La ley que no nace de la razón es violencia disfrazada de justicia

 

Vivimos tiempos de confusión profunda. En Colombia, el discurso de la libertad ha sido capturado por quienes entienden la libertad como un simple acto de voluntad individual, desligado de toda responsabilidad moral. Se alzan voces que reivindican el “derecho” a actuar conforme a los propios intereses, sin tener en cuenta las condiciones de posibilidad para una verdadera convivencia. Pero si hay algo que nos enseña Immanuel Kant, ese filósofo ineludible de la modernidad, es que la libertad no es la posibilidad de hacer lo que se quiere, sino la capacidad de actuar conforme a una ley que uno mismo se da racionalmente y que, al mismo tiempo, puede ser válida para todos. Esa idea, tan poderosa como olvidada, debe ser rescatada con urgencia en medio del desorden ético y político que atraviesa nuestra república.

Porque aquí, en Colombia, la palabra “justicia” se ha vaciado de contenido. Se invoca el derecho para justificar los privilegios, se usa la legalidad para proteger al poderoso, se legisla no para garantizar la libertad de todos, sino para blindar intereses particulares. Lo que Kant llamó “arbitrio patológico” —el actuar según inclinaciones, caprichos o deseos egoístas— se ha instalado en la práctica política como si fuera virtud. Y sin embargo, no puede haber legitimidad en un Estado donde las leyes no nacen de la razón práctica común, sino del cálculo y el clientelismo. Lo que no puede ser universalizado, decía Kant, no puede ser considerado moral. Y si las leyes no pueden ser queridas racionalmente por todos, entonces no son leyes: son mecanismos de coacción ideológica disfrazados de democracia.

Pasamos por alto, con cinismo, que el orden jurídico solo es legítimo cuando permite la coexistencia de las libertades individuales en armonía con una ley común. Esto exige más que obediencia: exige autonomía, es decir, el ejercicio activo de la razón moral. Pero ¿cómo hablar de autonomía en un país donde el poder es muchas veces la negación de la voluntad colectiva? ¿Cómo hablar de libertad cuando quienes deberían garantizarla actúan conforme a pulsiones populistas o intereses personales? La corrupción, en el fondo, no es solo un problema administrativo: es la manifestación de una patología ética que desconoce el principio de universalidad del derecho. Un alcalde que desangra el erario, un congresista que legisla a favor de su gremio, o un juez que tuerce fallos según influencias, no solo traicionan al Estado: rompen el contrato moral que hace posible la vida en común.

Kant no concebía el contrato originario como un hecho histórico, sino como un ideal racional que nos permite juzgar la legitimidad de las leyes y del poder. No se trata de que realmente hayamos firmado un contrato, sino de que las normas deben ser tales que podamos imaginarnos consintiéndolas libremente si fuéramos ciudadanos racionales en condiciones de igualdad. Pero en Colombia, la desigualdad estructural impide ese consentimiento libre. La pobreza, la exclusión, la falta de acceso a la educación, el miedo que produce la inseguridad y la violencia, hacen que millones de ciudadanos no tengan la capacidad real de ejercer esa autonomía. ¿Qué contrato es posible firmar cuando la mitad del país apenas sobrevive? ¿Qué racionalidad se puede exigir a quien es víctima constante del abuso del poder?

Sin embargo, no todo está perdido. Porque Kant también creía en la posibilidad del progreso moral, y esa idea puede ser una brújula en medio del caos. Es posible reconstruir un pacto legítimo, pero solo si nos atrevemos a poner la razón por encima de la pasión, el bien común por encima de los intereses. La ley debe volver a ser expresión de una voluntad general racional, no la imposición de una mayoría circunstancial ni de una minoría influyente. La democracia, sin razón, se convierte en mera aritmética electoral; y el poder, sin derecho, se transforma en dominación.

Muchos de los males que nos aquejan no son simplemente fallas de gestión, sino deficiencias estructurales de nuestro concepto de libertad y poder. Un ejemplo cotidiano: cuando un policía abusa de su autoridad en un retén, cuando un burócrata cobra una “mordida” para hacer su trabajo, cuando un ciudadano lanza basura en la calle porque “nadie lo ve”, se están erosionando los cimientos morales del Estado. Porque lo que Kant enseñó, y que tanto hemos olvidado, es que la coacción externa solo es legítima cuando protege la libertad de todos. El poder no es bueno en sí mismo; solo lo es cuando actúa según principios racionales que todos podríamos aceptar. Y esos principios, necesariamente, deben tener su raíz en la moral, no en la conveniencia.

La ley moral es entonces el suelo desde el cual debe edificarse el derecho. Pero no una moral dogmática o religiosa, sino una moral de la razón: la que exige pensar si nuestras acciones podrían ser normas universales. Cuando el Estado se aleja de esa exigencia, cuando el poder se justifica por la eficacia, por el mandato de las urnas o por el miedo, entramos en el terreno de la violencia simbólica, que se disfraza de legalidad pero que no tiene legitimidad. Lo vimos en Colombia muchas veces: en las decisiones administrativas que atropellan derechos; en las reformas regresivas hechas a espaldas de la ciudadanía; en la militarización de la protesta social como respuesta al clamor legítimo.

Hoy más que nunca necesitamos volver a pensar en Kant, no como un filósofo abstracto, sino como un profundo defensor de una libertad real y racionalmente compartida. Necesitamos dejar de entender el derecho como un instrumento de poder y empezar a concebirlo como la expresión institucional de la moralidad común. Solo así podremos aspirar a construir un país donde las leyes no estén al servicio del más fuerte, sino al servicio de la razón, de la justicia, y de una libertad verdaderamente universal.

El día que entendamos que la ley moral no es un obstáculo para la libertad, sino su condición, empezaremos a vivir en una Colombia más justa. Hasta entonces, el poder seguirá siendo lo que ha sido para tantos: un arma de unos pocos contra la dignidad de todos.