La Demencia de la Espada: Cuando la Burocracia se Convierte en Silencio

La demencia de la espada, alzada en nombre de un supuesto propósito redentor, ha teñido de autoritarismo sutil el funcionamiento de nuestros aparatos estatales. Desde que, en agosto de 2022, se confió el mando supremo a quien prometía una nueva aurora, la primera virtud del burócrata quedó reducida a la obediencia acrítica: acatar cada decreto, replicar cada consigna, ejecutar sin cuestionar. El funcionario público, antes diseñado para ser un puente entre la ley y la realidad social, se convirtió en engranaje pasivo de una maquinaria que prioriza la disciplina sobre la creatividad y el debate interno. Así se secan los manantiales de la innovación institucional y se entierra la tradición republicana de contrapesos y controles mutuos.

En este clima, la propaganda se vuelve arma de doble filo. El gobierno ha destinado cifras millonarias —superiores a las de las carteras dedicadas a salud o educación en algunos periodos— a llenar pantallas, emisoras y redes con un relato cuidadosamente pulido. Lo sorprendente no es solo la cuantía, sino la forma en que se ha blindado la narrativa oficial: no hay espacio para la duda ni para la crítica moderada, pues cada cuestionamiento queda marcado como “enemistad” o “conspiración”. Cuando los mensajes de ciertos canales públicos se parecen más a spots de campaña que a informativos, la democracia pierde la oportunidad de nutrirse de la contradicción necesaria para su vitalidad.

La tensión con el Congreso se ha traducido en un curioso espectáculo de obediencia forzada. Legisladores de distintas bancadas relatan haber sufrido presiones para respaldar iniciativas emblemáticas del Ejecutivo, bajo la sombra implícita de represalias, desde la suspensión de recursos hasta la amenaza de iniciativas disciplinarias. Esta tensión, lejos de ser un mero choque político, ilustra la erosión paulatina de la autonomía legislativa: cuando los diputados se convierten en eco de las directrices presidenciales, el debate se empobrece y el Parlamento pierde su esencia deliberativa.

Más allá de las tensiones formales, persiste un lenguaje que roza la intimidación. En discursos multitudinarios, el presidente ha llegado a afirmar, en alocuciones solemnes, que “quien se interponga en este proyecto social será enfrentado con la fuerza de la ley y del pueblo”. Evocar la guerra o el destino trágico, con alusiones constantes a la épica bolivariana, no es un simple recurso dramático: envía un mensaje de confrontación que estremece el pulso ciudadano. Ver la espada libertadora desenfundada en un acto público, con vítores y arengas, situó la política colombiana en un escenario de culto a la personalidad que sobrepasa la admiración histórica y roza la apología del caudillismo.

Sin embargo, la realidad práctica del país no se pliega a estos gestos. Mientras el discurso presidencial exalta la “batalla por la justicia social”, en los municipios la burocracia claudica ante problemas básicos: trámites eternos para acceder a subsidios, demoras inexplicables en proyectos de infraestructura rural, falta de transparencia en la adjudicación de contratos. Un campesino de la región andina relata que, para conseguir una maquinaria agrícola prometida, pasó meses recorriendo oficinas sin lograr respuesta; al final, supo que el contrato había sido asignado a un proveedor cercano a círculos de poder, sin que mediara licitación abierta. Historias así revelan el contraste entre la grandilocuencia de la retórica y la miseria de la operación cotidiana.

Frente a este panorama, algunos jueces y magistrados han intentado erigir muros de contención. En tribunales administrativos, se han anulado decretos que imponían medidas excepcionales sin sustento jurídico convincente; en instancias constitucionales, se ha reivindicado el derecho a la división de poderes, declarando inconstitucionales disposiciones que alteraban garantías ciudadanas. Estas resoluciones han mostrado que, aun en tiempos de presión política, las instituciones pueden ejercer su papel de árbitros imparciales. No obstante, cada fallo favorable al equilibrio institucional se convierte en pretexto para acentuar la retórica de “injerencia” y “resistencia conservadora”, alimentando la narrativa de que quienes defienden la ley son meros opositores al cambio.

En las esquinas de nuestras ciudades, la ciudadanía comienza a levantar la mirada. Una comerciante en Barranquilla comenta que, tras años de escuchar una versión única de la “verdad oficial”, siente el terreno fértil para la confusión: “Si todo es propaganda, ¿en quién puedo confiar?”, se pregunta mientras atiende su tienda. Un docente en Cali nota que sus estudiantes se inclinan por visiones polarizadas, incapaces de distinguir entre crítica legítima y conspiración malintencionada, pues los debates públicos se han intoxicado de epítetos y descalificaciones. Estas impresiones cotidianas enfatizan el riesgo de que la propaganda masiva y el lenguaje beligerante calen en el tejido social, generando desconfianza y apatía.

Volver al cauce democrático requiere rescatar la audacia del funcionario que investiga, cuestiona y propone; restaurar un Parlamento capaz de disentir sin miedo y un Poder Judicial firme en su independencia. Reclamar transparencia en cada contrato, audiencias públicas verdaderas y espacios de deliberación plural. La espada de Simón Bolívar no debe servir para amenazar ni para adorar a un líder, sino para recordar que la libertad se construye en el intercambio respetuoso de ideas y en el control recíproco de quienes detentan facultades de mando. Solo así, con burócratas valientes y ciudadanos informados, volveremos a sentir que la administración pública es un aliado de la sociedad y no un instrumento de silencio impuesto.