La trampa del progreso: cómo las medidas de Petro están asfixiando el emprendimiento y el empleo en Colombia

En el convulso panorama económico colombiano, las pequeñas y medianas empresas han sido siempre el corazón palpitante de la nación, responsables de gran parte del empleo y la vitalidad del tejido comercial. Sin embargo, en los últimos tiempos, la implementación de las políticas económicas del gobierno Petro ha encendido una discusión acalorada en los círculos empresariales, donde se percibe que la mayoría de estas medidas, lejos de generar un entorno propicio para el crecimiento, han impuesto una presión insostenible sobre empresarios, emprendedores y trabajadores.

La lucha contra la inflación y la búsqueda de equidad social han llevado al Ejecutivo a desplegar reformas profundas, que incluyen cambios en la salud y en la legislación laboral. Estas reformas, promovidas como instrumentos de transformación y justicia, en la práctica han desdibujado la línea entre el bienestar social y la estabilidad económica. Los empresarios, que ya enfrentan un entorno de costos en constante alza y un mercado cada vez más volátil, se ven ahora obligados a navegar en aguas aún más turbulentas. La reforma a la salud, por ejemplo, ha incrementado la carga administrativa y los costos para las empresas, quienes deben asumir nuevos gastos y adaptarse a regulaciones que, en lugar de impulsar la eficiencia, generan incertidumbre.

La reforma laboral, por otro lado, ha sido objeto de críticas intensas, pues se percibe que sus disposiciones no incentivan la creación de empleo, sino que, al imponer mayores cargas a los empleadores, limitan la capacidad de contratación. En un contexto donde la generación de nuevos puestos de trabajo es vital para contrarrestar los efectos de la informalidad y el desempleo, estas medidas terminan por reprimir la iniciativa privada y, en última instancia, perjudican al trabajador, que se enfrenta a la precariedad de un mercado laboral cada vez más restrictivo.

Estos cambios no ocurren en un vacío. La economía global y las transformaciones tecnológicas han exigido una rápida adaptación de las empresas, lo que ya ha forzado a los emprendedores a reinventar sus modelos de negocio, combinando la innovación digital con estrategias tradicionales para sobrevivir. No obstante, la doble presión de un entorno de costos inflacionarios y de políticas que incrementan la incertidumbre, ha llevado a que muchas de estas empresas se encuentren al borde de la inviabilidad. Casos cotidianos, como el de restaurantes que deben transformar su oferta de servicio en un abrir y cerrar de ojos para ajustarse a nuevos modelos de atención, o de pequeños comercios que, para mantenerse competitivos, deben asumir recargos que finalmente se trasladan al consumidor, evidencian una realidad amarga: la capacidad de adaptación se ve mermada por normativas que, en teoría, buscan la equidad pero que en la práctica estrangulan la vitalidad empresarial.

El debate se intensifica al considerar que las mismas reformas, argumentadas como mecanismos para alcanzar un mayor bienestar social, terminan debilitando el motor de la economía. La paradoja es inquietante: mientras se pretende proteger al trabajador y garantizar un acceso más equitativo a servicios básicos, la rigidez de estas medidas ha provocado un estancamiento en la creación de empleo y ha aumentado la presión sobre los emprendedores, quienes son, al fin y al cabo, los generadores de las oportunidades laborales. Expertos señalan que la carga impositiva y regulatoria derivada de estas políticas podría reducir la competitividad del país en un mercado global cada vez más exigente, creando un círculo vicioso en el que la disminución de la actividad empresarial conduce a menos innovación, menos inversión y, finalmente, a una menor generación de riqueza para todos.

En el fragor de este debate, resulta fundamental cuestionar si las políticas que se implementan realmente responden a la complejidad del tejido económico colombiano o si, por el contrario, están diseñadas bajo una lógica teórica que desconoce las realidades prácticas de quienes día a día hacen posible el funcionamiento de la economía. La transformación digital, la innovación y la capacidad de adaptación se han erigido en los pilares necesarios para enfrentar los retos actuales, pero su potencial se ve truncado cuando el entorno regulatorio y fiscal impone barreras insalvables.

El país se encuentra, por tanto, en una encrucijada. La lucha por una mayor equidad social y la búsqueda de un crecimiento sostenible no deben convertirse en sinónimos de restricciones que ahoguen el espíritu emprendedor. Es imperativo que se repiense la dirección de las reformas, buscando un equilibrio que permita a las empresas prosperar sin sacrificar la justicia social. Solo así se podrá construir un futuro en el que el progreso no sea una trampa para el desarrollo, sino una oportunidad real para que empresarios, emprendedores y trabajadores coexistan en un sistema económico robusto, dinámico y verdaderamente inclusivo.