El espejismo del control: entre el socialismo del siglo XXI y la urgencia de la libertad individual

En un país donde el café se cultiva con el sudor de millones de campesinos, pero se vende a precios que otros deciden, donde la salud se convierte en un botín político y la educación en una herramienta de adoctrinamiento ideológico, no es extraño que la pregunta por el verdadero fundamento de una sociedad próspera se vuelva urgente, casi insoportable. Colombia, al igual que otras naciones latinoamericanas, está atrapada en una encrucijada histórica: o renace desde la libertad, la propiedad privada y la responsabilidad individual, o se hunde lentamente en la promesa incumplida del Estado omnipresente que reparte lo que no produce y controla lo que no entiende. La narrativa del control estatal, que en el pasado fue vestida de justicia social, hoy aparece con ropajes más sofisticados, pero igual de peligrosos. No se trata ya de expropiar abiertamente, sino de regular hasta asfixiar. No de prohibir la libertad, sino de manipularla con discursos seductores hasta volverla irreconocible. El resultado es el mismo: dependencia, improductividad y pobreza moral.

Desde que el gobierno de Gustavo Petro asumió el poder en 2022, bajo una coalición que se autodenomina progresista pero cuyas raíces ideológicas se nutren del socialismo latinoamericano más radical, el péndulo colombiano se ha inclinado hacia un modelo que desconfía profundamente del individuo y deposita una fe casi religiosa en el Estado. La intervención se ha disfrazado de reforma, el control de redistribución, y la ideología de ciencia económica. Sin embargo, más allá del discurso, los datos hablan por sí solos. Colombia cerró 2024 con una inflación del 9,28% según el DANE, muy por encima de la meta del Banco de la República. La inversión extranjera directa cayó un 12,7% en el último año, y la confianza empresarial se desplomó. Mientras tanto, las reformas estructurales —como la reforma a la salud, la laboral y la pensional— han sido vistas por expertos como retrocesos institucionales que ahuyentan la inversión, frenan la productividad y reducen los incentivos para la innovación y el emprendimiento.

La historia económica no es ajena a este tipo de experimentos. Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía y uno de los más lúcidos críticos del intervencionismo, advirtió que el camino hacia la servidumbre comienza con buenas intenciones: prometer seguridad a cambio de libertad, justicia a cambio de propiedad, igualdad a cambio de mérito. Pero lo que suele comenzar como una regulación menor o un impuesto solidario, termina siendo una red de control que todo lo atrapa: precios, salarios, ahorros, servicios, información. En Colombia ya estamos viendo ese proceso en marcha. El Estado se erige como salvador, pero actúa como propietario: decide qué se puede producir, cómo se puede contratar, cuánto se puede ganar y a quién se debe ayudar. La idea de que la propiedad privada es un derecho inviolable cede ante la lógica de la “función social de la propiedad”, reinterpretada para justificar toda forma de intervención arbitraria.

Lo más alarmante no es solo la política, sino la ética que la respalda. Una ética de la envidia, del resentimiento, que condena el éxito y exalta la victimización. Se nos enseña que el empresario es culpable hasta que demuestre lo contrario, que el mercado es un campo de explotación y que la libertad es un privilegio burgués. En lugar de educar para la autonomía, se adoctrina para la obediencia. En lugar de fomentar la responsabilidad, se normaliza la dependencia. Las nuevas generaciones ya no aspiran a crear valor, sino a recibir subsidios. Esta es la muerte silenciosa del espíritu emprendedor, esa fuerza invisible que ha hecho prosperar a las sociedades libres.

En este punto, resulta inevitable volver la mirada a las advertencias de la Escuela Austriaca de Economía, esa corriente ignorada por los economistas estatistas pero reivindicada por la historia. Ludwig von Mises ya había señalado que el cálculo económico en una economía planificada es imposible. Sin precios libres, sin propiedad privada, sin competencia, las decisiones se tornan arbitrarias y la eficiencia desaparece. Cada intento de sustituir al mercado con la planificación central termina generando escasez, corrupción y descontento. Lo vimos en la Unión Soviética, lo vivimos en Venezuela, y hoy lo empezamos a sentir en Colombia, aunque todavía no queramos admitirlo.

Un ejemplo cotidiano basta para ilustrarlo. En Bogotá, la ciudad más importante del país, los taxistas bloquean las calles para exigir más regulación contra plataformas como Uber o Didi. El gobierno, en lugar de permitir la libre competencia, se pone del lado de quienes quieren proteger su privilegio mediante la coerción estatal. ¿El resultado? Menos opciones para los usuarios, menor calidad en el servicio y más ineficiencia. Este mismo patrón se repite en la salud, en la educación, en la energía, en el agro. La defensa del “bien común” se ha convertido en excusa para la mediocridad protegida.

El intervencionismo no solo fracasa económicamente; también corrompe la cultura. Cuando el éxito depende de estar cerca del poder y no del esfuerzo, cuando la riqueza se reparte antes de generarse, cuando el mérito es sustituido por la ideología, el mensaje es claro: no trabajes, no crees, no inviertas… espera que el Estado lo haga por ti. Pero el Estado no tiene recursos propios. Lo que reparte es lo que antes ha confiscado, y lo que promete es lo que antes ha destruido.

En este contexto, la defensa de la libertad no puede ser tímida. Debe ser radical, firme, casi contracultural. Porque se ha convertido en tabú decir que el Estado debe retirarse, que la educación debe ser desmonopolizada, que el dinero debe privatizarse, que la salud no necesita ministerios, sino libertad de elección. Pero esa es, precisamente, la apuesta de quienes creemos que Colombia aún tiene una oportunidad de escapar al destino de otras naciones vecinas. No será fácil, porque los mitos colectivistas tienen fuerza emocional. Pero el precio de no confrontarlos será el deterioro de nuestra república, la erosión de nuestras libertades y la infantilización de nuestra sociedad.

La esperanza, sin embargo, no está perdida. Cada vez más jóvenes colombianos se preguntan por qué, si el Estado lo controla todo, seguimos igual o peor. Cada vez más emprendedores entienden que la verdadera justicia social no se logra repartiendo pobreza, sino creando riqueza. Cada vez más ciudadanos desconfían de los políticos que prometen salvarnos de nosotros mismos. La pregunta por el fundamento de una sociedad libre no es solo teórica: es existencial. Nos jugamos el alma de la nación.

Colombia no necesita más control, necesita más libertad. No necesita más subsidios, necesita más propiedad. No necesita un Estado más grande, necesita ciudadanos más fuertes. Solo así dejaremos atrás el espejismo del socialismo del siglo XXI y construiremos una república digna de nuestra historia y de nuestro potencial. Porque al final del día, la prosperidad no se decreta, se conquista. Y la libertad, cuando se pierde, cuesta generaciones recuperarla.