Mientras ellos protegen, nosotros pagamos: la estafa moral del comercio justo

La idea de igualdad en el comercio internacional se ha convertido en un mito contemporáneo. Se invoca en discursos, se imprime en acuerdos, se aplaude en cumbres diplomáticas, pero nunca se cumple. En realidad, no existe y nunca ha existido un terreno nivelado en el comercio entre naciones. Las reglas del juego están diseñadas para favorecer a los que saben moverse dentro del tablero del poder, no a quienes producen con honestidad ni a los ciudadanos que pagan el precio de los privilegios ajenos. Pretender que los Estados se autorregulen para dejar de favorecer a sus industrias mimadas es como pedirle a un ladrón profesional que organice la seguridad de un banco. La ingenuidad de exigir “igualdad de condiciones” es, por tanto, no sólo inútil, sino peligrosa: nos distrae de la tarea más urgente, que es limpiar nuestra propia casa.

En Colombia, esta ingenuidad se viste de discurso nacionalista, de promesas de "reactivación industrial", de llamados al “consumo local” como si el problema del desempleo o la pobreza se resolviera dejando de importar ropa china o tecnología coreana. En este teatro de lo absurdo, se culpa al comerciante que importa más barato por la ruina del productor nacional, pero no se menciona que ese productor lleva años beneficiándose de exenciones tributarias, subsidios ocultos, créditos blandos y contratos estatales que poco tienen que ver con la libre competencia. Mientras tanto, los consumidores —todos nosotros— pagamos más por productos inferiores, los emprendedores deben competir contra empresas protegidas por el gobierno y las exportaciones colombianas siguen ancladas a unos pocos productos básicos que dependen del precio internacional y no de la productividad interna.

Pero esto no es un accidente. Los gobiernos, en todo el mundo, han convertido el proteccionismo en una herramienta política, no económica. En teoría, los aranceles y las cuotas existen para “proteger empleos nacionales” o “fomentar la industria”, pero en la práctica solo protegen a los grupos empresariales con conexiones. Lo vemos cada año cuando se discuten las reformas tributarias: el pequeño empresario debe cumplir una jungla de requisitos para pagar el IVA, mientras una empresa del sector energético recibe millones en beneficios por supuestas “externalidades positivas”. El campesino que vende en una plaza debe rogar por un subsidio, pero las asociaciones ganaderas cercanas al poder político son incluidas directamente en el presupuesto nacional. Esa no es protección, es privilegio.

Y lo peor es que esos privilegios no solo son visibles. Muchos están cuidadosamente camuflados en decretos técnicos, programas de innovación, créditos del Estado o supuestas estrategias de “sostenibilidad” que sirven más como excusa para desviar recursos que como verdadera inversión en desarrollo. Un ejemplo claro está en el sector agropecuario: mientras se subsidia a ciertos grandes productores, los pequeños agricultores son ahogados por regulaciones, falta de infraestructura y acceso limitado a mercados. Todo esto mientras se culpa a las importaciones por los males del campo, sin admitir que gran parte del problema nace de la ineficiencia interna y del uso político de los recursos públicos.

En lugar de competir con eficiencia y creatividad, se ha instalado una cultura de la queja institucionalizada: que si Estados Unidos subsidia su algodón, que si Europa protege su leche, que si China devalúa su moneda. Todo eso es cierto. Y todo eso también perjudica a sus propios ciudadanos, que pagan más impuestos para sostener industrias artificialmente rentables o que sufren inflación importada. El error no está en que ellos hagan tonterías, sino en que nosotros creamos que debemos imitarlas. En vez de usar su insensatez como coartada para ser igualmente irracionales, deberíamos aprovecharla. Porque cuando un país decide proteger artificialmente su economía, sus ciudadanos pagan más por menos. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando, en nombre del patriotismo económico, se elevan aranceles y se bloquean importaciones: se castiga al consumidor, al innovador, al pobre.

La mejor política comercial que puede adoptar un país como Colombia es la apertura unilateral. Sí, unilateral. Porque el comercio no es una guerra donde solo se gana si el otro pierde. Es, al contrario, un intercambio voluntario donde ambos ganan, aunque algunos gobiernos todavía crean que el déficit comercial es una señal de debilidad y no una expresión de preferencias de consumo. Si China quiere vendernos celulares baratos, deberíamos celebrarlo. No por ellos, sino por nosotros. Porque eso permite que millones de colombianos accedan a tecnología de bajo costo, que los jóvenes emprendedores puedan usar herramientas digitales para innovar y que el ahorro de los hogares se traduzca en una mejor calidad de vida. La obsesión con "proteger la industria nacional" a cualquier costo olvida que el verdadero fin de la economía no es proteger industrias, sino mejorar vidas.

Ahora bien, esta defensa del libre comercio no implica idolatrar el comercio exterior ni romantizar al empresariado. Implica reconocer que el comercio libre, aún con sus imperfecciones, es más justo que un sistema donde los ganadores se eligen en un escritorio y no en el mercado. Cuando las reglas del juego se diseñan para favorecer a quien más lobby tiene, no a quien mejor produce, el resultado es un capitalismo clientelista que se disfraza de interés nacional. Es la misma lógica que explica por qué en Colombia se celebran los subsidios para aerolíneas privadas, mientras se abandonan hospitales públicos; o por qué se destinan recursos a zonas francas para grandes empresas mientras los tenderos viven en informalidad.

Insistir en que el comercio internacional debe ser “justo” es, entonces, pedirle a los políticos que sean santos y a los burócratas que sean omniscientes. Pero no lo son. Nunca lo han sido. En lugar de caer en ese espejismo, deberíamos trabajar por un comercio interno verdaderamente libre, por un entorno empresarial donde nadie tenga que pedir favores para crecer y donde las leyes no protejan al poderoso sino al consumidor.

El mundo no va a dejar de ser desigual porque firmemos tratados o nos quejemos en foros internacionales. Lo que sí podemos hacer es dejar de ser cómplices de esa desigualdad desde dentro. Si cada país decide proteger a sus grupos privilegiados, esa es su tragedia. Pero no tenemos por qué imitarla. Mientras ellos protegen, nosotros pagamos. Y mientras nosotros insistamos en protegernos del mundo en vez de abrirnos a él, seguiremos condenados al atraso.

¿No sería más sensato empezar a dejar de estafarnos a nosotros mismos?