado: uribista, reaccionario, misógino, homofóbico, racista. Las etiquetas, en este nuevo orden, funcionan como dispositivos de exclusión epistemológica. Cancelan el debate antes de que comience. La lógica no importa; la intención atribuida lo es todo.

El ejemplo más visible en Colombia es el caso de la Universidad Nacional. En múltiples ocasiones ha sido escenario de parálisis institucional prolongada, ocupaciones violentas, presiones ideológicas para modificar el currículo, y declaraciones oficiales con claro sesgo político disfrazadas de “resoluciones académicas”. En 2023, se documentaron más de 20 bloqueos parciales o totales de campus universitarios por parte de movimientos estudiantiles autodenominados “populares”, cuyo lenguaje reproduce con exactitud los postulados gramscianos: hablar de pueblo, lucha de clases, justicia estructural, decolonialidad, etc., mientras se bloquea literalmente el derecho a estudiar de miles de alumnos que no comparten sus métodos ni sus ideas. La paradoja es perversa: se impone una visión de la justicia mediante la injusticia de impedir a otros educarse libremente.

Lo que antes eran carreras centradas en el análisis estructurado y el pensamiento lógico hoy se ven contaminadas por una inflación ideológica que invade todos los espacios. Incluso las ciencias naturales y la ingeniería no están exentas de discursos que exigen “perspectivas decoloniales” o “lecturas críticas del método científico” como si la física o las matemáticas fueran productos ideológicos occidentales que deben ser subvertidos. Esta postura, además de antiintelectual, desarma al estudiante frente a los desafíos reales del mundo laboral, donde se requieren habilidades verificables, no lealtades ideológicas.

Pero el problema no termina en la imposición del discurso. También está en el silenciamiento del otro. Profesores que se atreven a plantear perspectivas alternativas deben hacerlo con sumo cuidado, sabiendo que una palabra mal interpretada puede convertirse en un escándalo en redes sociales o en una queja formal. Esto genera un efecto de autocensura creciente. La libertad de cátedra, consagrada constitucionalmente, se erosiona de manera imperceptible, no por decreto del Estado, sino por presión social interna. La censura ya no llega desde afuera, sino desde adentro. Y eso la hace aún más peligrosa.

Mientras tanto, los medios masivos, muchos de ellos formados en esta misma lógica universitaria, replican y amplifican los discursos dominantes. El “progresismo” sin matices se convierte en el único horizonte moral posible. El estudiante promedio, que solo quiere aprender, se encuentra en un entorno donde callar es más seguro que pensar. Y así, la universidad deja de formar ciudadanos críticos para convertirse en una fábrica de activistas moralmente uniformados, entrenados para indignarse ante los síntomas, pero incapaces de entender las causas.

Los datos también son reveladores. Según el Observatorio de Educación Superior del Ministerio de Educación, menos del 35% de los estudiantes que ingresan a una universidad pública en Colombia se gradúan en el tiempo previsto. Parte de esta deserción está ligada a las condiciones socioeconómicas, pero otra parte no menor tiene que ver con la pérdida de sentido del proceso educativo: estudiantes desencantados, sin referentes, atrapados entre el panfleto y la burocracia, sin conexión real con el mundo productivo. En lugar de una educación que empodere con herramientas reales, reciben una dosis permanente de frustración sistémica disfrazada de discurso emancipador.

La universidad debe volver a ser lo que fue: un espacio para el pensamiento incómodo, no para la comodidad ideológica. Una institución que enseñe a razonar antes que a señalar, a formular preguntas antes que a recitar consignas. Una universidad donde quepan todas las ideas, no solo las que gritan más fuerte o cancelan más rápido. Pero para ello, se requiere valentía. La valentía de los profesores que se atrevan a romper el silencio. La valentía de los estudiantes que se atrevan a pensar fuera del molde. La valentía de los ciudadanos que exijan que sus impuestos financien conocimiento, no adoctrinamiento.

No se trata de eliminar las voces de izquierda, sino de permitir también las de centro, las de derecha, las que se mueven entre categorías, las que desafían los marcos impuestos. El verdadero pluralismo no se construye con cuotas ideológicas, sino con libertad intelectual. Y esa libertad, en la Colombia de hoy, está en riesgo.

Si queremos una democracia sólida, debemos defender la universidad como espacio de disenso, no como caja de resonancia ideológica. Porque cuando la universidad pierde su espíritu crítico, la sociedad pierde su futuro.