La libertad no se negocia: el libre comercio como defensa de la dignidad humana

Vivimos en una época donde se debate todo, desde los fundamentos de la economía hasta los principios más elementales de la vida en sociedad. En Colombia, este fenómeno no es ajeno. Las discusiones actuales, a veces cargadas de ideología y resentimiento, giran con frecuencia en torno a la intervención del Estado, al proteccionismo económico y a la supuesta necesidad de dirigir la economía nacional para garantizar justicia social. Pero estas narrativas, aunque disfrazadas de buenas intenciones, suelen esconder una peligrosa erosión de un valor esencial: la libertad. Y uno de los campos donde más se manifiesta este retroceso es el comercio. Más que una cuestión técnica o económica, el libre comercio es una expresión concreta y cotidiana de nuestra libertad personal. Es, en esencia, una herramienta de dignificación humana, una garantía de autonomía frente al poder.

No hay acto económico más cotidiano y democrático que comprar y vender. Desde una vendedora informal en las calles de Barranquilla hasta una empresa de tecnología que importa componentes desde Asia, todos ejercen su libertad cuando participan en el mercado. Pero esa libertad, tan elemental y tan humana, es también una de las más vigiladas y restringidas por el aparato estatal. Los aranceles, las licencias de importación, los trámites burocráticos interminables y las barreras a la competencia no son solo “instrumentos de política económica”. Son, en la práctica, mecanismos de control que subordinan las decisiones libres de millones de colombianos a la voluntad de unos pocos. Y ese poder centralizado no solo perturba los precios o los flujos comerciales: anula la capacidad de elección, condiciona el consumo, castiga la eficiencia y premia la mediocridad.

Los defensores del proteccionismo en Colombia, ya sean desde la tribuna política o desde ciertos sectores productivos, insisten en que las barreras comerciales son necesarias para proteger la industria nacional, generar empleo o corregir desigualdades. Pero la historia económica del país desmiente esa tesis. Durante décadas, Colombia aplicó políticas cerradas y dirigidas, amparadas en un modelo de sustitución de importaciones que no logró desarrollar una industria competitiva, pero sí fomentó la corrupción, el clientelismo y la dependencia de favores políticos. ¿De qué sirvió encarecer los productos extranjeros si el consumidor colombiano terminó pagando más por productos de menor calidad? ¿Qué sentido tuvo proteger a ciertas empresas si eso condenó al país a una economía menos dinámica, menos conectada con el mundo, menos libre?

Además, el argumento moral no puede eludirse. Imponer barreras al comercio es imponer límites a la libertad de cada ciudadano para decidir qué comprar, de quién y a qué precio. Es una forma sutil de desconfianza hacia la inteligencia de la gente, como si necesitáramos que el Estado nos proteja de nuestras propias elecciones. Pero más grave aún, es un atentado contra la igualdad ante la ley. Cuando el Estado establece reglas que favorecen a unos productores frente a otros, o privilegia una cadena de suministros sobre otra, está otorgando privilegios que nada tienen que ver con el mérito ni con la innovación, sino con la cercanía al poder político. Y así, el comercio deja de ser un campo de cooperación voluntaria para convertirse en un terreno de disputas políticas y rentismo.

Es aquí donde la reflexión cobra una dimensión más profunda. Porque el libre comercio no es solo una herramienta para maximizar eficiencia o reducir precios: es una forma de respetar la dignidad humana. Como bien lo advirtió Adam Smith, somos la única especie que comercia, que intercambia, que coopera en términos voluntarios y pacíficos. Esta capacidad es parte de lo que nos hace humanos, y en sociedades libres, ese intercambio espontáneo es la base de la riqueza, no solo material, sino también cultural y moral. Cada vez que el Estado interviene en ese proceso con la excusa de “proteger” a alguien, en realidad está coartando esa humanidad, frenando la diversidad de opciones, limitando la interacción entre iguales.

Basta observar lo que ocurre con los productos básicos en muchas regiones de Colombia. En la Guajira, por ejemplo, el contrabando de alimentos y combustibles no es solo una práctica ilegal: es una respuesta desesperada a la escasez artificial provocada por políticas restrictivas, aranceles altos y regulaciones incoherentes. ¿Qué otra cosa puede hacer una madre wayuu cuando el precio del arroz o del aceite, encarecido por impuestos a la importación, supera su capacidad adquisitiva? Las barreras comerciales en este caso no protegen a nadie: castigan al más pobre, perpetúan la informalidad y alimentan redes criminales. ¿No es esto una violación flagrante del derecho a la supervivencia?

En otro extremo del país, en las zonas urbanas, jóvenes emprendedores intentan importar productos para crear nuevos modelos de negocio —ropa, tecnología, alimentos, servicios—, y se enfrentan a aduanas ineficientes, normas arbitrarias y costos absurdos que encarecen sus proyectos. ¿Cómo puede prosperar una nación cuando el talento y la creatividad son sofocados por trabas innecesarias? ¿Cómo se puede hablar de innovación cuando lo que se impone es la obediencia a un sistema diseñado para castigar la libre iniciativa?

En Colombia, el discurso político actual muchas veces presenta al mercado como una amenaza y al Estado como un salvador. Pero la evidencia empírica demuestra lo contrario. Los países con mayores niveles de libertad económica —Singapur, Suiza, Nueva Zelanda— son también los que exhiben mayor prosperidad, menor corrupción y más movilidad social. Mientras tanto, las economías cerradas, controladas y altamente reguladas —como Venezuela, Cuba o Argentina— muestran con claridad el costo de sustituir la libertad por la planificación central. En este contexto, Colombia enfrenta una encrucijada: o avanza hacia una economía más abierta, más libre, más conectada al mundo, o se encierra en la nostalgia del estatismo, condenando a las nuevas generaciones a un futuro de dependencia y mediocridad.

Es hora de cambiar el relato. Dejar de ver el libre comercio como una amenaza y empezar a entenderlo como lo que es: una expresión legítima de libertad individual, una herramienta para el progreso y una garantía contra el abuso de poder. Defender el libre comercio no es estar del lado de las grandes corporaciones, sino del lado del ciudadano común, del emprendedor, del consumidor, del joven que sueña con crear, del agricultor que quiere exportar, de la familia que quiere ahorrar.

En un país donde tantas libertades se ven constantemente erosionadas por el poder político, defender el libre comercio es también un acto de resistencia. Es afirmar que la libertad no se negocia, que la dignidad no se mendiga, y que la verdadera justicia no se construye desde el control, sino desde la confianza en la capacidad humana de cooperar, crear y prosperar. La libertad económica no es enemiga de la libertad política: son dos caras de la misma moneda. Y sin ambas, la promesa de una Colombia libre será siempre una ilusión.