Cuando la ilusión energética se convierte en apagón

Cuando las luces se apagan sin previo aviso, la oscuridad no solo revela la fragilidad técnica de un sistema, sino la quiebra simbólica de una ideología. Así ocurrió en España a finales de abril, cuando un colapso en la red eléctrica dejó a miles sin energía y, con ello, desnudó uno de los dogmas más repetidos de nuestro tiempo: que las energías renovables son infalibles, limpias, baratas y capaces de sostener por sí solas las necesidades de una sociedad moderna. Fue un golpe no solo al suministro energético, sino al relato mismo de la “transición verde”, una narrativa que ha colonizado mentes y políticas públicas durante más de tres décadas y que hoy empieza a mostrar grietas insalvables. No se trata de negarse a nuevas tecnologías ni de aferrarse al pasado fósil, sino de advertir el peligro de sustituir una religión por otra, de reemplazar preguntas difíciles con eslóganes vacíos, de cambiar la complejidad energética por la obediencia ideológica.

En Colombia, donde la precariedad estructural se entremezcla con ambiciones discursivas de sostenibilidad, esta lección adquiere una urgencia dolorosa. El sistema eléctrico colombiano depende aún de una matriz hidroeléctrica vulnerable al cambio climático real —no al imaginado por cálculos alarmistas, sino al verificado en la creciente variabilidad de lluvias—. La sequía asociada al fenómeno de El Niño, por ejemplo, ha puesto al borde del racionamiento a ciudades enteras. Al mismo tiempo, el discurso gubernamental coquetea con la idea de cerrar la puerta al desarrollo de exploraciones de gas natural y petróleo, que hoy siguen siendo responsables de una buena parte de los ingresos fiscales del país, mientras se proyecta un futuro completamente dependiente de fuentes solares y eólicas. Pero la energía solar no brilla de noche, y el viento no sopla a pedido. La infraestructura de respaldo es costosa, inestable o, peor aún, inexistente.

Los defensores de la transición verde suelen citar cifras optimistas: crecimiento exponencial de paneles solares instalados, reducción de precios por kilovatio-hora o proyecciones de descarbonización. Lo que omiten es la carga oculta de esta promesa. En países con redes frágiles, burocracia ineficiente y alta corrupción, la implementación de estas tecnologías ha generado más proyectos fallidos que soluciones reales. Basta mirar las constantes demoras en el desarrollo de La Guajira como epicentro de energía eólica. Los parques se anuncian, se licitan, se aplauden, pero no se conectan. La transmisión no existe o está bloqueada por consultas previas mal manejadas, conflictos sociales o intereses cruzados. Mientras tanto, el país sigue dependiendo de las térmicas y reza para que llueva.

Más allá del plano técnico, la cuestión energética está profundamente entrelazada con la estabilidad económica. La narrativa de la descarbonización total ha comenzado a afectar las decisiones de inversión, la confianza de los mercados y la capacidad fiscal del Estado. La exploración y exportación de hidrocarburos no solo generan energía; financian la salud, la educación y la infraestructura en Colombia. Según datos del Ministerio de Hacienda, en los últimos años, cerca del 30% del presupuesto de inversión nacional ha provenido de los ingresos petroleros. Renunciar a este flujo en nombre de una utopía ecológica, sin haber construido previamente una economía capaz de sostenerse con nuevas fuentes, es un acto de irresponsabilidad que bordea lo criminal. No es progresismo; es autoflagelación disfrazada de virtud.

A nivel mundial, el espejismo se desmorona también. Los gráficos del consumo de energía primaria siguen mostrando la contundencia de la realidad: en 1990, el 86% del consumo global era fósil; en 2022, tras tres décadas de cumbres climáticas, protocolos internacionales y compromisos grandilocuentes, sigue siendo del 82%. La curva apenas se mueve. La solar y la eólica han crecido, sí, pero lo han hecho como complemento, no como reemplazo. La demanda energética global sigue creciendo, especialmente en países del Sur Global que necesitan electricidad para industrializarse, cocinar, moverse, producir. Creer que estos países pueden prosperar con la misma energía que alimenta una cafetera o carga un celular es un insulto a la inteligencia.

Incluso los países ricos están pagando el precio de su arrogancia energética. Alemania, tras cerrar sus plantas nucleares y apostar masivamente por lo “verde”, ha visto dispararse sus tarifas eléctricas, aumentar la dependencia de carbón (sí, carbón) e importar gas desde otras latitudes a precios exorbitantes. California, ícono del progresismo energético, sufre apagones programados y precios que castigan a los más pobres. ¿Queremos replicar eso en Colombia? ¿Queremos importar las fallas de sistemas sobrecargados y subestimados?

Y es que la transición verde, tal como se ha formulado hasta ahora, no es realmente una transición. Es un salto al vacío. Una transición verdadera es gradual, adaptativa, realista y, sobre todo, económicamente viable. Lo demás es propaganda. La exaltación acrítica de lo renovable ha creado una especie de religión posmoderna, donde disentir es anatema, cuestionar es herejía y proponer soluciones híbridas —como mantener el gas natural mientras se desarrolla almacenamiento eficiente— es visto como traición. Así no se construye un futuro sostenible, sino una crisis anunciada.

Colombia no necesita más dogmas, sino pragmatismo. La sostenibilidad no es sinónimo de panel solar en cada tejado, sino de garantizar que la energía sea suficiente, estable, accesible y económicamente viable. La verdadera justicia climática empieza por asegurar que cada familia tenga electricidad en su casa, que cada empresa pueda operar sin sobresaltos, que el país no colapse porque se acabó el agua o se prohibió explorar gas. El ambientalismo de salón ha confundido el fin con los medios y ha convertido una causa legítima en una trinchera ideológica.

En algún futuro, cuando los historiadores repasen este período, tal vez vean a la transición verde no como una revolución energética, sino como un experimento sociopolítico fallido. Una época en la que se prefirió la estética de lo ecológico al sentido común, la señalización de virtud al análisis técnico, la obediencia política al pensamiento crítico. Y quizás entonces, con la perspectiva de los hechos consumados, se pregunten cómo fue posible que, sabiendo lo que sabíamos, apagáramos las luces voluntariamente.

¿Estamos dispuestos a repetir ese error aquí? ¿O tendremos el coraje de replantear nuestras prioridades antes de que nos sorprenda la oscuridad?