La inflación como arquitecta del hombre dependiente: la colonización silenciosa del alma colombiana

En el centro de toda crisis económica persiste un fenómeno tan cotidiano como incomprendido: la inflación. No es simplemente el alza generalizada de precios, ni solo una consecuencia de malas decisiones técnicas. Es una fuerza política, una herramienta ideológica, una forma de poder disfrazada de necesidad técnica. Es, en palabras más crudas, el proceso silencioso mediante el cual el Estado expande su dominio sobre el individuo sin necesidad de usar la violencia directa. En Colombia, como en otras naciones del mundo contemporáneo, esta fuerza ha dejado de ser una anomalía ocasional para convertirse en una constante estructural. Pero lo que más debería alarmarnos no es su efecto económico inmediato, sino su capacidad para rediseñar los vínculos humanos, desarraigar comunidades y transformar al ciudadano en un simple engranaje de una máquina burocrática.

Piense por un momento en el emprendedor barranquillero, el tendero bogotano o el agricultor en Boyacá. Todos ellos han sentido el impacto del alza de precios que devora márgenes, que impide planificar, que borra los ahorros de toda una vida. Pero detrás del caos de cifras y de la subida del dólar hay algo más profundo: cada vez que el peso pierde valor, el individuo pierde agencia. El ahorro, que alguna vez fue vehículo de libertad y prosperidad futura, se convierte en un acto irracional. La única opción viable, para muchos, es buscar un ingreso estable que compense la pérdida constante del poder adquisitivo. Así, poco a poco, los más pequeños son absorbidos por los más grandes. Las empresas familiares mueren, los comerciantes cierran, los agricultores venden sus tierras, y la alternativa dominante es trabajar para una gran corporación, una ONG internacional o, irónicamente, para el propio Estado. Esta es la inflación como centralización: la fragmentación de lo local en favor de lo impersonal.

En Colombia, este proceso es evidente en la forma en que se ha debilitado la propiedad privada a nivel microeconómico. Según el DANE, más del 60% de los hogares rurales no tienen títulos formales sobre la tierra que habitan. Este fenómeno, que debería ser abordado como una tragedia institucional, se vuelve estructural cuando se combina con una inflación persistente. El pequeño propietario que no puede defender su patrimonio frente al aumento del costo de vida, o frente al alza del impuesto predial, no tiene más opción que ceder su tierra, hipotecarla o abandonarla. Así, lo que debería ser un activo que le dé libertad, se transforma en una carga. El Estado, que debería proteger al pequeño, lo empuja hacia la dependencia. No hay misterio: a mayor inflación, mayor dependencia. Y a mayor dependencia, mayor control burocrático.

Este control no se limita al ámbito económico. Se expande hacia lo social, lo educativo, lo comunitario. El Estado de bienestar colombiano, financiado en gran parte con deuda externa y déficit fiscal, intenta compensar los estragos de su propia política inflacionaria con subsidios que no son sostenibles. Familias enteras dependen de transferencias como el Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción o Familias en Acción, no porque estén empoderadas, sino porque el sistema económico las ha empujado a ese punto de vulnerabilidad. Estos programas no son instrumentos de emancipación, sino formas de clientelismo moderno. La asistencia reemplaza al empleo, el bono reemplaza al emprendimiento, y el ciudadano deja de ser autónomo para convertirse en súbdito. El homo economicus, reducido a consumidor de subsidios.

Pero hay algo más profundo aún: la destrucción progresiva de los vínculos humanos más elementales. La inflación, al imponer una lógica de supervivencia constante, erosiona la posibilidad de construir comunidad. ¿Cómo construir redes de confianza, ahorro colectivo, proyectos cooperativos, si el valor del dinero se desvanece cada año? ¿Cómo formar una familia si el salario real apenas alcanza para sobrevivir? No es coincidencia que en Colombia el matrimonio haya caído a mínimos históricos mientras la informalidad laboral y la inflación se mantienen en niveles preocupantes. El hombre atomizado, sin propiedad, sin raíces, sin comunidad, sin familia, es el ciudadano ideal para el Estado gerencial. Se le puede moldear, reeducar, financiar, recompensar o castigar a voluntad.

Lo más perverso de este modelo es que se presenta como democrático, moderno y progresista. La centralización del poder económico, la expansión de la deuda pública, la dependencia del ciudadano del Estado, todo se disfraza de justicia social. Pero en la práctica lo que ocurre es una transferencia de poder desde la periferia hacia el centro, desde el individuo hacia el burócrata, desde lo local hacia lo internacional. En Colombia, donde las políticas públicas están cada vez más influenciadas por agencias multilaterales, fundaciones extranjeras y agendas globales, el ciudadano común ha perdido incluso la posibilidad de incidir sobre su destino. La inflación, en este contexto, es el combustible que permite financiar ese aparato. Sin ella, no habría déficit fiscal constante, ni deuda creciente, ni expansión infinita del gasto. Sin inflación, el Leviatán se detendría.

Y entonces llega la paradoja final: el libre mercado, esa red descentralizada de decisiones individuales que permitía prosperidad real, es culpado por los efectos del inflacionismo estatal. Se dice que el capitalismo es consumista, egoísta, destructivo, cuando en realidad el consumismo que observamos no es una expresión natural del mercado libre, sino el resultado de una economía planificada a través del dinero artificial. El crédito barato alimentado por el Banco de la República no crea innovación, crea burbujas. El gasto público que promete equidad, crea dependencia. El empleo público que ofrece seguridad, genera estancamiento. El ciudadano no vota con su dinero, como en el mercado libre, sino con su obediencia a la política pública.

No es casualidad que el siglo XX haya sido el siglo de la banca central, de la guerra total, del Estado total. Y no es casualidad que Colombia, en pleno siglo XXI, camine hacia una expansión de ese mismo modelo bajo nuevas narrativas. Mientras se critica a los "neoliberales", se exalta al Estado salvador. Mientras se persigue al comerciante informal, se premia al burócrata leal. Mientras se destruye la moneda, se construye la servidumbre moderna.

El camino de regreso no es fácil. Exige recuperar el valor del dinero, pero también el valor de la propiedad, de la familia, de la comunidad, del trabajo libre. Exige decir lo impopular: que el progreso no viene de más gasto público, sino de más libertad económica. Que la inflación no es un mal necesario, sino una forma de control. Que el hombre no debe ser un consumidor subsidiado, sino un creador libre.

Quizás sea tiempo de que Colombia despierte de esta hipnosis inflacionaria. Porque mientras el peso se devalúa, también se devalúa el alma de una nación. Y si no recuperamos la soberanía sobre nuestro trabajo, nuestra propiedad y nuestras comunidades, habremos perdido no solo el control de nuestra economía, sino también el sentido mismo de la libertad.