Capitalismo de cómplices: el espejismo de la empresa privada en tiempos de poder estatal ilimitado

Vivimos tiempos extraños. En el discurso oficial, se defiende la “empresa privada” como motor del desarrollo, como columna vertebral de la economía. Pero en la práctica, asistimos a una época en la que las verdaderas empresas privadas, aquellas que dependen exclusivamente del consumidor y de su eficiencia para sobrevivir, están siendo desplazadas, asfixiadas o instrumentalizadas por un sistema donde el Estado y sus élites burocráticas juegan a ser los dueños del mercado. Lo llaman economía mixta. Lo celebran como regulación con rostro humano. Pero en realidad, es una alianza perversa entre poder político y actores económicos privilegiados que destruye la competencia, pervierte los incentivos y convierte al empresario independiente en un ser en vía de extinción.

En Colombia, este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente. Mientras a pequeños y medianos empresarios se les exige cumplir con un mar de regulaciones, pagar impuestos imposibles y adaptarse a condiciones cada vez más hostiles —tanto legales como sociales—, un reducido grupo de empresas opera bajo el amparo de contratos públicos, alianzas con el poder y privilegios normativos que les garantizan una posición asegurada en el mercado. Las EPS, por ejemplo, han sido por décadas el blanco de críticas por su deficiente servicio, pero pocas veces se habla del sistema que las protege y sostiene, alimentado por recursos públicos y diseñado por tecnócratas que no responden ante el ciudadano, sino ante el aparato burocrático que los sostiene. ¿Son estas verdaderas empresas privadas o simples tentáculos del Estado? ¿Son emprendedoras en competencia o monopolios autorizados?

Mientras tanto, el pequeño comerciante que vende arepas en el barrio, la emprendedora que abre un negocio de confección, el agricultor que quiere sacar su cosecha sin depender de intermediarios o el joven que lanza una app sin padrinos políticos, enfrentan la selva del papeleo, la presión tributaria, la inseguridad jurídica y, en muchos casos, la amenaza latente de ser regulados hasta la ruina. Estas no son empresas amigas del Estado: son víctimas de un sistema que declara apoyar la empresa privada mientras construye un modelo extractivo que favorece solo a quien sabe jugar el juego del poder.

Un ejemplo más cotidiano: las concesiones viales. Empresas que operan bajo contratos que les garantizan rentabilidad por décadas, independientemente de su eficiencia, con cláusulas que les aseguran ingresos incluso cuando no hay tráfico, y que trasladan todo riesgo al usuario, mientras el Estado actúa como garante de ganancias, pero no como defensor del interés ciudadano. ¿Es eso libre empresa? No. Es capitalismo de compinches. Es un modelo de privilegio, no de competencia. Es la destrucción silenciosa de la lógica del mercado bajo el disfraz de desarrollo público-privado.

Este fenómeno también tiene un rostro digital. Las plataformas tecnológicas que hoy concentran la opinión, la publicidad y el entretenimiento se han convertido, en muchos casos, en instrumentos ideológicos del poder. Ya no actúan como empresas neutrales que ofrecen servicios a consumidores libres, sino como guardianes de una moral oficial, alineados con agendas políticas globales y nacionales. La censura algorítmica, la desmonetización de voces disidentes, la priorización de contenidos acordes con una línea narrativa dominante, son síntomas de que incluso en el mundo digital, la empresa privada está siendo colonizada por el espíritu autoritario del Estado moderno. Una vez más: no es libertad, es alianza.

Y lo más alarmante es que este modelo tiene su justificación en discursos que apelan al bienestar, la redistribución y la equidad. Se dice que el Estado interviene para proteger a los más vulnerables, pero lo que vemos es que el resultado final es siempre el mismo: protección para los poderosos con conexiones y obstáculos para los que de verdad quieren competir en libertad. En nombre de la justicia, se fabrican nuevos monopolios. En nombre de los pobres, se enriquecen los amigos del régimen. En nombre del mercado, se destruye la competencia.

Esto no es exclusivo de un solo gobierno. Es una tendencia que se ha profundizado con los años, tanto bajo administraciones supuestamente liberales como bajo gobiernos que se autodenominan progresistas. El modelo es el mismo: el Estado como árbitro que también juega y reparte favores, y los empresarios como actores que deben decidir si se convierten en socios del poder o si resisten como víctimas del sistema. Es una lógica que desincentiva la creatividad, la innovación y el esfuerzo individual, y que premia la cercanía política, la obediencia regulatoria y la capacidad de hacer lobby.

Incluso en sectores tan sensibles como la educación, la salud y la energía, vemos este patrón repetirse. Los colegios privados que no siguen los lineamientos ideológicos del gobierno enfrentan trabas, amenazas o exclusión de programas. Las clínicas que no están dentro del engranaje estatal luchan por mantenerse a flote. Y en el sector energético, las decisiones del poder sobre tarifas, subsidios y reglas de operación crean un entorno donde solo los gigantes alineados con el gobierno pueden sobrevivir, mientras los pequeños proveedores y usuarios quedan atrapados en una maraña de precios artificiales y controles impredecibles.

Así, se va erosionando la frontera entre lo público y lo privado. La empresa ya no es libre, sino dependiente. Ya no arriesga, sino que calcula su cercanía al poder. Ya no innova, sino que se adapta al marco regulatorio para no morir. El resultado es una economía de carteles protegidos, de contratos opacos, de informalidad creciente y de frustración empresarial. Es el triunfo del privilegio sobre el mérito, del acceso sobre la creatividad, del “socio” sobre el emprendedor.

En un país como Colombia, donde más del 90% del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas, esta situación es una amenaza existencial. No solo por las injusticias que genera, sino porque destruye la posibilidad misma de construir una economía basada en la libertad, el mérito y la responsabilidad. Cada vez que el Estado premia a una empresa por su cercanía política, está castigando a miles que quisieran ganarse la vida en libertad. Cada vez que un burócrata decide quién entra y quién sale del mercado, estamos perdiendo una oportunidad de construir un país más productivo, más competitivo y más justo.

La solución no es destruir al Estado, pero sí es urgente separarlo del mercado. No necesitamos un Estado empresario, ni un Estado socio, ni un Estado árbitro corrupto. Necesitamos un Estado limitado que respete la libertad económica, que garantice las reglas del juego y que castigue el privilegio en lugar de institucionalizarlo. Necesitamos devolverle al concepto de empresa privada su sentido más profundo: iniciativa libre, propiedad legítima, riesgo propio y competencia abierta.

Porque cuando la empresa privada se convierte en extensión del Estado, ya no estamos hablando de libertad económica. Estamos hablando de clientelismo empresarial. Estamos hablando de servidumbre disfrazada de modernidad. Y lo que está en juego no es solo la economía: es la libertad misma.

¿Y tú? ¿Trabajas para el cliente o para el burócrata? Esa es la verdadera línea divisoria en nuestro tiempo.