La desigualdad no es el problema: el problema es el privilegio

En Colombia, como en buena parte del mundo, la desigualdad se ha vuelto una especie de fetiche político y mediático. Se la diagnostica como la gran patología del siglo XXI, y se invocan recetas cada vez más agresivas para reducirla: impuestos más altos, subsidios más amplios, regulación más estricta. El economista Thomas Piketty ha sido uno de los profetas contemporáneos de esta cruzada, afirmando que el capitalismo, si se le deja operar sin restricciones, inevitablemente concentrará la riqueza en unas pocas manos. Su diagnóstico ha ganado popularidad entre académicos, gobiernos y activistas. Pero algo crucial se pasa por alto en este análisis: no toda desigualdad es resultado del mercado. No toda acumulación de riqueza proviene de la explotación o de la evasión. Lo que muchas veces se denuncia como “capitalismo salvaje” no es más que un sistema profundamente distorsionado por el intervencionismo estatal, por las reglas hechas a la medida de unos pocos, y por una cultura de privilegios disfrazada de legalidad.

En Colombia lo vivimos a diario, aunque no siempre con la claridad conceptual que permita identificar el verdadero origen del problema. Un emprendedor que quiere abrir una panadería en Barranquilla se enfrenta a una maraña de trámites, licencias, inspecciones, pagos y permisos. Mientras tanto, una cadena de supermercados con vínculos políticos fluye sin obstáculos, se instala en cualquier esquina, accede a créditos blandos y logra beneficios tributarios que al pequeño comerciante le están vedados. Esto no es un accidente: es un modelo institucional que castiga la iniciativa privada no apadrinada y premia la cercanía al poder. Y ese modelo no produce desigualdad como daño colateral: la necesita para funcionar.

La verdadera amenaza a una sociedad libre y justa no es la desigualdad en sí misma, sino el privilegio institucionalizado. La concentración de poder económico derivada del favoritismo estatal, de los contratos amañados, de los monopolios disfrazados de regulación, de los gremios que escriben las leyes que los protegen de la competencia. En palabras del Nobel Friedrich Hayek, “no es la desigualdad de riqueza lo que es intolerable, sino la desigualdad de oportunidades para alcanzarla”. En Colombia, muchas veces lo que se iguala no es la cancha, sino el techo: se impide que los más pobres suban, no que los ricos bajen. Esa es una tragedia que no se resuelve aumentando impuestos ni estatizando sectores, sino desmontando de raíz las barreras que impiden competir, innovar y prosperar.

Si el capitalismo colombiano ha fracasado en distribuir oportunidades, no es porque el mercado haya fallado, sino porque el mercado no es libre. Hay sectores enteros —como el transporte, la salud, la energía o el agro— donde las decisiones clave no las toman los consumidores ni los productores, sino los burócratas, los políticos y sus aliados empresariales. El resultado no puede sorprender: los que tienen contactos prosperan, los que tienen talento esperan. Los que tienen capital político capturan rentas; los que tienen ideas deben pedir permiso para implementarlas. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, más del 60% de los municipios del país dependen en más del 90% de sus ingresos del giro de recursos del gobierno nacional. En otras palabras, el mérito, la producción y la gestión local son irrelevantes: lo que cuenta es la relación con Bogotá.

Esta centralización excesiva, combinada con un diseño institucional que premia la cercanía al poder, genera incentivos perversos. Las élites económicas aprenden que es más rentable cabildear que competir, y las clases medias y bajas descubren que el progreso depende más del favor político que del esfuerzo propio. La informalidad —que afecta a más del 58% de los trabajadores colombianos, según cifras del DANE— no es una elección racional de evasión, sino una forma de defensa ante un sistema que dificulta la legalidad y encarece el cumplimiento. El Estado, en vez de garantizar la equidad en las reglas, se convierte en un obstáculo para el ascenso social. Esa no es una falla del mercado; es una distorsión provocada por el intervencionismo mal diseñado y por una visión patrimonialista del poder público.

Los que proponen más impuestos y más redistribución suelen ignorar que ese mismo Estado que recauda es el que decide a quién entrega los beneficios. En Colombia, donde el clientelismo político es parte estructural del ejercicio del poder, confiar en la redistribución estatal como solución estructural a la desigualdad es como intentar apagar un incendio con gasolina. El gasto público no redistribuye hacia los más pobres, sino hacia los más cercanos. Las políticas sociales se convierten en herramientas electorales, y los subsidios en mecanismos de control. Mientras tanto, las condiciones estructurales que generan pobreza y exclusión —como la falta de propiedad formal, el acceso restringido al crédito o la educación pública de baja calidad— permanecen intocadas.

Es aquí donde los liberales clásicos y libertarios deben hacer una autocrítica: no basta con defender el mercado abstracto, ni con repetir que menos Estado es mejor. Es urgente construir una narrativa que confronte directamente los mecanismos de privilegio que han corrompido la economía colombiana. No se trata de romantizar la desigualdad, sino de distinguir entre la desigualdad que surge de la libertad —cuando unos aprovechan mejor las oportunidades que otros— y la desigualdad que surge de la corrupción institucionalizada, cuando unos impiden a los demás siquiera intentarlo. La primera es compatible con la justicia; la segunda es la negación misma de la dignidad.

Hoy más que nunca, en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, de una polarización creciente y de una ciudadanía harta de promesas incumplidas, el discurso liberal debe volver a sus raíces éticas. Debe poner en el centro la idea de que toda persona, sin importar su origen, tiene derecho a intentar mejorar su vida sin pedir permiso ni favores. Debe exigir un Estado que garantice derechos, no que reparta privilegios. Debe oponerse no solo al exceso de impuestos, sino al uso político del presupuesto. Y debe demostrar que el verdadero camino hacia una sociedad más justa no pasa por castigar a los exitosos, sino por derribar las barreras que impiden que muchos más puedan serlo.

Porque el problema no es que unos tengan más que otros. El verdadero problema es que muchos no tienen cómo siquiera intentarlo.