La trampa moral de la igualdad de oportunidades: una ilusión funcional para mantener el privilegio

La igualdad de oportunidades es uno de los principios más invocados en el discurso político y económico contemporáneo, especialmente en democracias liberales como la colombiana. Es una bandera noble, en apariencia irrefutable, que promete a cada individuo la posibilidad de forjar su destino sin estar atado a las circunstancias de su nacimiento. La idea parece simple: todos deberíamos tener la misma oportunidad de acceder a una buena educación, a un trabajo digno, a un sistema de salud de calidad. Nadie debería ser excluido de estos bienes fundamentales por su raza, género, clase o cualquier otra característica personal. Sin embargo, detrás de su fachada de justicia y neutralidad, la igualdad de oportunidades se convierte con demasiada frecuencia en una narrativa útil para el statu quo. Una narrativa que exonera al sistema de sus desigualdades estructurales, mientras responsabiliza al individuo por sus fracasos.

En Colombia, este principio ha sido absorbido con entusiasmo tanto por los sectores liberales como por muchos progresistas que, en lugar de cuestionarlo, lo han convertido en el marco ético de sus propuestas. El problema es que se parte de una ficción: que la carrera comienza cuando todos están ya en la línea de salida, cuando en realidad muchos nacen atrapados en un pantano mientras otros heredan una autopista despejada. En las estadísticas, esta distorsión es evidente. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un niño nacido en una zona rural tiene más del doble de probabilidad de crecer en condiciones de pobreza que uno nacido en una zona urbana, y uno nacido en La Guajira, el Chocó o Vaupés tiene muchas menos posibilidades de completar la educación secundaria que uno nacido en Bogotá o Medellín. Aun así, seguimos hablando de igualdad de oportunidades como si fuera una condición ya alcanzada, o peor aún, como si bastara con garantizar que todos puedan competir en las mismas reglas de juego para que el resultado sea justo.

Pero en la vida real, las reglas del juego no se escriben en un papel, se viven en el cuerpo, en la casa que habitas, en el barrio que te acoge o te margina, en el colegio que te forma o te castiga, en las redes familiares que te impulsan o te dejan solo. La educación pública en Colombia, por ejemplo, no ofrece las mismas herramientas a todos los estudiantes. Según el Índice Sintético de Calidad Educativa, los colegios públicos de muchas regiones rurales están por debajo del promedio nacional, con planteles sin internet, con carencia de docentes especializados y sin acceso a materiales básicos. ¿Cómo puede entonces hablarse de igualdad de oportunidades si el punto de partida es tan radicalmente desigual?

Más aún, el principio de igualdad de oportunidades es atractivo porque permite a las élites ilustradas defender su posición de privilegio sin sentirse culpables. Si todos tienen las mismas oportunidades, entonces quienes logran el éxito lo hacen por mérito propio, y quienes fracasan deben asumir su responsabilidad individual. Esta lógica meritocrática, que se presenta como racional y justa, olvida que el mérito también es un producto social. No es solo esfuerzo personal, es también resultado de apoyo, contexto, redes y recursos. Decir que “todos tienen las mismas oportunidades” es, en Colombia, una mentira sostenida por quienes nunca han tenido que cruzar un basurero para ir a la escuela o ver morir a un familiar en la sala de espera de un hospital.

Uno de los efectos más perversos de esta narrativa es que naturaliza el fracaso de los más vulnerables. El joven afrocolombiano de Buenaventura que no accede a la universidad no es víctima de un sistema que le negó oportunidades reales, sino alguien que “no se esforzó lo suficiente”. La madre cabeza de familia en el sur de Bogotá que no consigue empleo formal no sufre la precariedad estructural del mercado laboral colombiano, sino que “no se preparó” o “eligió mal”. En este marco, el problema no es la estructura social, sino las decisiones individuales. Esto, además de injusto, es profundamente desmovilizador: al individualizar la culpa, se desactiva la demanda de transformaciones colectivas.

En la actualidad, esta distorsión se hace aún más visible en el acceso a tecnologías y conectividad. Durante la pandemia por COVID-19, miles de niños quedaron excluidos del sistema educativo no por falta de voluntad, sino por carecer de internet o de un dispositivo en casa. Mientras los colegios privados migraron rápidamente a la virtualidad, muchos niños en zonas rurales y barrios populares quedaron en el limbo educativo. ¿Se puede hablar ahí de igualdad de oportunidades? El discurso oficial sí lo hizo, ignorando que la oportunidad no puede ser igual si no se igualan primero las condiciones materiales mínimas.

Y sin embargo, este discurso se mantiene vivo porque ofrece una promesa reconfortante: que vivimos en un sistema justo donde el talento será reconocido y premiado. Pero esa promesa, sin justicia redistributiva, es un espejismo. Porque la libertad de elegir solo es real cuando hay opciones efectivas disponibles, y eso requiere corregir desigualdades previas, no solo abstenerse de discriminarlas. La verdadera igualdad de oportunidades exige intervención, redistribución, reparación histórica. Exige asumir que no basta con eliminar barreras formales, sino que hay que construir rampas para quienes han sido sistemáticamente excluidos.

En Colombia, donde la historia ha sido una maquinaria de exclusión basada en el origen social, la raza, el territorio y el género, hablar de igualdad de oportunidades sin tocar la raíz de la desigualdad es como pintar de blanco una casa en ruinas. Puede lucir bien desde fuera, pero por dentro todo sigue desplomándose. No basta con no discriminar; hay que garantizar condiciones efectivas de participación. Y eso implica repensar el papel del Estado, de la política fiscal, del sistema educativo, del acceso a tierras, de la redistribución de poder y recursos.

La trampa de la igualdad de oportunidades es que se presenta como el ideal de justicia, cuando en realidad puede ser la coartada moral del privilegio. Un privilegio que no necesita prohibir ni excluir abiertamente, porque ya lo ha hecho silenciosamente desde el nacimiento. Un privilegio que dice: “todos pueden llegar”, pero omite que algunos ya estaban ahí cuando otros apenas comienzan a correr.

¿Estamos dispuestos, como sociedad, a confrontar esa mentira funcional? ¿O preferimos seguir creyendo que el sistema es justo, para no tener que enfrentarnos con la incomodidad de nuestras propias ventajas heredadas? La verdadera revolución ética no vendrá de repetir la igualdad de oportunidades como un mantra vacío, sino de desmantelar las estructuras que la han hecho imposible. Y eso exige incomodidad, conflicto, y una dosis de verdad que muchos no están listos para escuchar.

Pero tal vez ya es hora.