Cuando salvar vidas se vuelve un trámite: la trampa mortal de la salud gratuita en Colombia

En Colombia, hablar de salud se ha convertido en un acto casi ritual, una letanía repetida por funcionarios, políticos y opinadores que claman por su gratuidad como si esa palabra tuviera el poder de conjurar la enfermedad y restaurar la dignidad humana. Pero detrás de esa promesa grandilocuente se esconde una estructura oxidada, ineficiente y profundamente deshumanizada que, en nombre del acceso universal, posterga la atención, aplaza lo urgente, regula lo imposible y termina dejando morir al paciente en la antesala de la autorización. La burocracia sanitaria no es solo un problema de gestión: es una amenaza directa a la vida.

Cualquiera que haya tenido que atravesar el infierno del sistema de salud subsidiado en Colombia conoce la desesperación de enfrentarse a la inercia de las EPS, al desdén administrativo de hospitales públicos que no pueden atender sin una orden previa, a las llamadas eternas que conducen a call centers tercerizados en los que nadie asume responsabilidad, y a la danza kafkiana de las citas asignadas para dentro de dos o tres meses, incluso cuando se trata de síntomas graves o enfermedades progresivas. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y junio de 2023 se reportaron más de 150 mil quejas de usuarios del sistema de salud, muchas de ellas relacionadas con demoras en servicios vitales, negativas de atención o trámites excesivos para procedimientos básicos. Y eso es apenas una muestra formal: el número real de víctimas del sistema es incuantificable porque buena parte de quienes padecen el viacrucis burocrático ni siquiera tienen fuerzas para denunciar.

La raíz del problema no es nueva, pero se ha agudizado con el tiempo. Cuando el Estado monopoliza el acceso a un servicio esencial, la competencia desaparece y el incentivo a mejorar se disuelve. La atención médica se convierte en un bien escaso, regulado por algoritmos financieros y reglas impersonales que priorizan la supervivencia de la entidad prestadora sobre la del paciente. No importa cuánto se gaste: lo esencial es quién decide, bajo qué criterios y con qué incentivos. El problema no es que la salud sea un derecho —eso nadie lo discute—, sino que se ha confundido el derecho con la estatización, y la necesidad con el asistencialismo. El sistema promete a todos lo que no puede cumplir a nadie con dignidad.

Una sociedad que convierte la atención médica en una carrera de papeleos está condenada a cronificar la enfermedad. El discurso de la gratuidad es, en realidad, un velo ideológico que oculta el fracaso estructural. El Estado dice: “tienes derecho a la salud”; pero cuando necesitas atención inmediata, lo que recibes es una cita telefónica para dentro de tres semanas o una remisión al especialista en una ciudad lejana. Mientras tanto, el dolor avanza, la enfermedad se agrava, y la vida se va diluyendo entre pasillos, reclamos, radicados y esperas sin fin. El acceso real queda reservado a quienes tienen los medios para pagar, ya sea en clínicas privadas o a través de seguros de salud prepagada. Lo que no se quiere admitir es que, en Colombia, la salud “gratuita” no es más que salud inaccesible para los más pobres.

En este panorama asfixiante, la salud prepagada se presenta como un oasis para quienes pueden costearla. En contraste con el sistema subsidiado, el servicio es ágil, las citas se consiguen rápidamente, la atención es personalizada, y las decisiones médicas responden a criterios clínicos, no a decisiones de contadores o burócratas. Lo irónico es que, si este modelo pudiera ampliarse, si existieran condiciones para que más colombianos accedieran a él, no solo mejoraría la atención individual, sino que los precios podrían bajar por efecto de escala y competencia. Pero el relato dominante se niega a aceptar que pagar por salud —o por una mejor salud— no es un crimen, sino un acto de responsabilidad. En lugar de ver en la competencia una herramienta de mejora, se le acusa de “mercantilizar la vida”. Como si la vida no estuviera ya mercantilizada en las EPS que calculan los costos antes que el bienestar.

El problema no es únicamente económico; es también ético. ¿Qué significa un sistema que promete equidad, pero genera sufrimiento? ¿Qué clase de sociedad construimos cuando preferimos la uniformidad empobrecedora al pluralismo eficiente? ¿Por qué nos parece escandaloso que una clínica privada busque rentabilidad, pero no nos escandaliza que un hospital público deje morir a una persona por falta de una autorización administrativa? La salud no es solo un derecho: es una necesidad inmediata, inaplazable, concreta. Y cuando se trata de necesidades concretas, el modelo más efectivo siempre será el que responda con oportunidad y calidad, no el que prometa gratuidad abstracta.

La idea de que el mercado no tiene lugar en el sector salud es uno de los mitos más peligrosos del pensamiento político contemporáneo. Los países con mejor calidad de vida, como Suiza, Países Bajos o Alemania, combinan seguros obligatorios con competencia entre prestadores y libertad de elección para el paciente. El resultado: servicios de calidad, acceso eficiente, innovación médica constante. En cambio, los sistemas completamente estatizados —como el británico NHS— se enfrentan a crisis de sostenibilidad, listas de espera eternas y colapso organizacional, a pesar de estar entre los mejor financiados del mundo.

En Colombia, el intento de imponer un modelo exclusivamente público fracasó hace décadas, y las reformas recientes han demostrado que no es más Estado lo que se necesita, sino mejor sistema. El debate no debe centrarse en quién financia, sino en cómo se gestiona, con qué incentivos, y para quién se diseña el sistema. El paciente no puede seguir siendo una cifra más en un reporte de cumplimiento; debe volver a ser el centro de la atención médica. Y eso solo es posible si hay libertad para elegir, competencia entre prestadores y un entorno regulado que premie la excelencia en lugar de castigarla.

No es inmoral que existan clínicas que cobren por salvar vidas; lo inmoral es que el sistema público se excuse en la gratuidad para dejar morir en el olvido. No es éticamente superior el sistema que trata a todos igual si ese trato es indigno, tardío y burocrático. Lo justo no es que todos esperen por igual: lo justo es que todos puedan acceder con oportunidad, según sus necesidades y capacidades. Y para lograrlo, debemos dejar atrás el fetiche de la gratuidad total y avanzar hacia un modelo donde el paciente tenga poder, donde el médico tenga autonomía, y donde la salud no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible.

Colombia necesita un sistema que respete el tiempo, la urgencia y la dignidad de las personas. No necesitamos más discursos sobre derechos, sino más resultados sobre vidas salvadas. No necesitamos más regulación para frenar lo que funciona, sino más libertad para innovar, competir y sanar. Porque cuando salvar una vida se convierte en un trámite, ya no estamos hablando de salud pública: estamos hablando de abandono institucional.

Y el abandono, ese sí, nunca será gratuito.