La ilusión del dinero fácil y la fragilidad de nuestra libertad
Vivimos tiempos de gran confusión económica, donde la escasez se disfraza de abundancia y la responsabilidad se tilda de insensibilidad. En Colombia, como en muchas otras latitudes del mundo, se ha ido instalando una peligrosa fantasía: que el Estado lo puede todo, que los recursos brotan inagotables del poder político, y que imprimir dinero o aumentar el gasto sin medida es una solución viable para los problemas estructurales de nuestra sociedad. Esta ilusión, tan seductora como destructiva, encierra una amenaza silenciosa contra el tejido mismo de nuestra economía: la confianza en la moneda.
El valor del papel moneda, contrario a lo que muchos piensan, no reside en su soporte físico ni en la autoridad del banco central que lo emite. Su verdadero valor radica en la fe colectiva de que ese billete podrá ser intercambiado mañana por bienes y servicios de valor real. Esta fe, sin embargo, no es incondicional. Se construye con disciplina, reglas claras, respeto por el ahorro y, sobre todo, responsabilidad fiscal. Cuando el Estado ignora estos principios y opta por el cortoplacismo de financiar su gasto con emisión monetaria o endeudamiento excesivo, pone en riesgo esa fe. Y cuando la fe en la moneda se erosiona, el dinero se convierte en papel sin respaldo, y el ahorro, en cenizas.
Colombia no es ajena a esta amenaza. Aunque aún no hemos llegado al colapso hiperinflacionario de otras economías latinoamericanas, los síntomas están ahí: una creciente deuda pública que supera el 60% del PIB, un déficit fiscal estructural que se disfraza con ingresos extraordinarios, y una tentación constante por parte del poder político de ampliar el gasto social sin sustento real. La idea de que el Estado debe “garantizarlo todo” se ha convertido en un mantra popular, pero rara vez se menciona el precio que esto conlleva. Porque cada peso que el Estado gasta sin respaldo productivo es un peso que erosiona el valor del dinero de todos.
En este escenario, los bonos con cupón fijo, considerados tradicionalmente como instrumentos seguros, se convierten en una trampa para los pequeños ahorradores. El ciudadano que deposita su confianza en estos instrumentos se ve castigado por una inflación que supera los intereses devengados. De hecho, basta con mirar la inflación acumulada entre 2021 y 2023, que ha sido la más alta en dos décadas, superando el 13% anual en algunos meses, para entender cómo los ahorros en instrumentos de renta fija han perdido valor real. El Estado se financia, pero el ciudadano paga en silencio.
Este deterioro de la moneda y del ahorro no es solo un fenómeno técnico: tiene profundas implicaciones sociales. Cuando la gente pierde la confianza en el dinero, busca refugios desesperados: bienes raíces, divisas extranjeras, oro, criptomonedas, cualquier cosa que no dependa del arbitrio de un gobierno. Y con ello se pierde una función esencial del dinero: su capacidad de coordinar el intercambio voluntario y planificar el futuro. Una sociedad sin ahorro es una sociedad sin inversión. Y sin inversión no hay crecimiento, no hay innovación, no hay empleo sostenible. Solo hay dependencia, clientelismo y pobreza crónica.
Aquí es donde entra en juego el sistema económico que, con todos sus defectos y abusos, ha demostrado ser capaz de generar riqueza: el capitalismo. No el capitalismo de amigos que reparte privilegios entre cercanos al poder, sino el capitalismo genuino, aquel donde los individuos pueden intercambiar libremente, donde los precios transmiten información sobre la escasez, donde el ahorro financia proyectos productivos y donde el éxito económico depende del mérito, no del favor político. Ese capitalismo ha sacado a más de mil millones de personas de la pobreza extrema en las últimas tres décadas, como muestra el informe del Banco Mundial de 2020, y ha permitido que en países como Corea del Sur o Estonia, antes empobrecidos, hoy se respire prosperidad.
Pero el capitalismo no puede funcionar sin una moneda sana. No puede florecer donde el Estado distorsiona los precios, manipula las tasas de interés, o castiga el ahorro para financiar gasto populista. El capitalismo necesita reglas claras, instituciones estables, y sobre todo, un respeto inquebrantable por el valor del dinero. En Colombia, ese respeto se está debilitando. La presión política por más subsidios, más gasto, más intervención, sin una reforma estructural del aparato estatal ni una mejora en la eficiencia del gasto público, es insostenible. Y cuando el Estado gasta más de lo que tiene, la cuenta siempre llega: inflación, devaluación, fuga de capitales, desempleo.
Lo más peligroso de esta deriva no es solo económica, sino moral. Porque cuando la gente se acostumbra a vivir del Estado, pierde la iniciativa, la responsabilidad y la dignidad que provienen de construir su propio camino. En muchas regiones del país, ya no se enseña a los jóvenes a emprender, sino a tramitar subsidios. No se les habla de crear valor, sino de acceder a programas. El mensaje implícito es claro: no confíes en tu capacidad, confía en el Estado. Pero esa confianza es frágil y engañosa. El Estado no tiene recursos propios; solo puede repartir lo que quita a otros o lo que aún no existe.
Frente a esta realidad, urge recuperar el valor del ahorro, no solo como herramienta financiera, sino como virtud ciudadana. Enseñar desde la infancia que ahorrar no es postergar placeres, sino construir libertad. Que el ahorro, bien canalizado, se convierte en inversión, y que la inversión es la semilla del progreso. Pero también hay que exigir al Estado que respete ese ahorro, que no lo diluya con inflación ni lo castigue con impuestos confiscatorios. Un país que destruye a sus ahorradores está sembrando su propia ruina.
Colombia tiene hoy la oportunidad de elegir entre dos caminos. Uno, el del populismo fiscal, que ofrece promesas grandilocuentes financiadas con inflación, deuda y deterioro institucional. El otro, el de la prudencia económica, que reconoce los límites del poder político, respeta la libertad individual y promueve un desarrollo basado en la responsabilidad y el mérito. El primero es fácil y seductor, pero conduce al empobrecimiento. El segundo es más difícil, pero es el único que garantiza un progreso sostenible.
No se trata de escoger entre capitalismo y justicia social, como suelen plantearlo quienes quieren imponer una falsa dicotomía. Se trata de entender que solo con una economía libre, donde el ahorro se premie y la moneda se respete, se puede construir una sociedad realmente justa, donde cada quien tenga las herramientas para prosperar sin depender de dádivas ni de privilegios. Porque la verdadera justicia social no nace del asistencialismo, sino de la libertad. Y la libertad, como el dinero, se evapora cuando se la usa con insensatez.

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