La trampa moral de la justicia social: cuando el mercado se convierte en el chivo expiatorio de nuestros fracasos

Vivimos tiempos en los que se ha vuelto moneda corriente apelar al lenguaje de la “justicia social” para justificar todo tipo de intervenciones estatales, expropiaciones simbólicas, y distribuciones forzadas de recursos que no fueron creados por el Estado, sino por ciudadanos que decidieron asumir riesgos, innovar, trabajar y construir. En Colombia, ese discurso ha calado hondo. Se nos dice que el país es profundamente desigual, que hay una “deuda histórica” con los pobres, que el Estado debe intervenir con más fuerza para redistribuir la riqueza, y que quienes se oponen a ello son insensibles, privilegiados o, incluso, enemigos del pueblo.

Sin embargo, lo que pocos se atreven a cuestionar es el fundamento mismo de esa narrativa. ¿Qué significa “justicia social”? ¿Qué autoridad tiene el Estado para decidir, de forma arbitraria, qué distribución de riqueza es justa y cuál no? ¿Y qué consecuencias reales trae esta visión del mundo cuando se convierte en política pública? Friedrich A. Hayek, economista y filósofo liberal, desmontó este concepto con una claridad que sigue siendo incómoda: la “justicia social” no es más que un eslogan sin contenido objetivo, una bandera moral al servicio de fines políticos. Para él, intentar juzgar al mercado como justo o injusto es cometer un error de categoría, es atribuirle intención moral a un proceso que no fue diseñado, sino que emerge de la acción libre y descentralizada de millones de individuos.

En Colombia, esta confusión ha tenido consecuencias devastadoras. En lugar de apostar por una sociedad de reglas generales, previsibles y neutrales —como lo exige una verdadera justicia entendida al estilo clásico—, se ha preferido el camino de la excepción, la intervención selectiva, la política clientelar disfrazada de redención social. Cada nuevo gobierno anuncia subsidios, programas sociales, transferencias condicionadas y planes de salvación para los más vulnerables. Pero pocos se preguntan de dónde salen esos recursos, ni qué efectos de largo plazo tiene esta lógica sobre la cultura del trabajo, el ahorro y la iniciativa privada.

Basta con mirar nuestro entorno cotidiano. El joven emprendedor que quiere montar una tienda en Barranquilla debe enfrentarse a una maraña de requisitos, licencias, impuestos y regulaciones que le hacen pensar dos veces si vale la pena arriesgarse. El agricultor que intenta exportar su producción debe competir con mafias organizadas que tienen privilegios y protección estatal, mientras él lucha solo contra el clima, la informalidad y el abandono institucional. El profesional que estudió, se esforzó y logró un empleo bien remunerado, es penalizado con cargas fiscales cada vez más altas, para financiar programas que muchas veces son ineficientes, corruptos o perpetuadores de dependencia. ¿Es eso justo?

La verdadera trampa de la justicia social es que cambia el foco del mérito al resultado. En lugar de valorar el esfuerzo, la creatividad y la responsabilidad individual, se enaltece la condición de víctima. El ciudadano deja de ser agente de su destino para convertirse en sujeto de derechos que debe ser asistido. Se institucionaliza el resentimiento, se normaliza la mediocridad, y se estigmatiza el éxito. Así, los frutos de una sociedad abierta y libre —como la innovación, la productividad o la movilidad social— son sacrificados en el altar de una igualdad artificial que solo puede sostenerse mediante la coerción.

En este escenario, el mercado se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Se le acusa de excluir, de concentrar, de generar desigualdad. Pero lo que en realidad hace el mercado —cuando es libre— es revelar información, coordinar decisiones dispersas, premiar la eficiencia y permitir que millones de personas cooperen sin conocerse, sin plan central, sin imposición. La desigualdad de ingresos en una economía de mercado no es necesariamente injusta; puede reflejar diferencias en decisiones, preferencias, talentos o sacrificios. Lo que sí es injusto —y profundamente regresivo— es que el Estado se arrogue el derecho de corregir esos resultados imponiendo sus propios criterios de mérito y necesidad.

Colombia, como muchas otras democracias latinoamericanas, se encuentra atrapada en este dilema. Por un lado, una ciudadanía que ha sido educada en el ideal de la redistribución como sinónimo de justicia. Por el otro, una clase política que ha hecho de ese discurso su principal capital electoral. Romper este círculo vicioso exige un cambio cultural profundo. Significa dejar de ver al Estado como redentor y comenzar a asumir la responsabilidad individual como pilar de la dignidad humana. Significa entender que la libertad —económica, política y civil— es un valor superior, no negociable frente a los caprichos igualitarios del poder.

Es urgente revalorizar la justicia como respeto a reglas generales, no como resultado subjetivo que debe ajustarse a una moral fluctuante. Hayek tenía razón al advertir que la justicia social es un espejismo peligroso. No solo porque carece de definición precisa, sino porque su implementación requiere renunciar a la libertad en nombre de una equidad impuesta desde arriba. Colombia necesita más mercado, más libertad, más competencia, y menos ingeniería social. No seremos una sociedad más justa por igualar resultados, sino por garantizar que cada quien pueda prosperar con base en sus propios méritos, sin que el Estado se arrogue el derecho de decidir quién merece más y quién menos.

La verdadera justicia no necesita adjetivos. Solo requiere instituciones que protejan la libertad, límites claros al poder, y una sociedad civil dispuesta a defender el derecho de cada individuo a vivir sin ser manipulado por los sueños planificadores de burócratas bienintencionados. La justicia social, en cambio, nos seduce con promesas imposibles, nos infantiliza como ciudadanos y nos condena a una perpetua búsqueda de culpables externos. Es hora de superar esa ilusión. El progreso real no se alcanza exigiendo redistribución, sino creando las condiciones para que todos podamos producir, intercambiar y crecer en libertad. Esa es la única justicia que vale la pena defender.