Cuando el poder se disfraza de víctima: la trampa de la narrativa racial en Colombia

En una época donde las emociones gobiernan más que los argumentos, donde la indignación se vuelve una moneda valiosa en el mercado de la política, y donde las identidades pesan más que las ideas, hay discursos que se repiten tanto que terminan por asumirse como verdades incuestionables. Uno de ellos es el de la victimización racial, esa narrativa que ha logrado instalar en el debate público la noción de que todo fracaso social tiene un único culpable: la estructura racista de la sociedad. En Colombia, esta idea ha encontrado una de sus máximas representantes en la figura de Francia Márquez, actual vicepresidenta de la República, quien ha hecho de su historia personal y su color de piel un proyecto político. Pero detrás de su relato de resistencia y exclusión se esconde una contradicción insalvable: el uso del poder para seguir actuando como si se careciera de él.

La historia de Francia Márquez no es despreciable ni irrelevante. Es, por el contrario, representativa del esfuerzo de miles de personas que han superado barreras reales en un país profundamente desigual. Pero lo que se discute no es su historia, sino el uso político que se hace de ella. Su ascenso a la Vicepresidencia fue celebrado como un hito histórico, como un símbolo del avance social, como un acto de justicia restaurativa. Sin embargo, con el paso del tiempo ha quedado claro que su rol en el gobierno no es el de una mujer empoderada con capacidad de transformar, sino el de una figura decorativa cuya mayor utilidad fue simbólica durante la campaña presidencial. El presidente Gustavo Petro la usó como puente con sectores tradicionalmente marginados, como carta de legitimidad ante los discursos de equidad y como escudo frente a las críticas de centralismo y elitismo. Hoy, cuando las decisiones más relevantes del gobierno se toman sin ella, cuando su figura apenas aparece en espacios marginales de poder, no queda más que reconocer que fue instrumentalizada políticamente y luego relegada al olvido.

Pero este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Ya el economista afroamericano Walter E. Williams advertía, en sus trabajos sobre economía y raza, que la narrativa de la victimización puede terminar por ser más dañina que la propia discriminación. Williams argumentó con vehemencia que la discriminación racial, por grave que fuera, nunca ha sido una barrera insuperable para el progreso económico. De hecho, en uno de los pasajes más polémicos —y malinterpretados— de su obra, explicó que incluso durante la esclavitud, cuando algunos esclavos podían autocontratarse y pagar una cuota a sus amos, eran capaces de generar excedentes económicos y prosperar dentro de un sistema brutal e injusto. Su punto no era justificar la esclavitud, sino demostrar que la agencia individual y la capacidad de insertarse en la economía no desaparecen completamente incluso en los contextos más hostiles. Esta reflexión, lejos de ser una apología de la opresión, es una crítica profunda a quienes insisten en que el progreso de las minorías solo es posible a través del control político o la intervención estatal.

En Colombia, esta distorsión es evidente en las políticas públicas que se diseñan no para liberar a los individuos del yugo de la dependencia, sino para reforzarla mediante subsidios, cuotas, leyes simbólicas y discursos vacíos de contenido económico. El problema no es reconocer el racismo estructural, sino pretender que la única forma de combatirlo es mediante la administración política de la identidad. Así, se impone una visión según la cual el desarrollo de las comunidades negras solo será posible si son gobernadas por quienes se asumen como sus representantes raciales. Y si estos representantes no logran resultados, no es por incompetencia, sino porque el sistema sigue siendo hostil. Esta lógica es circular, impermeable a la crítica y profundamente paternalista. En lugar de empoderar, infantiliza. En lugar de liberar, somete.

Es en este punto donde la figura de Francia Márquez se convierte en un espejo de nuestras contradicciones nacionales. Ella llegó al poder con un discurso de justicia histórica, pero una vez allí ha continuado hablando como si siguiera excluida. Ha usado su tribuna no para plantear proyectos concretos, sostenibles, con visión de largo plazo para el Pacífico o las comunidades afrocolombianas, sino para reafirmar constantemente su papel de víctima. Ha dicho que no la quieren, que la discriminan, que no la escuchan, que le tienen miedo porque es negra y viene del pueblo. Y aunque es posible que enfrente prejuicios reales, lo que resulta problemático es que su presencia institucional no ha significado liderazgo, propuestas, gestión o articulación. La narrativa de exclusión se ha vuelto un refugio conveniente para justificar la inacción o el fracaso.

Mientras tanto, las regiones que Francia Márquez decía representar siguen sumidas en el abandono. El Chocó, el norte del Cauca, Buenaventura, Guapi, Timbiquí y tantas otras zonas del litoral Pacífico viven entre la pobreza, la minería ilegal, el desplazamiento, la extorsión, el olvido estatal y la penetración del crimen organizado. Nada en el discurso identitario ha logrado cambiar esa realidad. Y no porque el racismo no exista, sino porque la narrativa que se ha impuesto no ofrece soluciones reales. Insiste en que los problemas se deben al racismo, pero nunca muestra cómo la política identitaria —basada en cuotas de representación— va a resolverlos. Y lo más grave es que impide mirar las verdaderas causas del subdesarrollo: ausencia de inversión, falta de infraestructura, inseguridad jurídica, clientelismo político, corrupción local y falta de dinamismo económico.

Hay que decirlo sin rodeos: no basta con ocupar un cargo. No basta con tener un color de piel. El poder se ejerce, no se llora. Se lidera, no se victimiza. La transformación de las regiones excluidas requiere de visión estratégica, capacidad técnica, alianzas productivas, reforma institucional y liderazgo territorial. Ninguna de esas cosas puede sustituirse con discursos sobre la "resistencia" o con quejas constantes sobre discriminación. Porque si todo es culpa del racismo, entonces nada depende del mérito, la gestión o la responsabilidad individual. Y eso es profundamente peligroso.

Lo que ocurre hoy en Colombia con Francia Márquez es una advertencia. Es el reflejo de cómo las luchas legítimas pueden ser vaciadas de contenido por quienes solo ven en ellas una oportunidad electoral. Es el recordatorio de que el reconocimiento simbólico, sin transformación estructural, no solo es insuficiente: es una trampa. Una trampa que termina beneficiando a las élites que usan la diversidad como disfraz, mientras todo sigue igual o peor. Es también una oportunidad para preguntarnos si estamos dispuestos a seguir siendo espectadores de un teatro de apariencias, o si exigiremos que quienes dicen representarnos, actúen de verdad.

Porque la verdadera equidad no se mide por los discursos de quienes se asumen como víctimas desde el poder. Se mide por la capacidad de cambiar realidades, de construir alternativas, de dejar de mirar el color de piel como destino y empezar a mirarlo como punto de partida. La historia no se repara con lástima, ni el presente se mejora con resentimiento. Lo que necesitamos no es una nueva forma de quejarse, sino una nueva forma de liderar.