La gran estafa del gasto público: cuando el Estado finge que produce riqueza
No es un asunto ideológico, es económico. Ni el Palacio de Nariño, ni los ministerios, ni las alcaldías producen algo que la gente desee voluntariamente comprar en el mercado. El gobierno no tiene una fábrica, no inventa productos, no exporta servicios, no arriesga capital propio. Su presupuesto no es más que una apropiación sistemática de la riqueza ajena, disfrazada de política pública. Cada programa “gratuito” tiene un costo oculto, cada ayuda estatal es financiada por alguien que produce, que trabaja, que ahorra, que emprende. Y sin embargo, muchos siguen creyendo en la falacia de que el Estado es un motor de crecimiento, cuando en realidad actúa como freno silencioso.
Pensemos en Colombia. Un país donde la informalidad laboral ronda el 58%, según cifras del DANE. Donde más de 21 millones de personas viven con menos de $13.000 pesos diarios. Donde el aparato estatal ha crecido de forma ineficiente, pero no proporcional al bienestar. ¿Acaso la expansión del gasto público ha reducido la pobreza estructural? ¿Acaso los subsidios masivos han creado empleos de calidad? ¿Dónde está la riqueza generada por los miles de contratos estatales, los programas sociales, las transferencias condicionadas? La respuesta es clara: no está. Porque no se creó. Se redistribuyó, mal, y se perdió entre la burocracia, la corrupción y la ineficiencia.
El aumento del gasto no genera crecimiento por sí mismo. Solo lo parece cuando se sostiene con deuda o con emisión monetaria, pero esa ilusión no dura. En 2023, el déficit fiscal colombiano cerró en el 4.3% del PIB. ¿Quién paga eso? El contribuyente de hoy, el niño de hoy, el empresario que arriesga, el joven que se endeuda para estudiar, el trabajador que cotiza más de lo que gana. Se paga con impuestos, con inflación, con menor inversión. El gasto estatal no es neutro: desplaza recursos del sector productivo hacia el improductivo, eleva la incertidumbre, deteriora el ambiente para hacer empresa y desincentiva el ahorro. No es casualidad que Colombia haya caído en los últimos rankings de libertad económica (puesto 90 según Heritage Foundation, 2024), ni que el desempleo estructural se mantenga por encima del 10% a pesar de las promesas de “reactivación”.
Mientras tanto, el colombiano de a pie debe navegar entre formularios, trámites, licencias, permisos, y cargas tributarias que lo desangran. En nombre del “interés general”, se le impide construir libremente su propio bienestar. Al tendero que quiere expandir su negocio se le imponen normas absurdas; al emprendedor digital se le asfixia con impuestos sin comprensión del modelo; al productor rural se le niega infraestructura básica mientras se destinan millonarios recursos a alimentar clientelas políticas. Este no es un Estado eficiente ni redistributivo: es un Estado extractivo, que actúa como un intermediario obligatorio, impidiendo que la riqueza fluya libremente entre quienes la crean y quienes la necesitan.
Pero la estafa va más allá del presupuesto. También es moral. Porque se le ha hecho creer a millones que el Estado los salvará, que el político que más promete es el más generoso, que la justicia social se logra quitándole al que tiene para darle al que no, sin importar el cómo ni el para qué. Esta lógica perversa no solo es económicamente destructiva: culturalmente corrompe. Destruye el vínculo entre esfuerzo y recompensa. Penaliza el mérito. Instala en el imaginario colectivo la idea de que prosperar por cuenta propia es injusto, y depender del Estado es un derecho. Pero sin responsabilidad individual, sin libertad para crear, sin instituciones que protejan la propiedad y el intercambio voluntario, ninguna sociedad progresa de forma sostenible.
La historia económica del mundo es clara: ninguna nación ha salido de la pobreza por obra del gasto público. Las que lo han hecho, lo han logrado cuando han respetado el ahorro, la inversión privada, la competencia libre y los precios como señales. No cuando han intentado planificar desde arriba la economía con decretos y subsidios. Chile, Irlanda, Singapur, Estonia… son casos donde la reducción del gasto estatal, la apertura comercial y la desregulación permitieron transformar realidades. Colombia, por el contrario, parece estar avanzando en la dirección opuesta. Una en la que el tamaño del Estado crece mientras la confianza empresarial cae, en la que se habla más de redistribuir que de producir, en la que se idealiza la pobreza como virtud y se castiga la riqueza como pecado.
Si de verdad se quiere una economía más justa, no hace falta más gasto público. Hace falta más libertad económica. Que el joven pueda emprender sin miedo. Que el agricultor acceda a crédito sin intermediarios políticos. Que el empresario no sea tratado como enemigo público. Que el ciudadano no tenga que mendigar lo que puede producir si se le deja en paz. La justicia social no se logra por decreto, sino creando las condiciones para que cada quien tenga la oportunidad real de salir adelante por sus propios medios. Esa es la verdadera solidaridad: permitir que todos puedan ser generadores de riqueza, no beneficiarios de un Estado paternalista y asfixiante.
En tiempos donde se romantiza el intervencionismo y se glorifica el gasto como si fuera un acto de redención política, es urgente recordar esta verdad incómoda: el gobierno no crea riqueza, la consume. Y entre más consuma, menos queda para quienes sí la generan. Lo que necesita Colombia no es más Estado, sino más libertad. Más respeto por quienes emprenden, más reconocimiento a quienes arriesgan, más espacio para que florezca el ingenio de los millones de colombianos que, a pesar de todo, siguen luchando por construir un país próspero, sin pedirle permiso al poder.
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