El proteccionismo no da trabajo: lo disfraza y lo destruye

Vivimos en un país que carga con la ilusión constante de que la protección es sinónimo de bienestar. La narrativa nacional —repetida desde décadas en discursos políticos, campañas electorales y decisiones burocráticas— afirma que cerrar la economía, imponer aranceles altos o subsidiar industrias ineficientes es una forma legítima de proteger el empleo y defender la producción nacional. Pero esta retórica, aunque emocionalmente poderosa, no resiste el rigor de un análisis económico serio. Lo que se vende como defensa del trabajo colombiano, en realidad, encierra una trampa: el proteccionismo no crea empleos sostenibles; los traslada, los encarece y, con el tiempo, los destruye.

Los aranceles funcionan como una especie de impuesto al consumidor disfrazado de salvavidas para el productor. Cada vez que se impone un arancel a un producto importado —sea ropa, maquinaria, alimentos o insumos médicos— se incrementa artificialmente su precio. Esto, lejos de beneficiar al ciudadano promedio, lo castiga doblemente: por un lado, reduce su poder adquisitivo al tener que pagar más por productos de menor calidad; por otro, limita sus opciones, empujándolo hacia un consumo menos eficiente. En Colombia, donde el salario mínimo apenas cubre lo esencial y donde más del 60% de los trabajadores se mueven en la informalidad, este tipo de medidas no protegen a los más vulnerables: los castigan con más fuerza.

La pérdida es silenciosa, pero devastadora. Cuando se encarecen los bienes de consumo a causa de aranceles, las familias recortan su gasto en otras áreas. Una madre que gasta más en ropa o en útiles escolares para sus hijos porque los productos importados ahora pagan impuestos más altos, compra menos alimentos, cancela servicios, aplaza visitas al médico o simplemente deja de ahorrar. Esta caída del consumo repercute en toda la economía: menos compras significan menos ventas; menos ventas, menos producción; y menos producción, en última instancia, menos empleo. Y no se trata solo de empleo perdido en el sector formal: también desaparecen oficios, ocupaciones y formas de subsistencia en sectores que nunca se ven mencionados en las discusiones arancelarias.

Lo peor es que el daño queda invisibilizado. Los empleos que se pierden por el encarecimiento generalizado de la economía no salen en los noticieros ni aparecen en los informes de rendición de cuentas. Nadie ve a quienes no fueron contratados por la fábrica que no se expandió, ni a los jóvenes que no encontraron empleo porque el restaurante de su barrio no abrió, ni a las pequeñas empresas que quebraron porque no pudieron competir con proveedores más baratos y eficientes del exterior. Son las víctimas no contadas del proteccionismo.

Mientras tanto, la ilusión de defensa nacional sigue capturando la imaginación de muchos. En Colombia hemos visto cómo ciertos sectores claman por aranceles para proteger la producción agrícola nacional, sin asumir que parte del problema está en los altos costos de insumos importados, en la precariedad logística, en la baja productividad por hectárea o en el clientelismo que corroe el uso de los subsidios. En vez de abrirnos al conocimiento, la innovación y la competencia internacional, preferimos encerrarnos tras muros de papel, creyendo que en la autarquía reside el progreso. Pero lo único que logramos con eso es proteger ineficiencias, mantener precios elevados y bloquear el acceso a tecnología, conocimiento y mejoras en productividad.

Uno de los ejemplos más claros lo tenemos con los productos agrícolas. Colombia, con tierras fértiles y climas diversos, podría ser una potencia exportadora de alimentos si permitiera que el mercado premiara la eficiencia y castigara el atraso. Pero en lugar de promover la competencia y eliminar trabas estructurales, el Estado ha preferido aplicar aranceles a productos como el arroz, la papa o la leche en polvo importada. Esto no solo castiga a las familias más pobres, que deben pagar más por productos básicos, sino que impide que los productores nacionales se enfrenten al reto de mejorar su calidad, reducir costos y aumentar su productividad. El resultado es un círculo vicioso de proteccionismo, mediocridad y dependencia estatal.

Tampoco se puede ignorar el impacto sobre los salarios reales. Cuando suben artificialmente los precios internos debido a aranceles, el salario que recibe el trabajador alcanza para menos. El ingreso nominal puede mantenerse o incluso crecer ligeramente, pero su capacidad de compra disminuye. En otras palabras, aunque alguien gane más en pesos, vive peor. Esta erosión silenciosa del poder adquisitivo es una forma indirecta de empobrecimiento que afecta especialmente a quienes viven del trabajo diario y no tienen ahorros, inversiones o propiedad. Es decir, la mayoría.

A nivel global, los países que han crecido de forma sostenida no lo han hecho cerrando sus economías, sino integrándose estratégicamente a los mercados mundiales. Corea del Sur, Vietnam, Irlanda y más recientemente Bangladés, han demostrado que competir con el mundo obliga a las industrias a mejorar, a innovar y a ser más productivas. Colombia, en cambio, parece estancada en una lógica proteccionista del siglo pasado, más enfocada en proteger empleos existentes que en fomentar los que podrían surgir si se liberaran las fuerzas del emprendimiento, la innovación y la inversión.

El comercio internacional no es un juego de suma cero. Cuando compramos productos del exterior a precios más bajos y de mejor calidad, todos ganamos. Ganamos como consumidores, porque podemos acceder a más y mejores bienes; ganamos como productores, porque nos obliga a adaptarnos, a mejorar y a especializarnos en lo que hacemos mejor. Esa es la lógica de la ventaja comparativa que expuso David Ricardo en el siglo XIX, y que sigue siendo válida hoy: cada país se beneficia al especializarse en aquello que produce de forma más eficiente, e intercambiar lo demás. Ir en contra de este principio, en nombre del nacionalismo económico, es una forma costosa de autoengaño.

Más que proteger empleos, lo que Colombia necesita es liberar su economía, reducir trabas burocráticas, invertir en infraestructura, garantizar seguridad jurídica, fomentar la competencia y abrirle espacio a la creatividad empresarial. En lugar de subvencionar industrias zombis que sobreviven a punta de proteccionismo, el Estado debería facilitar la transición hacia sectores dinámicos, intensivos en conocimiento, tecnología y valor agregado. Pero para eso hace falta valentía política, visión económica y, sobre todo, un cambio cultural profundo: dejar de ver el proteccionismo como escudo y empezar a verlo como lo que es —una barrera al desarrollo.

El proteccionismo no da trabajo: lo disfraza, lo desordena y finalmente lo destruye. Y en un país como Colombia, con millones de jóvenes esperando oportunidades reales y sostenibles, insistir en este error es no solo costoso, sino cruel.