Cuando la Generosidad Estatal Apaga la Llama del Progreso

En medio de un amanecer que pinta de promesas la cordillera andina, la voz ciudadana se debate entre el agradecimiento por las transferencias condicionadas y la inquietud por un espíritu colectivo que parece adormecerse. En Colombia, la tasa de pobreza multidimensional –esa que mide más allá de los ingresos y evalúa la educación, la salud y el acceso a servicios esenciales– cayó de 12,1 % en 2023 a 11,5 % en 2024, una leve mejoría que, sin embargo, no resuelve por sí sola el enigma de la dependencia institucional.

Sea al calor de una mesa de comedor en Soacha o en la penumbra de un barrio popular en Medellín, Familias en Acción ha construido en más de dos décadas no solo un puente de apoyo económico, sino redes que operan como canales de poder. Lo que empezó como un subsidio para la educación y la salud de los niños terminó tejiendo una compleja red de clientelismo político, donde el capital simbólico desplazó a la cooperación voluntaria y las juntas de acción comunal se convirtieron en peones de un tablero electoral.

La paradoja es que, mientras celebramos la expansión de la cobertura de salud subsidiada –más del 50 % de los colombianos viven bajo un régimen que el Estado financia total o parcialmente– muchos de esos beneficiarios perciben a la institución no como un aliado para su empoderamiento, sino como el gran proveedor omnipresente que define su suerte. Cuando acuden a una cita médica, no piensan en los avances de la medicina ni en su responsabilidad por cuidarse; piensan en el Estado que garantizará su atención.

Este fenómeno tiene un correlato en la esfera política: la gran mayoría de los mayores de 18 años considera vital la democracia, y se sintió seguro al votar en 2022. No obstante, menos de la mitad cree que el sistema político defiende a las minorías y confía en los partidos para generar cambios reales. Esto describe una ciudadanía infantilizada: cumple el deber de sufragar, pero delega en la burocracia estatal la misión de transformar su entorno.

La consecuencia cultural de este contrato social subvencionado es una erosión de la responsabilidad individual. Cuando un hogar en Barranquilla recibe transferencias, se recompensa el cumplimiento de conductas sanitarias o escolares, pero se castiga moralmente el emprendimiento autónomo. El niño que vende dulces en la esquina para ayudar en casa es visto con recelo, pues resulta “improductivo” frente a la lógica de la asistencia condicionada. Así, la sociedad baja el listón de la autogestión y refuerza la creencia de que “la Providencia” solo puede nacer en la administración pública.

Si observamos el tejido comunitario en municipios como Soatá o San Juan de Pasto, veremos comités que antes organizaban festivales folclóricos ahora dedicándose a gestionar cupos en la lista electoral del concejo. La solidaridad espontánea –esa chispa creativa que impulsa emprendimientos de economía naranja o cooperativas campesinas– cede terreno a la “gestión política” para acceder a recursos estatales. La ruralidad, un espacio históricamente autosuficiente, queda así atrapada entre la lógica corporativa del Estado y la pasividad inducida a través de subsidios.

Esta dinámica, lejos de fortalecer la cohesión social, fomenta un resentimiento silencioso entre contribuyentes y beneficiarios. Alrededor de un café en Bogotá, el profesional independiente que carga la nómina de impuestos observa con escepticismo al vecino que, sin producir, recibe apoyos periódicos. Según cifras oficiales, el 33 % de la población vivía en pobreza monetaria en 2023 y el 11,4 % en pobreza extrema; tras un año de gobierno que proclamó la equidad como meta, esas cifras apenas se movieron. La frustración crece, no solo por la falta de progreso material, sino por la percepción de un Estado que recompensa más la inacción que el talento.

El retardo en la innovación institucional es otra plaga cultural. Mientras el sector privado adopta tecnologías financieras de última generación, las plataformas estatales para inscripciones, subsidios y trámites siguen colapsando bajo la rigidez burocrática. La generación joven, habituada a la inmediatez digital, desvía su creatividad a emprendimientos informales o al éxodo hacia economías más dinámicas, ya sea en Medellín o en el extranjero.

Sin embargo, es en la conciencia colectiva donde el golpe es más sordo pero profundo: el relato nacional deja de girar en torno al “hacedor” para centrarse en el “recibidor”. La categoría heroica del emprendedor se diluye frente a la nueva figura central del “beneficiado social”, y con ello renacen estigmas de pasividad que subyugan la cultura popular.

Para recomponer este tejido, el país debe redescubrir la subsidiariedad auténtica: el Estado como facilitador de proyectos comunitarios, no como su gestor exclusivo. La narrativa debe volver a ensalzar la responsabilidad personal, el emprendimiento social y la cooperación no mediada por concesiones políticas. Solo así la llama original de la iniciativa ciudadana –esa que iluminó la gesta libertadora y el espíritu de innovación en las ciudades intermedias– podrá reavivarse y guiar a Colombia hacia un mañana verdaderamente próspero.