El odio a lo imaginado: cómo la narrativa ha reemplazado la verdad en Colombia

Vivimos en tiempos donde el juicio público no se construye a partir de la realidad, sino de imágenes fabricadas, simplificadas y muchas veces tergiversadas. En Colombia, esta tendencia se ha vuelto especialmente peligrosa: se nos ha educado emocionalmente para odiar lo que no conocemos, para desconfiar de lo que no comprendemos y para alinear nuestras simpatías o rechazos no en función de los hechos, sino de lo que nos dictan las narrativas dominantes. En esta confusión deliberada, la izquierda contemporánea ha sabido jugar sus cartas con una habilidad envidiable: ha logrado apropiarse de causas nobles que antes despreciaba, convertirlas en estandarte político y convertir cualquier disenso en una amenaza moral. Hoy, el debate ya no gira en torno a quién tiene la razón, sino a quién tiene el relato más movilizador.

No siempre fue así. Las grandes luchas por la libertad individual, por el derecho a disentir, por la separación entre poder político y vida privada fueron conquistas que nacieron al margen del colectivismo. Fueron gestas libradas por individuos que rompieron con la masa, que desafiaron a la autoridad desde su conciencia personal. En Colombia, los primeros liberales no lucharon por el subsidio ni por el estatismo. Lucharon contra la monarquía, contra el poder absoluto de los virreyes y de la Iglesia, por la autodeterminación del individuo frente al poder central. Hoy, sin embargo, el liberalismo ha sido reducido a una caricatura egoísta, mientras la izquierda ha logrado capturar el lenguaje de los derechos y el progreso para justificar un nuevo autoritarismo, más emocional que legal, más cultural que institucional, pero no por ello menos efectivo.

La estrategia ha sido sencilla y eficaz: apelar al resentimiento, sustituir la justicia por la victimización, y reducir al adversario político a una categoría moralmente inferior. En este nuevo escenario, el rico no es solo rico: es un explotador. El empresario no genera empleo: perpetúa desigualdades. El campesino que no vota por la izquierda es un traidor de clase, y la mujer que no milita en el feminismo institucional es una “internalizada”. Todo el que no encaje es anulado. No con argumentos, sino con etiquetas. No con evidencia, sino con emoción.

Lo más inquietante es que este fenómeno ha logrado permear lo cotidiano. En las redes sociales, en los colegios, en las universidades y hasta en las oficinas públicas, se ha instaurado un clima de sospecha ideológica. Cualquier opinión que cuestione la narrativa dominante es rápidamente atacada no por su contenido, sino por su procedencia. ¿Quién lo dice? ¿De qué lado está? ¿A quién beneficia? Las ideas ya no se juzgan por su verdad, sino por su alineación política. En Colombia esto ha alcanzado extremos ridículos: si alguien habla de libertad económica, automáticamente es acusado de querer privatizar la salud. Si critica el asistencialismo estatal, es acusado de odiar a los pobres. Si defiende la propiedad privada, es cómplice de las élites terratenientes. Esta simplificación del pensamiento no es casual; es funcional a una maquinaria narrativa que no busca entender, sino dominar.

El gobierno actual ha sabido canalizar esta lógica con maestría. En vez de gobernar con resultados, gobierna con relatos. La lucha de clases ha sido reciclada como una lucha por "la vida digna", pero sin contenido económico riguroso, sin un plan fiscal viable, sin un modelo productivo claro. Las reformas se presentan como “justas” por defecto, como si todo lo que se autodenomina progresista fuera, automáticamente, necesario y moralmente superior. La narrativa oficial no necesita resultados: le basta con antagonistas. Así, las EPS son malas porque son privadas, el Congreso es malo porque no aprueba lo que el Ejecutivo propone, los empresarios son malos porque "acumulan riqueza" y los medios son malos porque "desinforman". Es la vieja fórmula del populismo: dividir, moralizar, señalar.

El problema de esta estrategia no es solo ético, sino profundamente práctico. En un país como Colombia, donde el 44,6% de la población vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad según el DANE (2023), donde la informalidad laboral supera el 58%, y donde el crecimiento económico se desacelera por la falta de confianza empresarial, la política no puede permitirse ser un ejercicio narrativo. Las reformas deben ser viables, no simplemente emocionales. Pero el gobierno ha apostado por lo contrario: por gobernar la emoción colectiva, en lugar de gobernar la realidad compleja.

El daño cultural es quizás el más difícil de reparar. Se está cultivando una generación entera que no discute ideas, sino etiquetas. Que no investiga, sino que repite. Que no razona, sino que reacciona. Jóvenes que, sin haber leído historia económica ni comprender el funcionamiento del aparato productivo, sienten una profunda aversión hacia el libre mercado, la empresa privada o la inversión extranjera. Jóvenes que creen que el Estado lo puede todo, pero no se preguntan con qué recursos ni a costa de quién. Jóvenes que odian más lo que imaginan que lo que verdaderamente saben.

Y sin embargo, hay señales de resistencia. En medio del ruido emocional, cada vez más personas comienzan a preguntarse por qué seguimos repitiendo las mismas fórmulas fracasadas. Por qué países como Chile, Uruguay o Perú —que apostaron por modelos económicos más abiertos— han reducido más efectivamente la pobreza que Colombia, donde el asistencialismo se volvió política permanente. Por qué los países que protegen la inversión privada y la libertad económica tienen mejores indicadores de empleo, salud y educación. La comparación ya no es teórica, es empírica.

La historia está siendo usada como arma, y eso es peligroso. Se nos presenta una historia depurada, sin contradicciones ni dilemas morales, una historia donde solo hay héroes y villanos, víctimas y victimarios, oprimidos y opresores. Pero la historia real es más incómoda. Está llena de individuos que no encajan en ninguna categoría. Campesinos que defendieron a sus patrones, empresarios que construyeron hospitales públicos, guerrilleros que secuestraron y luego hablaron de paz. La historia real no obedece a una lógica de bloques, porque el ser humano no es un bloque. Es un agente libre, contradictorio, imperfecto. Por eso, una narrativa que elimina esa complejidad no es historia: es propaganda.

Necesitamos recuperar el pensamiento crítico en Colombia. No para reemplazar una narrativa por otra, sino para desmontarlas todas y volver a la realidad. Una realidad en la que el progreso no se decreta, se construye. En la que la pobreza no se elimina con discursos, sino con empleo. En la que los derechos no se garantizan con promesas, sino con instituciones sólidas. En la que la justicia no es ideológica, sino legal. Y sobre todo, una realidad en la que el conocimiento sustituya al odio. Porque si seguimos odiando más lo que imaginamos que lo que verdaderamente entendemos, terminaremos destruyendo incluso lo poco que nos queda por conservar.