El Estado como botín: la trampa del intervencionismo en Colombia

En el corazón de la política moderna late una mentira repetida con tanta frecuencia que ya parece verdad: la idea de que el Estado existe para protegernos, equilibrar desigualdades, defender a los débiles y corregir fallos del mercado. Desde los pupitres de las escuelas hasta los titulares de los noticieros, nos han enseñado a mirar al gobierno como un árbitro imparcial, como el buen pastor que guía a su rebaño. Pero en Colombia, esa imagen se desmorona cuando nos asomamos al funcionamiento real del poder. El Estado no es una máquina neutra al servicio del pueblo. Es, más bien, un botín en disputa, una fuente de privilegios para quienes logran acercarse a él y manipularlo en su favor.

Los discursos que justifican el intervencionismo estatal suelen apelar al bienestar colectivo. Nos dicen que es necesario imponer un salario mínimo para dignificar la vida del trabajador, establecer aranceles para proteger la industria nacional, regular la medicina para salvaguardar la salud pública, o intervenir con subsidios y auxilios para defender a los más vulnerables. Pero lo que raramente se dice —y lo que urge señalar— es que estas intervenciones muchas veces no benefician al público en general, sino a grupos específicos que han sabido jugar el juego del poder: sindicatos bien conectados, empresarios protegidos, gremios privilegiados, burócratas perpetuos. Mientras tanto, la población común paga el precio, muchas veces sin saberlo.

Tomemos el caso del salario mínimo. En Colombia, el debate se repite cada año con la misma ritualidad: las centrales obreras piden aumentos, los gremios empresariales los moderan, y el gobierno busca un punto medio que apele a la opinión pública. Pero detrás de esta coreografía, lo que realmente ocurre es una redistribución perversa: los trabajadores sindicalizados o empleados formales en grandes ciudades son quienes más se benefician, mientras que los informales —más del 57% de la fuerza laboral, según el DANE— ven cómo su empleabilidad disminuye. El salario mínimo actúa como una barrera de entrada para los menos cualificados, excluyéndolos del mercado formal. En lugar de dignificar al trabajador, lo deja por fuera, empujándolo a la economía subterránea, al rebusque o al desempleo. Es una política que se vende como solidaria, pero que margina a los más pobres.

Algo similar ocurre con los aranceles y las restricciones a las importaciones. En nombre de la "soberanía productiva", se protege a empresas nacionales que muchas veces no son competitivas, pero que cuentan con poder de lobby. El caso del calzado o el textil es ilustrativo: décadas de proteccionismo han beneficiado a empresarios que no han innovado, mientras que los consumidores pagan más por productos de menor calidad. En un país con una clase media frágil, donde cada peso cuenta, encarecer artificialmente los bienes de consumo es un golpe directo al bolsillo de millones. Pero la narrativa proteccionista sigue viva, alimentada por intereses gremiales que se presentan como "industria nacional", cuando en realidad son monopolios disfrazados.

El sector salud tampoco escapa a este juego. Bajo la excusa de la seguridad sanitaria y la calidad del servicio, se han impuesto regulaciones que privilegian a grandes EPS, farmacéuticas transnacionales y redes médicas privadas que saben navegar el mar de la burocracia estatal. El resultado es un sistema capturado por intereses corporativos donde las decisiones médicas responden más a incentivos financieros que al bienestar del paciente. ¿Cuántas veces hemos visto medicamentos absurdamente caros porque los genéricos no pasan las trabas regulatorias? ¿Cuántas clínicas han cerrado porque no cumplen con requisitos técnicos diseñados para hospitales de tercer nivel, pero que se exigen igual en zonas rurales?

El amiguismo no solo se manifiesta en el diseño de políticas, sino en la ejecución del gasto público. Basta observar el manejo de los subsidios. Programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción o los subsidios a las tarifas de servicios públicos no siempre llegan a quienes más los necesitan. En muchos casos, los recursos son capturados por alcaldes, concejales, operadores y contratistas que los utilizan como herramientas de clientelismo. La Contraloría General ha denunciado múltiples veces cómo los recursos destinados a combatir la pobreza terminan siendo desviados o usados para asegurar votos en elecciones. ¿A quién benefician entonces estos programas? ¿A la población vulnerable o a la clase política que vive de su administración?

Y no se trata solo de corrupción administrativa. El problema es estructural. Es la lógica del intervencionismo la que abre la puerta al favoritismo. Cuando el Estado tiene poder para distribuir beneficios, los grupos con más acceso, información y recursos se organizan para capturar esas rentas. Esto no es una falla ocasional del sistema, es su funcionamiento normal. Como advirtió el economista public choice James Buchanan, los políticos no son ángeles ni filósofos reyes: son actores racionales que responden a incentivos, y esos incentivos los empujan a intercambiar favores por apoyo político. Cada regulación, cada subsidio, cada privilegio legal tiene detrás un beneficiario concreto que lo pidió, lo diseñó y lo presionó.

Lo más grave es que, para justificar este sistema, se recurre a una retórica moralizante. Se dice que se protege al débil, al pequeño, al olvidado. Pero en realidad se favorece al bien conectado, al que sabe tocar las puertas del poder. Y mientras los privilegiados se enriquecen, se profundiza la desigualdad, se desincentiva el esfuerzo individual, se castiga la productividad y se limita la competencia. La economía no crece, o crece mal, y el malestar social se disfraza de lucha ideológica. Los ciudadanos, confundidos por narrativas que apelan a la justicia social, terminan apoyando medidas que en realidad los perjudican.

En este contexto, la historia oficial que se enseña en las universidades y que se repite en los medios es profundamente funcional al sistema. Nos dicen que los gobiernos han intervenido para salvar a los pobres, para desarrollar la industria, para modernizar el país. Rara vez se habla de los ganadores ocultos, de los intereses detrás de cada decreto, de los pactos no escritos entre gremios y ministros. Se enseña una versión romántica del Estado, y se censura —por ignorancia o por cálculo— la historia del favoritismo, del amiguismo, del poder utilizado para enriquecer a unos pocos con el dinero de todos.

Pero hay otra forma de ver la política, una que no necesita discursos grandilocuentes ni promesas redentoras. Es la que reconoce que los verdaderos avances sociales y económicos no nacen del escritorio de un burócrata, sino de la libertad de las personas para emprender, crear, competir y elegir. Es la que defiende la igualdad ante la ley, no la igualdad de resultados. Es la que exige un Estado que se limite a proteger derechos y no a distribuir favores.

En Colombia, esta visión aún parece radical, casi herética. Pero tal vez ha llegado el momento de preguntarnos: ¿cuántas de nuestras crisis —la pobreza persistente, la informalidad laboral, el estancamiento económico, la corrupción endémica— no son consecuencia de la intervención estatal que se disfraza de justicia? ¿Y si en lugar de más Estado, lo que necesitamos es menos privilegios, menos regulación, menos amiguismo?

La solución no está en reformar el intervencionismo, sino en desmontarlo. En dejar de ver al Estado como el gran redistribuidor de riqueza, y empezar a verlo como el árbitro imparcial que nunca debió haber dejado de ser. Porque cuando el poder se convierte en botín, la política deja de ser un servicio y se convierte en negocio. Y cuando la política es un negocio, el pueblo siempre pierde.