¿Pluralismo o ingeniería social? La equidad como caballo de Troya del igualitarismo en Colombia

En Colombia se ha convertido en dogma referirse al país como un Estado pluralista, incluyente y respetuoso de la diversidad. Esta idea se repite en la Constitución, en los discursos institucionales, en los currículos escolares, en las políticas públicas y en los medios de comunicación. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente ese pluralismo y, sobre todo, si en la práctica se está respetando o, por el contrario, si ha sido vaciado de contenido y reemplazado por una visión uniformadora de la sociedad. El concepto de “equidad”, que ha ganado centralidad en el lenguaje político y académico, parece ser el punto de quiebre. Bajo la apariencia de justicia social, este término se ha convertido en la justificación ideológica para avanzar una agenda de redistribución forzada de la riqueza, una igualación sistemática de resultados y un debilitamiento progresivo de los principios del mérito, la responsabilidad individual y la libertad económica. Todo esto en nombre de una “igualdad sustantiva” que no tolera la diferencia cuando esta se traduce en desigualdad de resultados.

La noción de pluralismo implica la coexistencia de diferentes formas de vida, creencias, preferencias y proyectos personales, todos protegidos por un marco de derechos que garantiza la libertad de expresión, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Este es el ideal que inspiró las democracias liberales modernas y que sirvió como base para construir instituciones que no privilegien a ningún grupo en particular, sino que permitan que todos puedan prosperar en libertad. Pero ese ideal ha sido progresivamente desplazado por una nueva concepción de justicia que no se conforma con asegurar oportunidades iguales, sino que exige resultados iguales. Se trata de una lógica de ingeniería social que convierte al Estado en árbitro de los resultados legítimos, y que por tanto le confiere poder para intervenir en todos los aspectos de la vida social y económica. Lo que antes se consideraba como una consecuencia natural de la libertad —la diversidad de resultados— ahora se presenta como una falla estructural que debe ser corregida.

En Colombia esta visión se ha institucionalizado con una rapidez sorprendente. Hoy es común que programas estatales de educación, empleo, vivienda o contratación pública estén condicionados a criterios identitarios o a pertenencias colectivas que suponen desventajas históricas. Estos programas ya no se enfocan en garantizar acceso libre y justo a servicios o recursos, sino en asegurar que los resultados estén equilibrados entre grupos sociales, étnicos o de género, sin importar si ese equilibrio se logra a costa de la libertad individual o del mérito. En las convocatorias públicas, por ejemplo, se otorgan puntajes adicionales no por logros, sino por pertenecer a una categoría determinada. En las universidades, se priorizan admisiones por criterios étnicos, sexuales o territoriales, muchas veces sacrificando el criterio de mérito académico. Esta forma de acción afirmativa, que en sus inicios pudo tener sentido como mecanismo temporal de corrección de inequidades históricas, se ha transformado en una política permanente que mina la igualdad ante la ley, genera resentimientos y promueve un sistema de cuotas que fragmenta a la sociedad en tribus competitivas por privilegios estatales.

Esta tendencia no es un fenómeno aislado de la política colombiana; responde a una ola global que ha reconfigurado el lenguaje de la justicia social para avanzar objetivos profundamente igualitaristas. Organismos internacionales, ONGs, agencias de cooperación y universidades han adoptado con entusiasmo esta narrativa, impulsando estándares que obligan a los Estados a demostrar “resultados inclusivos”. El problema es que estos resultados rara vez se logran mediante la libertad o la competencia justa. Por el contrario, requieren una planificación desde arriba, una intervención constante del Estado, y un sistema de premios y castigos basado en la identidad o el grupo al que se pertenece. En otras palabras, no basta con garantizar libertades: hay que dirigirlas.

Así, el concepto de equidad se convierte en el vehículo perfecto para introducir el ideal de la igualdad sustantiva. Esta idea, que parecería razonable en teoría, encierra una trampa: exige que las personas sean iguales en la práctica, no solo en derechos. Pero las personas no son iguales. Tienen talentos, intereses, culturas, valores y proyectos diferentes. Esa diferencia es la esencia misma del pluralismo. Tratar de igualar resultados es, en la práctica, negar esa diversidad humana y reducir a las personas a variables de una fórmula política. El resultado es paradójico: en nombre de la diversidad se impone una visión única sobre cómo debe lucir una sociedad justa.

La redistribución de la riqueza es el mecanismo preferido de este modelo. No porque promueva la superación de la pobreza, sino porque se convierte en una herramienta ideológica. Transferir recursos de unos grupos a otros no es solo una política económica: es una declaración moral, una forma de castigar a quienes se perciben como beneficiarios del “privilegio” y premiar a quienes se consideran víctimas estructurales. En lugar de fomentar el esfuerzo, la innovación o la productividad, se premia la identidad y se penaliza el éxito. Así, la lucha contra la pobreza se transforma en una lucha contra la riqueza.

Este modelo, aunque no se proclame marxista, se basa en los mismos principios que inspiraron la revolución permanente: la sospecha hacia el mercado, la desconfianza en la propiedad privada, la convicción de que las diferencias económicas son injustas por definición, y la necesidad de un poder central fuerte que corrija esas supuestas injusticias. En Colombia, este poder se ha encarnado en una burocracia bienintencionada, pero profundamente intervencionista, que regula, reparte, condiciona y fiscaliza cada aspecto de la vida social. Se legisla desde la moralidad ideológica, no desde la libertad. Y se educa para que las nuevas generaciones crean que la igualdad de condiciones no es suficiente, que deben aspirar a la igualdad de resultados, sin importar el costo para la libertad individual o el dinamismo económico.

La paradoja es que esta política ha generado una sociedad más dividida, más desconfiada y más dependiente del Estado. El pluralismo real ha sido reemplazado por una tolerancia simulada, donde la diferencia se admite solo si no cuestiona el dogma igualitarista. En nombre de la inclusión se excluye a quienes no se alinean con la narrativa. En nombre de la justicia se perpetúa una nueva forma de privilegio. Y en nombre del progreso se sacrifica la libertad.

Colombia necesita recuperar el verdadero sentido del pluralismo: el respeto a la diferencia, la protección de la libertad individual, el reconocimiento de que los seres humanos no son iguales en resultados y que esa desigualdad no es necesariamente injusta. Una sociedad libre no busca igualar a todos, sino permitir que todos, desde su diferencia, puedan prosperar sin ser objeto de ingeniería social. La equidad, si ha de tener algún sentido, debe referirse a la imparcialidad en el trato, no a la imposición de resultados. De lo contrario, será recordada como el caballo de Troya de una utopía igualitarista que terminó erosionando la libertad que decía defender.